Cristina avaló decreto a favor de partidos chicos

El Senado rechazó ayer un pedido de interpelación al ministro del Interior, Aníbal Fernández, para que explique el decreto que habilitó a los partidos políticos que iniciaron el trámite para su reconocimiento legal a participar de las elecciones a pesar de no tener el aval judicial definitivo.

El rechazó quedó en manos del oficialismo que, liderado por Miguel Angel Pichetto y Cristina Fernández de Kirchner, negó la posibilidad de sentar al funcionario en el recinto y dejó de lado la pretensión indagatoria de peronistas díscolos y los radicales, que apoyaron.

El debate fue iniciado por el riojano Jorge Yoma (PJ) -opositor al gobernador de La Rioja, Angel Maza-, que solicitó la interpelación para la próxima semana y acusó al funcionario de respaldar un decreto que «modifica las reglas de juego establecidas». Dijo que «Fernández no vino a informar sobre esta medida a la Comisión de Asuntos Constitucionales, que modifica las reglas constitucionales en curso y da un carácter poco transparente para beneficiar al oficialismo de la provincia de La Rioja», disparó Yoma. Agregó que « lejos de presentarse ante la comisión (Aníbal Fernández), se dedicó a insultar por los medios de comunicación a todos los que habían criticado el tema».

• Molestia

Al pedido de Yoma se sumaron los radicales, y fue el jujeño Gerardo Morales quien mostró el grado de la molestia que causaron las palabras de Fernández, al subrayar con ironía: «Ya que habla tanto, que dice tantas cosas, que venga y hable en este recinto».

También respaldaron el pedido de interpelación el socialista Rubén Giustiniani y el peronista Eduardo Menem, quien afirmó que «el decreto tiene nombre y apellido, y es para el partido que gobierna La Rioja». Y agregó: «Hay una decisión del gobierno nacional de modificar las reglas. Por eso este decreto no es inocente. No están diciendo la verdad, porque 546 son los partidos que habrán pedido autorización desde hace 10 años», agregó Menem.

La defensa del ministro fue encarnada por la senadora y primera dama, Cristina Fernández, quien buscó, primero, dejar de lado la discusión sobre la constitucionalidad de la norma y afirmó: «La inconstitucionalidad de un decreto corresponde a la Justicia». Dijo que «si forman parte de un partido al que no le conviene que otra fuerza política le dispute votos, digámoslo así, pero no cuestionemos la constitucionalidad», afirmó enfática la senadora.

• Generosidad

Luego, buscó desarmar el discurso opositor mediante una apelación a la democratización de la disputa política y sostuvo con desconocida generosidad: «Somos representantes políticos, militantes políticos, y no podemos recurrir a este tipo de praxis política de tratar de eliminar al otro, que tanto daño ha hecho a la política».

Por su parte, el radical mendocino Ernesto Sanz advirtió con sorna que el decreto «se hizo para resolver una cuestión electoral del PJ de La Rioja, que ya no es un partido, sino tres». Agregó que «después, esos senadores electos se van a disciplinar al partido de gobierno», y advirtió que eso «va a romper el espíritu de la reforma constitucional de 1994 para colocar tres representantes del PJ riojano en el Senado».

El cierre del debate quedó en manos de Pichetto, jefe del bloque del PJ, quien se expresó en el mismo sentido que la senadora Kirchner y subrayó que la decisión sobre la constitucionalidad deberá ser tomada por la Justicia. Pichetto minimizó la dureza a la que apeló el Fernández bonaerense para defender el polémico decreto, al sostener que su énfasis es parte «de la pelea política» y, con cierta ironía, concluyó: «Nosotros no nos ponemos colorados por sus palabras».