Los abogados porteños reclamaron ayer al gobierno que instaure un marco legal para la asignación y contratación de la pauta oficial ante el inicio del año electoral.
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Los abogados sostienen que invariablemente desde el año 2003 el Ejecutivo ha incrementado el total del dinero gastado para difundir la actividad gubernamental, superando en cada ejercicio el importe de la respectiva partida presupuestaria asignada; circunstancia que ha motivado incluso el crítico señalamiento del tema de parte de la Organización de Estados Americanos (OEA).
«Además del aumento del gasto público registrado, lo preocupante de esta cuestión que se viene manteniendo en el tiempo radica en que para ello -entre otros mecanismos- se ha hecho reiterado uso de las facultades extraordinarias otorgadas en materia presupuestaria por el Congreso de la Nación al jefe de Gabinete, a lo que debe adicionarse el modo poco transparente con que se ha venido distribuyendo esa inversión publicitaria», sostuvo el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires con las firmas de Enrique del Carril, presidente, y Gillermo Lipera, secretario.
A este respecto enfatizaron que ante la proximidad de las elecciones presidenciales « resulta esencial» aportar el máximo de transparencia y advirtió que el arbitrario empleo de tales recursos públicos «provoca severas y deliberadas distorsiones económicas, que dificultan el ejercicio de su profesión a los periodistas que no cuentan con publicidad oficial y, especialmente en el interior del país, condicionan el pleno ejercicio de la libertad de prensa».
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