La expresidente Cristina de Kirchner rechazó la intervención de la empresa "Los Sauces" ordenada por el juez Claudio Bonadío y lo comparó con las prácticas de la última dictadura cívico militar de incautar bienes y propiedades de exfuncionarios peronistas.
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A través de una extensa carta publicada en su cuenta de Facebook, la exmandataria volvió a criticar a Bonadio, tras la decisión de intervenir la compañía, de la que son socios la expresidenta Cristina Kirchner y sus hijos, y de la sucesión finalizada de Néstor Kirchner, en el marco de la investigación por los presuntos delitos de lavado de dinero y enriquecimiento ilícito.
"Para los desmemoriados o desinformados, que dada la realidad política e institucional de nuestro país no parecen ser pocos, resulta necesario refrescar la memoria. El 23 de Junio de 1976 la Junta Militar (Videla, Massera y Agosti) dictó el 'Acta de Responsabilidad Institucional' que la facultaba para juzgar a toda persona que la Junta considerara pertinente. Si, así tal como se lee, se juzgaba o a quien la Junta decidiera, independientemente de sus conductas, de sus derechos y obviamente de la Constitución", recordó, y explicó que para concretar las incautaciones se creó la Comisión Nacional de Responsabilidad Patrimonial (CONAREPA).
En el ámbito de la Conarepa se detuvo y decomisó bienes a más de 80 personas, entre las que figuraban María Estela Martínez de Perón, Lorenzo Miguel, Carlos Menem y Héctor Cámpora, entre otros. "Luego vinieron otras listas con empresarios y periodistas, entre ellos, Jacobo Timerman y la familia Graiver, propietarios en ese entonces de Papel Prensa, que fabricaba y fabrica el papel para diarios", agregó Cristina, quien también se expidió por el ocultamiento mediático del sobreseimiento de los actuales funcionarios macristas de la causa dólar futuro.
"Bonadío hizo trascender en distintos medios oficialistas (Clarín, Infobae, La Nación) que envió la causa de 'dólar futuro' al Fiscal para que el caso sea elevado a juicio oral. Sin embargo, en forma paralela, Bonadío mantuvo en reserva (los medios oficialistas mencionados también), su resolución en la que dictó el sobreseimiento (absolución) de los que se beneficiaron con la operatoria", afirmó. Los beneficiados con el fallo del juez fueron Mario Quintana, Gustavo Lopetegui, Martin Lousteau, Pablo Curat y José María Torello.
Según la exjefa de Estado, con esta resolución Bonadío inscribe un "nuevo capítulo de lo que ya constituye una clara e inocultable maniobra dirigida, desde lo más alto de los Poderes del Estado contra mi persona, la de mi marido fallecido y la de nuestros dos hijos (al mejor estilo de la dictadura)".
"Todo el patrimonio familiar no sólo es legítimo, sino que puede seguirse desde su origen en todas y cada una de las declaraciones juradas que hemos presentado desde el año 1995 en mi carácter de Senadora Nacional y a partir del año 2003 en mi carácter de cónyuge primero, y de Presidenta después", se defendió.
En la misma resolución, el magistrado designó interventores por seis meses para actuar en Los Sauces y en la sucesión, de la que removió al a Máximo Kirchner como administrador. A la vez, nombró interventores informantes en el Grupo Indalo, Indalo Media, Grupo Báez, y Negocios Patagónicos SA, algunas de ellas pertenecientes a los empresarios Lázaro Báez y Cristóbal López.
"La maniobra de persecución en la (que ahora sí, está definitivamente claro), Bonadío es solamente un engranaje, alcanza a cualquier persona física o jurídica que haya tenido cualquier tipo de vinculación con nuestra familia", escribió la expresidente.
"No es casualidad tampoco que se condene anticipadamente a todo aquel vinculado con la persona a perseguir. Durante la dictadura se lo conocía como "Delito de agenda" y era el hecho de merecer condena o algo peor por figurar un nombre en la agenda de alguien que el Estado quisiera encarcelar, despojar de sus bienes o desaparecer su persona", añadió.
En ese marco, aseguró que el nombramiento de interventores en Indalo Media es un ataque a la libertad de expresión. "Tampoco tengo dudas que las medidas dispuestas por Bonadío contra sociedades de medios de comunicación que no tienen ni han tenido nunca ningún tipo de vinculación jurídica con mi persona o con el patrimonio de mi familia, son contra la libertad de expresión en un país donde la situación económica y social está adquiriendo ribetes de catástrofe y en donde nuestro sistema judicial está siendo acusado de violaciones a los derechos humanos por los organismos internacionales de los cuales somos miembros, frente al silencio cómplice (como durante la dictadura) de los medios hegemónicos de comunicación", sostuvo.
"Creía que las Actas de Responsabilidad Institucional y la CONAREPA de la Dictadura cívico-militar eran una triste pieza de museo. Sin embargo, el pasado una vez más nos alcanza. Lo que alguien identifico como categoría política: "La repetición argentina". O como tropezar dos veces con la misma piedra", concluyó.
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