Debut y desafíos

Hoy a las 10 -desafiantemente en la misma Escuela de Policía Juan Vucetich de la provincia de Buenos Aires, en Parque Pereyra Iraola- el gobernador Felipe Solá pondrá en funciones como ministro de Seguridad a Juan Pablo «Juampi» Cafiero. Lo impone allí para reforzar que los 45.000 hombres de la provincia de Buenos Aires lo respeten más porque un hombre que viene de la izquierda, más precisamente del Frente Grande que configuró el Frepaso, no deja de ser una audacia como resolución.

Mañana mismo el flamante funcionario enfrentará la primera marcha -desde Avellaneda hasta Plaza de Mayo-que el gobierno teme pueda ser violenta. Tanto se teme -y a la designación de Cafiero-que se pone en especial resguardo a las restantes fuerzas de seguridad -Policía Federal, Gendarmería Nacional y Prefectura-para cuidar la Capital y eventualmente la provincia si alguna actuación «reglamentarista» de la Policía Bonaerense pone en peligro la seguridad general. Si no sucede mañana, por tanta prevención, podría ser el 9 y el 15 de julio, las otras programadas, esta última con carpas en Plaza de Mayo.

Este panorama vuelve a crear dudas sobre la designación y la actuación de este Cafiero.

Hay un error de interpretación del gobierno respecto del desafío que debe encarar. La designación de Juan Pablo Cafiero supone una pretensión ingenua, la de hacer política social desde el Ministerio de Seguridad. Se trata de una doble equivocación. En primer lugar, porque si lo que se quiere es encarar el desafío de los piqueteros violentos desde el punto de vista de la atención de la pobreza, Cafiero debería haber sido designado en un área de Acción Social, como sucedió durante el gobierno de Fernando de la Rúa. Ubicarlo en Seguridad es un castigo para todos aquellos que, con independencia del conflicto social, padecen situaciones de inseguridad. Son prácticamente todos los ciudadanos que viven en la provincia. Pero también es condenarlo a él, que seguramente no se siente un hombre «del orden» sino que pretende alcanzar el ideal de la justicia social (reiterando la vocación que en ese sentido manifestaba su madre, Ana Goytía, que ganó fama practicando la caridad cristiana entre los delincuentes, en las cárceles que administraba su marido, Antonio Cafiero, como gobernador). No conseguirá «Juampi» su objetivo igualitario al frente de la Policía, salvo que confunda penosamente las funciones del Estado.

Pero el otro error que manifiesta la designación, avalada ayer por Eduardo Duhalde, de este dirigente es el de suponer que existe un punto en el cual el gobierno podrá acordar con los piqueteros. Esa aspiración puede lograrse con algunos. Es más, se está logrando: sea por moderación o por plata de planes Trabajar o Jefas y Jefes de Hogar, un sector de quienes cortan rutas no siente ninguna contradicción por llegar a un acuerdo con los funcionarios del duhaldismo y aun con el propio Duhalde. Es el caso de Luis D'Elía, que no sólo visita la Casa Rosada para recibir su parte y, si se lo piden, criticar a los opositores circunstanciales del oficialismo (como sucedió con Carlos Reutemann).

Pero la ingenuidad es pensar que todos son D'Elía. En la Argentina actual apareció un fenómeno distinto y es la presencia de legiones de jóvenes marginales cuya frustración y pobreza es instrumentada por militantes de extrema izquierda, ideologizados. Es un viejo sueño del marxismo local que sólo prendió, en el pasado, en jóvenes de clase media e inclusive alta pero no en la marginalidad, en la pobreza extrema. Esta crisis económica sin precedentes les abrió esa posibilidad impensada durante la fantasía de la convertibilidad. Y no la desaprovecharán gratuitamente.

Para los ideólogos de este tipo de piquetero no hay acuerdo posible: como les enseñó Carlos Marx, piensan que «la esencia de la historia es lucha». La presencia de Cafiero (a quien ven como un peronista burgués de San Isidro) en Seguridad será entendida como un desafío que los obligará seguramente a demostrar que su espíritu revolucionario no tiene precio.

Este fenómeno, que el gobierno parece no llegar a comprender, comenzó a ser percibido claramente por los profesionales de la Seguridad. Los jefes de las tres fuerzas nacionales estuvieron reunidos el domingo hasta la una de la mañana. Analizaron la posibilidad de que haya un rebrote de violencia en el Conurbano y que ese rebrote encuentre a la Policía Bonaerense trabajando «a reglamento», ofendida con las autoridades. En tal caso, temen esos jefes, el problema será mayor, como explica el jefe de la Gendarmería habitualmente: «De nada sirve enviar 1.000 gendarmes a La Matanza porque se pierden si no reciben el apoyo de las comisarías». Es lo que podría pasar en adelante.