Cuestionan auditores uso de fondos para subsidiar gas para más pobres

Política

La Auditoría General de la Nación volvió de vacaciones. Sus primeros informes en 2008 distan mucho de la mirada complaciente que se le criticó en los últimos tiempos. Se conoció una serie de investigaciones que llevó adelante el organismo, donde abundan los cuestionamientos al manejo de fondos, compras, contrataciones o mantenimiento en algunas de las áreas más conflictivas del gobierno. En la lista de informes de la AGN, las denuncias más fuertes cayeron sobre el Enargas -por la falta de precisión y control en sus compras y licitaciones-, la actuación de Trenes de Buenos Aires y la falta de controles por parte del Estado y sobre la residual LAFSA que vive de fondos del Tesoro, sobre la que directamente los auditores se abstuvieron de opinar.

Otro de los casos más graves que se menciona es el del Gas Licuado de Petróleo, es decir, el sistema de distribución del gas en garrafas. Allí se analiza el cumplimiento de la Ley 26.020 de la industria y comercialización de Gas Licuado de Petróleo. Y la crítica de la AGN es directamente política: «La ley creó, además, un Fondo Fiduciario para asegurar a usuarios de bajos recursos el suministro de gas y la expansión del servicio a zonas no cubiertas por redes de gas natural, el que no ha sido implementado a la fecha. Debe considerarse que este hidrocarburo es demandado por los sectores de menores ingresos», dice la Auditoría casi instruyendo a la Casa Rosada sobre cómo actuar en el tema, además de criticar el monto y destino de la Tasa de Fiscalización y Control recaudada para financiarlo. Directamente, se especifica que hoy es utilizada con otros fines.

  • La investigación sobre la actuación del Enargas hasta junio de 2006 se basó en auditar el proceso de compras de bienes y contrataciones de obras y servicios en el organismo. En este caso, la investigación es clave porque toca, sin mencionarlo, algunos puntos que fueron claves en el escándalo desatado por el caso Skanska.

  • Omisión

    Las conclusiones del informe son también graves. En primer lugar, se aclara que el organismo no aplica el « Reglamento de Compras y Contrataciones que se encuentra vigente», sino un régimen general.

    Se explica también que el Enargas «no formula su programación anual de Compras y Contrataciones»: «Como consecuencia de ello el ente recurre -en algunos casos- a contrataciones directas hasta tanto se apruebe la licitación en trámite o bien suspende el trámite licitatorio por no existir disponibilidad de cuota para afrontar el monto por el que se adjudicaría la contratación».

    Pero hay otros párrafos igualmente inquietantes: «Los actos administrativos que disponen la aprobación del procedimiento y adjudican la contratación no indican el monto por el cual ésta se realiza ni la partida presupuestaria a la que se asignará el gasto».

    La AGN también observó decisiones cuestionables que toma el Enargas a la hora de llamar a licitaciones, como no existir constancias sobre la publicidad de la convocatoria y adjudicación para licitaciones de compras o falta de invitaciones a cotizar a otras empresas.

    Otras fallas son más que curiosas, como, por ejemplo, la falta de aclaración en algunas firmas que autorizan compras, por lo que la Auditoría no pudo comprobar fehacientemente quién las autorizó o la emisión de órdenes de compra con fecha previa a haber autorizado la contratación.

  • En el caso de LAFSA, la Auditoría optó directamente por abstenerse de emitir opinión, lo que no significa haber aprobado sus cuentas. El informe debía analizar los estados contables de esa línea aérea que nunca voló hasta 2006 y el manejo de los fondos que provee el Tesoro para el pago de sueldos.

    Si bien los problemas detectados se inscriben en cuestiones técnico-contables, hay un párrafo del informe que resulta curioso: «Se han clasificado los gastos de administración y de comercialización del ejercicio entre aquellos originados como consecuencia del Acuerdo de Cooperación Empresaria y los relacionados con la actividad propia de LAFSA, imputando las transferencias del Tesoro nacional al resultado del ejercicio sin diferenciar lo que hubiese correspondido exponer en el estado de evolución del patrimonio neto... No hemos podido aplicar los procedimientos de auditoría necesarios para satisfacernos de la exposición debido a deficiencias en los procesos de control interno y en las liquidaciones mensuales».

    En resumen, aunque se explica que el directorio de LAFSA tomó ya la decisión de disolver esa empresa creada en épocas de Eduardo Duhalde para absorber el personal despedido de las desaparecidas LAPA y Dinar, al no haberse efectivizado y mantenerse la incertidumbre sobre su futuro y los aportes que deberá seguir haciendo el Tesoro, la AGN prefirió no opinar.

  • Un capítulo aparte es el informe de la Auditoría General sobre el cumplimiento de la Ley Nº 22.431 y el Decreto Nº 914/97 sobre el Sistema de Protección Integral de los Discapacitados en la red que opera Trenes de Buenos Aires. No es novedad la situación de los trenes en todo el país, pero esa investigación termina, en realidad, extendiéndose a una crítica a todo el servicio marcando deficiencias que afectan no sólo a quienes necesitan asistencia especial para acceder a trenes, andenes o cruzar por los pasos a nivel, sino a todo el resto de los usuarios.

  • Impedimentos

    En las conclusiones de ese informe, la AGN considera que «la falta de adaptación, remodelación y mantenimiento de las instalaciones de la concesión privan a aquellas personas con capacidades diferentes del uso de todo el sistema en forma independiente y autónoma».

    Hay algunos casos que citan, como el de algunas estaciones de la línea Sarmiento, donde se encontró que el baño de discapacitados se utiliza como depósito. Pero, además, se incluyó una profusión de fotografías con los coches corriendo con las puertas abiertas y pasaje a pleno o sobre la falta de protección en el tercer riel, que lleva la energía motriz para las locomotoras eléctricas.

    Casi como una protesta, la AGN recalcó que el concesionario ni siquiera se tomó el trabajo de responder a las objeciones por las deficiencias en el servicio que se le plantearon antes de emitir el dictamen final.
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