La ministra de Defensa, Nilda Garré, pedirá a la Justicia que los militares imputados en causas penales cumplan las detenciones preventivas que les sean impuestas en cárceles comunes, informaron voceros de esa repartición.
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Garré dictó un resolución por la que ordena a la Dirección General de Asuntos Jurídicos de Defensa para que se realicen las presentaciones necesarias a tal fin.
El objetivo será "promover la reconsideración de las resoluciones conforme a las cuales se haya dispuesto, en las causas que intervienen, que las personas que han pertenecido o aún pertenezcan a las Fuerzas Armadas cumplan la detención preventiva o la pena privativa de la libertad impuesta, en dependencias militares", aseguró Garré en su resolución.
Según Garré, "no parece razonable admitir que la ejecución de detenciones preventivas y de penas privativas de libertad de los miembros de las Fuerzas Armadas se efectivice en unidades militares cuando lo que está en juego es la comisión -o la posible comisión- de los delitos previstos en el Código Penal y no la comisión de delitos específicos del `estado militar´ previstos en el Código de Justicia Militar".
Luego de recordar el artículo 16 de la constitución Nacional que establece la prohibición de prerrogativas y fueros especiales, la funcionaria señaló que "la efectivización de la privación de la libertad en las condiciones descriptas -o sea, fuera de las cárceles comunes- podrá ser apreciada como la existencia de un régimen privilegiado de ejecución penal".
La titular de Defensa ya tenía prevista la firma de esta resolución desde hace más de un mes, algo que dejaría sin efecto el alojamiento en cuarteles de los militares detenidos por crímenes cometidos durante el último proceso militar.
El Ministerio de Defensa fundamenta el pedido de trasladar a los detenidos en que las Fuerzas Armadas no están preparadas para cumplir con trabajos propios del Servicio Penitenciario y que además carecen de sustento legal para llevar a cabo una tarea propia de la seguridad interior.
Según el seguimiento de las causas que realiza el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), son 207 los militares que actualmente se encuentran detenidos en todo el país, aunque muchos de ellos cumplen arresto domiciliarios.
Miembros de organismos de derechos humanos manifestaron su conformidad con la iniciativa de Garré, ya que es una decisión que estaban "esperando" desde hace tiempo.
Tati Almeyda, integrante de la agrupación Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, aseguró en diálogo con la agencia Noticias Argentinas que está "totalmente de acuerdo" con la resolución porque es "natural que los militares estén en cárceles comunes".
La resolución del Ministerio de Defensa ordena a la Dirección de Asuntos Jurídicos que "por sí o mediante la colaboración de la Procuración del Tesoro de la Nación en el interior del país, si ello fuera necesario, inste las presentaciones que correspondan ante las autoridades jurisdiccionales -jueces- y del Ministerio Público" a tal fin.
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