Debut restrictivo de nuevos criterios para definir "domiciliarias"

Luego de la Acordada clave firmada por Casación -anticipada por Ámbito Financiero- comenzó el trámite a los pedidos de prisión domiciliaria en el marco de la pandemia por coronavirus. Rechazo a "presos K" y a delitos de lesa humanidad. Jaime inició huelga de hambre. Recomendaciones a TOF.

Ricardo Jaime y Miguel Etchecolatz

A 24 horas de que la Cámara Federal de Casación Penal firmase la acordada en la que definió nuevos criterios para aplicar prisiones domiciliarias ante detenidos que lo solicitan en el marco de la pandemia por el coronavirus, sus alcances comenzaron a plasmarse en resoluciones, muchas de ellas en sentido negativo a las salidas. Es el caso de los delitos de lesa humanidad, donde hubo rechazos por parte de tribunales orales, ya con el “paraguas” de una “recomendación” general que era resistida desde el máximo Tribunal Penal. Eso tuvo correlato en la decisión del exsecretario de Transporte Ricardo Jaime, que inició una huelga de hambre en el penal de Ezeiza donde se encuentra alojado, luego de que le fuera rechazado su pedido de excarcelación y prisión domiciliaria.

Como Ámbito Financiero informó apenas fue suscripta, la nueva Acordada se enmarca en el criterio de “buenas prácticas”, pero deja supeditado a la opinión de los jueces de los tribunales el análisis caso por caso. Es decir, podría haber supuestos que no se cumplan y definir una prisión domiciliaria, o bien se podría incluir en el beneficio a quienes en principio no parecen alanzados. Lesa humanidad, delitos violentos y casos de corrupción, tenidos como “graves” en las convenciones internacionales fueron parte del marco de discusión sobre el que giró el tenso acuerdo virtual de Casación. Apelaron a que se aplique la denominada “Ley de Víctimas”, en todos los casos. En sí, los criterios son disponer prisión domiciliaria como medida alternativa a la reclusión ante ausencia de riesgos procesales para:

Personas en prisión preventiva por delitos de escasa lesividad o no violentos.

Analizar con “extrema prudencia y carácter sumamente restrictivo” la aplicabilidad de la Acordada a los “delitos graves conforme normas constitucionales, convencionales y de derecho interno” (Sin ser mencionados en la acordada, esto implica que quedan por fuera -a ser analizados individualmente si corresponde- delitos contra la vida, la libertad, la integridad sexual y de violencia contra las mujeres, pero también corrupción, por lo que no estarían, en principio, abarcados los denominados “presos K”). Esto quedará a análisis e interpretación caso por caso de los jueces.

Que no representen un riesgo procesal significativo, o cuando la duración de la prisión preventiva haya superado “ostensiblemente” los plazos previstos en la Ley 24.390 (más de dos años, o si es causa compleja, la extensión de uno más. O la eventual prórroga de seis meses adicionales si mediara una condena no firme).

Siempre se dará intervención a la víctima en un plazo de 24 horas.

• Quienes se encuentren en condiciones de acceder a “libertad asistida” (no para delitos violentos).
• Quienes estén condenados por penas menores a los tres años.
• Mayores de 65 años, inmunodeprimidos que no estén en los dictámenes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por el Covid-19, es decir, lesa humanidad.

Como trasfondo, Casación visualizaba un panorama complejo: ante el avance de la pandemia, habría una curva exponencial que podría saturar al sistema de feria respecto de un aluvión de pedidos que se habían disparado tanto de la Defensoría General como de abogados particulares que argumentaban el Coronavirus, los factores de riesgo y las recomendaciones sanitarias por el hacinamiento carcelario como argumentos a atender. Casación iba a verse pronto superado por la cantidad de expedientes y sin poder dar respuesta. El domingo emitió una acordada extraordinaria en la que colocaron a todos los jueces en “turno” remoto. Es decir, ya no habría una sola sala de feria ante la cantidad de pedidos. Ayer mismo, se pusieron en marcha todas las salas en formato “remoto” que analizarán el aluvión de pedidos.

El caso de Jaime no fue el único. Ayer, la Justicia federal de Santa Fe rechazó un pedido de prisión domiciliaria durante la cuarentena por coronavirus del exjefe de la delegación Santa Fe de la Policía Federal Argentina (PFA) Mariano Valdés, quien está procesado y detenido por tráfico de estupefacientes y falso testimonio. En tanto, el fiscal federal Abel Córdoba dictaminó en contra de la posibilidad de concederle a Lázaro Báez el arresto preventivo domiciliario en una causa por lavado de dinero, aunque el empresario santacruceño se encuentra dentro del listado de detenidos que conforman el “grupo de riesgo” en el marco de la emergencia sanitaria por el avance del coronavirus. El mensaje de Casación, uno de los cuales generó que hubiese consenso, dejaba tácitamente afuera a los denominados “presos K” dado que de algún modo excluía posibles delitos contra la administración pública, que en convenciones jurídicas son considerados “graves”.

Casación también rechazó otorgar la prisión domiciliaria al exfuncionario de la Dirección General de Fabricaciones Militares Carlos Franke, condenado a 13 años de prisión por la voladura de la fábrica militar de Río Tercero el 3 de noviembre de 1995. Hubo otras presentaciones que se fueron de Casación rumbo a los tribunales orales federales con la recomendación de que tengan en cuenta el nuevo decálogo de criterios que dispuso el máximo Tribunal penal para analizar el beneficio de domiciliarias mientras dure la pandemia.

Por su parte, el Tribunal Oral Federal N° 1 denegó la prisión domiciliaria al represor Miguel Etchecolatz -condenado a perpetua pero dentro de grupos de riesgo por el Covid-19 y con 90 años-, cuya defensa lo había solicitado. Los jueces consideraron que puede resguardar mejor su salud en el penal.