El gobernador de la provincia de Córdoba, José Manuel de la Sota, expresó este miércoles su deseo de dialogar con la presidente Cristina de Kirchner para "cobrar lo que nos debe" el Gobierno nacional. "Ojalá que muchas de las cosas que digo públicamente pudiera tener la oportunidad de conversarlas mano a mano con la Presidenta porque la gente hablando se entiende, al menos así me enseñaron desde chico", sostuvo el mandatario provincial.
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En diálogo con radio Cadena 3, de la Sota señaló: "Ojalá en la Argentina hablando podamos entendernos cada días más. No hemos ido a la Justicia para cobrar lo que nos deben porque nos guste, sino que hemos ido porque no nos dejaron otro camino".
Córdoba le reclama a la Nación recursos que corresponden a un convenio de armonización previsional de 2009, por el que la Casa Rosada se comprometió a entregarle a la Provincia 1.652 millones de pesos. Para el Gobierno cordobés, la administración central acumula retrasos por 1.039 millones de pesos. Por eso, hace 15 días, De la Sota presentó una demanda judicial ante la Corte Suprema contra el Gobierno nacional, en procura de cobrar la deuda.
En una carta remitida al jefe de Gabinete provincial, Oscar González, la ANSeS indicó que no transfiere los fondos a Córdoba porque "los haberes básicos medios que paga el sistema provincial, exceden largamente los valores del orden nacional y los de aquellos sistemas que han sido transferidos a la jurisdicción nacional".
En un comunicado de respuesta, el Poder Ejecutivo cordobés consideró que la postura del organismo nacional "pone en evidencia que el Gobierno nacional propicia una fuerte reducción de las jubilaciones en Córdoba, para alinear los haberes de la Caja provincial con los de jurisdicción nacional".
"La realidad confirma estos datos: mientras en Córdoba el haber promedio supera los 7 mil pesos, ANSeS paga jubilaciones promedio apenas por arriba de los 2 mil pesos", añadió el texto oficial.
• Conflictos internos
Córdoba amaneció este miércoles convulsionada por múltiples huelgas simultáneas. Más de una veintena de gremios estatales comenzaron un `abandono de tareas´, para luego movilizarse en la ciudad de Córdoba, en el marco del plan de lucha en rechazo al ajuste a la Caja de Jubilaciones de la provincia que aplica el gobernador para reducir el déficit previsional local. Los empleados públicos de los tres poderes del Estado provincial, del municipio capitalino y de varios del interior, comenzaron con asambleas y concentraciones en las sedes gremiales para luego iniciar la marcha de las distintas columnas que, en horas del mediodía, confluirán en el Centro Cívico, ubicado en el este de la capital cordobesa.
La actividad en el ámbito educativo es prácticamente nula y lo mismo ocurre en la administración pública central y judicial, al igual que en el municipio capitalino y gran parte de los municipios del interior, según los datos aportados desde las distintas entidades sindicales. Los estatales, que realizaron la primera jornada de protesta el viernes de la semana anterior, rechazan el proyecto de ley aprobado el pasado miércoles por la Legislatura provincial, presentado minutos antes y en forma personal por De la Sota y que se sancionó en un trámite en un trámite sumarísimo y sin debate con la mayoría del oficialismo parlamentario.
Pero además, por segundo día consecutivo, más de 200 mil usuarios del transporte urbano de pasajeros de la ciudad de Córdoba carecían del servicio por un paro que lleva adelante el personal de una de las empresas prestatarias, en reclamo de la reincorporación de tres choferes despedidos. La medida afecta a los corredores Celeste y Azul de la empresa Ciudad de Córdoba, cuya paralización es total, mientras que funcionan con normalidad las otras dos prestatarias del sistema, la privada Coniferal y Tamse (Transporte Automotor Municipal Sociedad del Estado).
De esta última empresa dependen, además, el servicio de coches diferenciales y el sistema auxiliar de trolebuses, que también funcionan normalmente. El conflicto se inició en la madrugada del martes cuando los choferes despedidos, junto a familiares y amigos, bloquearon la salida de los colectivos desde la planta que la empresa posee en Camino a San Carlos y Circunvalación, en el sector sudeste de la ciudad. La protesta comenzó sin el aval del gremio de los trabajadores del sector, la Unión Tranviarios Automotor (UTA), pero después se sumaron otros choferes y posteriormente también lo hizo el sindicato. Ante la prolongación del conflicto y el fracaso de las gestiones con participación de distintos estamentos, por la tarde la autoridad laboral dictó la conciliación obligatoria, pero no fue acatada.
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