La promoción industrial y la flexibilización del «corralito» bancario ocuparán un lugar excluyente en la cumbre de gobernadores de San Luis, San Juan, Catamarca y La Rioja, que tendrá lugar el próximo viernes en la capital riojana.
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El encuentro estaba previsto originariamente para hoy. Sin embargo, el dato de que el jefe de Gabinete, Milton Capitanich, faltaría a la cita, obligó a los organizadores a postergar tres días el cónclave.
Allí la puntana Alicia Lemme, el sanjuanino Alfredo Avelín, el catamarqueño Oscar Castillo y el anfitrión, el riojano, reflotarán el bloque regional que, después de un prolongado letargo, recobró vida a principios de este año, cuando el gobierno de Eduardo Duhalde amenazó con borrar del presupuesto nacional los beneficios residuales del régimen de promoción.
Las provincias signatarias del Acta de Reparación Histórica -que dio a luz la promoción industrial, ya en proceso de extinción- se sentarán a discutir una agenda común.
Más allá de que no tienen las mismas urgencias económicas y sociales, buscarán definir herramientas para «defender las economías regionales y el empleo» ante -aseguran- la ausencia de medidas concretas del gobierno nacional para esta parte del país.
Frente al nuevo escenario económico impuesto tras la devaluación del peso, y tal como adelantó Ambito Nacional, las provincias explorarán y determinarán propuestas para readecuar la normativa que rige la promoción, para que los beneficios no se licuen.
Los funcionarios aseguran que, de mantenerse el actual esquema, «se produciría el cierre de varias empresas, porque se verían perjudicadas en la cuantificación de los beneficios a acreditar por parte de la AFIP».
También propiciarán un mecanismo de actualización de los bonos fiscales de que disponen las empresas, ya que a partir de la devaluación se licuaron. Los gobernadores coincidirán, además, en pedir una flexibilización de las modificaciones, reformulaciones y cambios de objeto de proyectos que, por razones de mercado y/o crisis de las empresas, no pueden seguir desarrollando.
«Con este planteo, no estamos buscando un incremento en la cuantificación de los beneficios dados en su momento; no se está propiciando producir un mayor costo fiscal», aclaró el coordinador del Ministerio de Economía de San Luis, Alfredo Pascuet.
Los gobernadores, además, se dispondrán a evaluar la forma para que las empresas tengan disponibilidad de fondos, atrapados en el «corralito», orientados al pago de sueldos y la compra de insumos. Allí, Lemme presentará formalmente el proyecto de ley «anticorralito» que propuso a la Legislatura de su provincia.
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