"Cuando se trata de plata, la Corte no respeta la Constitución"
Alejandra Gils Carbó.
Sin embargo, para la procuradora esos cambios deberían aplicarse de forma "simultánea" a jueces, fiscales y defensores, ya que existe una ley que prevé "el reconocimiento de la misma jerarquía y beneficios" a los integrantes del Ministerio Público y del Poder Judicial.
"Hay un impedimento legal, por eso pedimos dialogar. Tiene que cambiar la acordada, que es la única manera que todos paguemos porque tenemos la obligación de respetar la equidad", agregó Gils Carbó.
En una resolución firmada por el área de administración, pero que expresa el pensamiento de los supremos, la Corte respondió que el Ministerio Público Fiscal, encabezado por la Procuradora Alejandra Gils Carbó, y a la Defensoría, que tiene como titular a Stella Maris Martínez, no tienen ningún impedimento para pagar ganancias desde 1996.
En ese año, a través de la acordada 20, la Corte eximió del pago de ganancias a los jueces.
Ahora, aclaró que esa resolución nunca abarcó a los fiscales y defensores oficiales, al considerar que el Ministerio Público Fiscal y la Defensoría son organismos independientes.
La respuesta del máximo Tribunal llegó luego de que el subdirector general del área administrativa de la Procuración, Jorge Daniel Domanico, pidiera una reunión en la Corte para "examinar de manera conjunta" la manera de proceder a la implementación del tributo, dando por hecho que la acordada también comprendía a los fiscales.
"Entendemos que, desde el año 1994, no existe ningún impedimento para que el Ministerio Publico actúe como agente de retención del impuesto a las ganancias, sino que es su obligación hacerlo", arremetió la Corte.
En ese sentido, el Tribunal aclaró que "la ley reglamentaria pone en cabeza del Procurador General de lo Nación y del Defensor General, cada uno en su respectiva área, el gobierno y la administración general y financiero del Ministerio Público".
"Pero la cuestión del pago del impuesto a las ganancias está regulada en el ámbito del Poder Judicial por la referida acordada dictada por esta Corte, que carecía -y carece- de atribuciones para tomar cualquier clase de decisiones sobre la situación salarial o impositiva de los integrantes de otros Poderes, por lo que aquella declaración resulta inaplicable a los Ministerios públicos", acotó la Corte.
Ante el pedido de reunión, el Tribunal señaló que de la evaluación que están realizando entre las entidades de jueces para ver cómo se podría implementar el tributo estuvo excluido el Ministerio Público porque se "entendió que una acordada de la Corte Suprema no puede obligar, de ningún modo, a dichos ministerios" a pagar o no ganancias.
"El que quiera pagar ganancias puede hacerlo, no tiene una prohibición expresa de hacerlo", había expresado una fuente de la Corte días atrás, algo que este martes fue señalado con mayor vehemencia.
"Tampoco es posible que lo derogación de lo acordada 20/96 tenga algún impacto sobre los ministerios públicos", señaló el escrito que fue entregado en la Procuración.
Además, se aclaró que "la Corte Suprema trató este tema durante todo el año 2012, en sus acuerdos de ministros y se efectuaron consultas a los tribunales superiores de provincias que adhirieron expresamente a la acordada 20/96, a numerosos jueces, juezas, funcionarios, asociaciones, y representantes gremiales de los empleados judiciales".
"Estos análisis continúan durante este año, ya que existen diversas circunstancias referidas al impacto económico, social y funcional de esta decisión, que, dada la responsabilidad institucional que tiene este tribunal sigue siendo objeto de deliberación y de intercambio de ideas", añadió el Tribunal.
Tras conocerse la misiva de la Corte, la procuradora general anunció que hoy que el organismo que encabeza dará una "respuesta institucional" al pronunciamiento.
Al respecto, Gils Carbó opinó que "es sorprendente porque lo que nosotros pedíamos era sentarnos en la mesa de discusión que ellos anunciaban que estaban teniendo para que funcionarios paguen ganancias. No es cierto que la Corte no puede tomar decisiones sobre nuestro nivel salarial".
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