Se airó como pocas veces antes Néstor Kirchner anoche en Río Gallegos cuando llamó «fascistas» a quienes agreden al que piensa diferente, en este caso definición que cae sobre sus opositores. Fue la reacción desde la tribuna a una pesadilla que lo acompaña como perro fiel: la violencia en su provincia natal, en donde gobernó 12 años con un sistema que ahora se vuelve contra él. Se escuchó en el acto de lanzamiento del candidato oficial a la gobernación (el actual mandatario interino, Daniel Peralta) en una ciudad que había mandado a adornar como si fuera Navidad, con flores en los árboles y alardes de jardinería.
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El nuevo conflicto estalló por la mañana, cuando gendarmes que vigilan Santa Cruz para la seguridad personal de funcionarios y del propio Presidente produjeron otra víctima en un enfrentamiento de barras adictas que iban al acto de la noche en Río Gallegos y petroleros que quisieron atajarlos cortando una ruta.
Esa gendarmería que conduce Aníbal Fernández disparó balas de goma a los antikirchneristas, hirió a una periodista del lugar y encendió de nuevo la mecha en una provincia que se ha llevado dos gobernadores en poco más de un año y que no tiene paz desde los incidentes de 2006 que le costaron la vida a un policía en Las Heras.
¿Debía desafiar el Presidente en persona a los exaltados que el propio gobierno avala cuando hacen desmanes? En la memoria del público está fresca la imagen de un Daniel Varizat atropellando a manifestantes con una camioneta cuando quería él también llegar a un acto con Cristina de Kirchner hace casi un mes. ¿A qué ir a exaltar más los ánimos cuando el propio Kirchner no ha podido visitar su casa particular durante casi seis meses porque le ocupaban hasta el jardín los manifestantes?
Ayer sus funcionarios estaban enfrentados sobre quién había dado la orden de reprimir a los antikirchneristas; una jueza local decía que no. Por eso dispuso la baja el ministro del Interior del gendarme que disparó sobre la periodista sin pedir explicaciones sobre qué había ocurrido.
Si no fue la jueza federal ¿acaso algún fiscal de ese nivel recibió órdenes de hacerlo desde su jefe, Esteban Righi, en Buenos Aires? Es lo que se presume por el énfasis de la negativa de la magistrada. Más aún, se discutía si la potestad de controlar el orden en provincias la tienen que retener autoridades federales como jueza, fiscal o fuerzas de seguridad con mandos cercanos a la Presidencia. ¿Ocurre sólo eso en Santa Cruz porque es la provincia del Presidente?
No quiso quizá Kirchner -al consentir órdenes violentasde desalojo-correr la suerte de un Jorge Sobisch, quien fue escarnecido desde la propia Casa de Gobierno por la muerte de un docente que protestaba en Neuquén. El gobernador y candidato enfrentó la responsabilidad en actitud que los funcionarios kirchneristas no han hecho por aquellos hechos de Las Heras, salvo el renunciante Sergio Acevedo.
Cuando más, anoche el Presidente vociferó que el PJ de Santa Cruz está 15 puntos arriba de sus adversarios en las encuestas de intención de voto. Pareció faltar en Kirchner un registro más ajustado de la realidad.
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