Cristina criticada por la izquierda

Hebe de Bonafini

Los proyectos de ley presentados públicamente la semana pasada por Cristina de Kirchner ante el Congreso para reformar el Código Procesal Penal y acelerar los juicios contra los militares generaron un notorio descontento en distintas organizaciones de derechos humanos, que entendieron que lo hecho por la Presidente es aún insuficiente.

El miércoles pasado, la esposa de Néstor Kirchner había dado a conocer cinco proyectos de ley enviados al Parlamento, rodeada de sus seguidoras Hebe de Bonafini y Estela de Carlotto, entre otras.

De todas formas, y a pesar del rimbombante anuncio en Casa de Gobierno de la semana pasada, como en cada ocasión que se habla de política de derechos humanos en el kirchnerismo, distintos miembros de organizaciones defensoras de derechos humanos ya han salido al cruce.

«No hacen falta nuevas herramientas para acelerar los juicios. Es una cuestión de decisión y de que los tribunales encargados de llevar a cabo las investigaciones tengan una mayor exigencia, cosa que parece que desde el gobierno no quieren entender y siguen presentando proyectos», sostuvo ante este diario el abogado referente de la Agrupación Justicia Ya, Luis Bonomi, quien además es querellante en la megacausa ESMA.

En torno a la proposición cristinista de recompensar a aquellos militares que tenganinformación sobre el terrorismo de Estado de esa época, la abogada de la Liga por los Derechos del Hombre, Guadalupe Godoy, critica la falta de ética en esa medida.

«Es inadmisible ética y moralmente pagarle a alguien que participó de esos hechos para que brinde datos sobre los delitos de lesa humanidad», analizó

Godoy, quien forma parte de la organización presidida por Graciela Rosemblung.

Otra de las críticas hacia los proyectos presentados por la Presidente fue que en ningún punto tocó la situación de aquellos testigos que deben seguir declarando una y otra vez en procesos por los cuales ya lo hicieron 20 años atrás.

«Nosotros ya hicimos demasiadas presentaciones con respecto a ese tema y ahora que ella genera una propuesta de esta magnitud, ni lo tiene en cuenta», expresó Godoy bastante ofuscada.

En tanto, el letrado Rodolfo Yanzón, presidente de la Liga Argentina por los Derechos Humanos, aseguró que «hay una contradicción en el propio gobierno nacional porque al mismo tiempo que pide acelerar los tiempos a los jueces para condenar a los represores, se demoran en el nombramientode magistrados».

Los puntos principales de lo presentado por la Presidente subrayan, entre otras cosas, la necesidad de apoyar el pago de recompensas a militares que tuvieran información acerca del terrorismode Estado durante la década del 70, así como también la creación de una nueva Cámara de Casación Penal, que absorba, además, las causas que tienen su seguimiento en la jurisprudencia porteña.

Si las medidas son finalmente sancionadas en las cámaras alta y baja, el Consejo de la Magistratura deberá elegir los miembros de la nueva Casación en un plazo no mayor que 120 días.

Con esto, el gobierno busca descomprimir, además, la cantidad de procesos que están a la espera de ser resueltos especialmente en el polémico Tribunal Oral Federal 5 (tiene a su cargo la megacausa ESMA y la del Primer Cuerpo del Ejército).

En ese sentido, la propuesta pretendeademás repartir aún más el trabajo de cada uno de los tribunales.

Los proyectos abarcan también reformas de cuestiones procesales y un sistema de subrogancias para evitar que se paralicen los procesos en los tribunales del interior.

El gobierno nacional ha sido, sobre todo desde principios de 2007, muy crítico con la ya existente Cámara de Casación.

En abril del año pasado, Kirchner había tenido un fuerte cruce con el entonces miembro de ese organismo Alfredo Bisordi, a quien acusó en ese momento de querer obstruir el esclarecimiento de ciertas causas por violaciones a los derechos humanos.