La audiencia en la que se tratará la última recusación presentada contra la jueza federal María Eugenia Capuchetti en la causa por el atentado de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner "se llevará a cabo de manera presencial", informaron fuentes judiciales que descartaron que se vayan a transmitir imágenes en vivo.
La audiencia de recusación de Capuchetti será presencial y no se transmitiría en vivo
El acto podrá ser presenciado por los periodistas, quienes podrán grabar los audios de la exposición de los abogados querellantes y podrán tomar una imagen "oficial" antes del inicio del mismo.
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"En atención a lo solicitado precedentemente por el Dr. (Marcos) Aldazabal y para garantizar la publicidad de la audiencia, hágase saber que el informe oral se llevará a cabo de manera presencial el día 2 del corriente mes a las 12:00 hs, en la sede de este Tribunal", resolvió el camarista federal Leopoldo Bruglia.
La querella encabezada por Aldazabal y José Manuel Ubeira había pedido que la audiencia "se lleve a cabo de manera oral y pública, para que pueda ser transmitida por los medios que V.E. (vuestra excelencia) estime conveniente", aunque el objetivo era que se habilitara la difusión en vivo de la audiencia que se iba a realizar por la plataforma Zoom.
El planteo de la querella ante la Cámara Federal porteña sostenía que "la publicidad de todas las audiencias -pero más aún las que revisten tal trascendencia para la ciudadanía- de acuerdo con la Corte Suprema de Justicia de la Nación conduce a una mejora de la calidad institucional".
Fuentes judiciales consultadas por esta agencia enfatizaron que la audiencia podrá ser presenciada por los periodistas que quieran cubrirla y que podrán grabar los audios de la exposición de los abogados querellantes, a la vez que se podrá tomar una imagen "oficial" ante del inicio de la misma.
Días atrás, Capuchetti rechazó la última recusación presentada por la querella en la que se puso en duda su imparcialidad, luego de que trascendiera que realiza labores académicas rentadas en el Instituto Superior de Seguridad Pública (ISSP) de la ciudad de Buenos Aires.
Esta última recusación había sido presentada por la querella de Fernández de Kirchner el 9 de enero último y allí se le achacó a la magistrada una presunta "dependencia" del Ministerio de Justicia y Seguridad porteño.
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