Un reciente fallo internacional contra el Estado argentino reabrió el debate sobre el peso real de los tribunales regionales frente a las decisiones internas del país.
Con sede en San José de Costa Rica, el tribunal regional supervisa el cumplimiento de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
La reciente condena internacional contra la Argentina por la destitución del exjuez de la Corte Suprema Eduardo Moliné O’Connor volvió a poner en el centro de la escena el alcance que tienen los tribunales regionales sobre las decisiones internas de los Estados. El pronunciamiento cuestionó la validez del proceso político llevado adelante hace más de dos décadas y fijó reparaciones económicas e institucionales de cumplimiento obligatorio.
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El caso expone el modo en que los compromisos internacionales asumidos por el país habilitan a organismos externos a analizar si los poderes públicos (incluido el Congreso Nacional) respetaron las garantías básicas del debido proceso y la independencia judicial.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos determinó que el Estado argentino incurrió en responsabilidad internacional durante el juicio político que terminó con la remoción de Moliné O’Connor el 3 de diciembre de 2003, durante la presidencia de Néstor Kirchner. El exmagistrado había llegado al máximo tribunal en 1990, designado por Carlos Menem, y fue separado de su cargo tras ser hallado culpable por el Senado en dos de los nueve cargos vinculados con la causa Meller.
En su resolución, el tribunal regional sostuvo que el Congreso utilizó el contenido jurídico de las sentencias firmadas por el juez como fundamento para destituirlo, lo que constituyó una intromisión indebida en la independencia judicial y en la división de poderes.
Además, señaló que se vulneraron sus garantías judiciales, sus derechos políticos, el plazo razonable (demoró más de 20 años) y el derecho a la seguridad social, ya que en octubre de 2004 se le revocó la pensión vitalicia que tenía asignada desde 1998. Como Moliné O’Connor falleció en 2014, el reclamo fue sostenido por su familia.
La Corte Interamericana es un órgano judicial autónomo con sede en Costa Rica encargado de aplicar e interpretar la Convención Americana sobre Derechos Humanos (conocida como el Pacto de San José de Costa Rica), un tratado que la Argentina incorporó con jerarquía constitucional en 1994. Su función principal es juzgar si un Estado miembro violó derechos fundamentales protegidos por ese acuerdo.
Sin embargo, los ciudadanos no pueden acudir directamente a este tribunal. Para que la Corte intervenga deben cumplirse una serie de pasos previos:
Los fallos de la Corte Interamericana son definitivos, inapelables y de cumplimiento obligatorio para los países que aceptaron su competencia, como ocurre con la Argentina. Cuando el tribunal declara que existió una violación a los derechos humanos, dispone un paquete de medidas reparatorias que el Estado debe ejecutar bajo supervisión internacional.
En el caso concreto de Moliné O’Connor, la sentencia obliga al país a cumplir con tres ejes centrales: