Defensa vs Seguridad, otra interna libertaria: tironeo por uso de instalaciones para lanzar el Plan Invierno

La cartera de Presti, a través de una serie de notas, negaba la Base Aérea Militar Aeroparque. El ministerio que dirige Monteoliva logró que se revirtiera la decisión.

Presti y Monteoliva, los titulares de las carteras que pujaron por el Plan Invierno.

El acto de presentación del Plan Invierno 2026 en una instalación de la Fuerza Aérea Argentina quedó tres días en suspenso por notas cruzadas entre Defensa y Seguridad. El tiroteo administrativo fue provocado por una nota del brigadier Marcelo Monetto elevada el 17 de junio a las autoridades de Defensa, desaconsejando restringir operaciones en la plataforma de la Base Aérea Militar Aeroparque para el acto de lanzamiento previsto para este viernes.

El Plan Invierno 2026, oficializado por la Resolución 492/2026 publicada el 4 de junio, constituye la principal herramienta del Gobierno para coordinar la respuesta frente a emergencias derivadas de bajas temperaturas y fenómenos climáticos extremos. El documento contempla escenarios de nevadas intensas, temporales con fuertes vientos, lluvias sobre nieve acumulada con riesgo de inundaciones y deslizamientos, además de posibles afectaciones a la infraestructura energética.

Con el objetivo de su presentación, la instalación bajo control de la Fuerza Aérea desde donde parten vuelos militares y de la flota presidencial había sido solicitada el 17 de junio a través de la nota NO-2026-59564476-APN-DNM#MSG del director de Migraciones, Sebastián Seoane, para “la presentación oficial del Plan Invierno 2026 a realizarse el día 26 de este mes y año", y pedía “la restricción de operatorias en el sector designado entre las 08:30 horas y las 11.30 horas”.

Seoane informó además la asistencia de la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, con el secretario de Seguridad, Martín Ferlauto, y los titulares de la Gendarmería Nacional, Comandante General Claudio Brilloni, de la Prefectura Naval Argentina, Prefecto General Guillermo Giménez Pérez, de la Policía Federal Argentina, Comisario General Luis Rollé y de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, Carlos Tonelli Banfi.

El informe militar que encendió la disputa

El brigadier Monetto elevó su asesoramiento al secretario de Estrategia y Asuntos Militares, general de división Jorge Puebla, responsable político final de la contestación a la cartera de Seguridad.

En una oración de cierta ambigüedad, redundante y contradictoria, el brigadier Monetto aconseja a Puebla aprobar la petición, pero concluye desaconsejando la restricción de operaciones aéreas en la plataforma de la base.

“…informo que la Institución no objeta mayores impedimentos a lo solicitado, excepto la penalización del uso de la Plataforma Militar en los horarios indicados”, escribió el subjefe Monetto. Decir que "no hay impedimentos mayores" deja la puerta abierta a que sí hay impedimentos menores no expresados en su asesoramiento, interpretaron distintas fuentes, y termina rechazando el punto central solicitado por Seguridad.

Fuentes del ministerio al tanto del trámite, indicaron que el subsecretario de Planeamiento Estratégico, brigadier (RE) Vicente Autiero, entró también en la línea reforzando las objeciones técnicas y operativas sugeridas por Monetto.

Defensa rechaza el cierre de la Plataforma Militar

Con esos antecedentes, el general Puebla firmó el 19 de junio la nota NO-2026-60831299-APN-SECEYAM#MD comunicando oficialmente a Seguridad que “no es factible la penalización del uso de la Plataforma Militar en los horarios requeridos”, razón por la cual el ministerio de Defensa rechazaba el pedido.

La negativa sorprendió en ámbitos gubernamentales porque se trataba de una actividad oficial impulsada por otra cartera del mismo gobierno y destinada a presentar un programa nacional de gestión de emergencias. Además, no se conocieron objeciones de oficinas con atingencia en el área; entre ellas, la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), Bomberos de la Policía Federal, la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA) y la Policía de Seguridad Aeroportuaria.

Tres días después y luego de una serie de llamadas entre teléfonos rojos de la Casa Rosada, Seguridad y Defensa, se dio luz verde al uso de la plataforma militar y a la restricción de operaciones aéreas durante el lapso que había pedido la cartera que comanda Alejandra Monteoliva para el desarrollo del acto del Plan Invierno 2026.

Así lo ratifica el propio general Puebla en un nuevo texto oficial fechado el 22 de junio: “se deja sin efecto lo expresado en la Nota NO-2026-60831299-APN-SECEYAM#MD, y que, por lo tanto, se accede a lo solicitado”.

La marcha atrás no pasó inadvertida dentro del sector. Para observadores de la administración pública, el episodio refleja algo más profundo que una diferencia técnica sobre la disponibilidad de una plataforma aérea. La rápida reversión de una decisión adoptada apenas tres días antes sugiere que el criterio operativo, quizá erróneo, terminó laudado por una definición política superior.

La secuencia también alimentó interrogantes sobre la coordinación entre dos áreas sensibles del Gobierno. Mientras Seguridad buscaba mostrar capacidad de conducción y despliegue institucional mediante un acto de alto perfil, Defensa por mano de la Fuerza Aérea pareció inicialmente resistirse a ceder una instalación militar estratégica para una actividad concebida y protagonizada por otra cartera.

El trasfondo político adquiere relevancia porque ocurre en un momento donde la Agencia Federal de Emergencias (AFE), creada para centralizar la respuesta estatal frente a desastres y contingencias, comienza a asumir competencias que anteriormente estaban dispersas entre distintos organismos.

Paradójicamente, un programa diseñado para coordinar la acción del Estado frente a las emergencias terminó exhibiendo, antes de su lanzamiento oficial, las dificultades de coordinación entre dos ministerios que integran el mismo gabinete.