Demasiadas torpezas

Incurre el gobierno -en rigor, figuras allegadas al corazón de la Casa Rosada- en una sucesión de sospechosas peripecias que, además, tienen infelices justificaciones. Ocurrió con Felisa Miceli (ya ni hablar del pago a los Greco por 200 millones de dólares) con un sobre de dinero en el baño del Ministerio de Economía, agravado por la tenaz persistencia oficial -durante 43 días- para sostenerla en el cargo y, además, hasta el último día señalar que «creían en ella». Lo de la valija en un avión contratado por la estatal ENARSA superó ese episodio, largamente. También la torpeza de sus explicaciones y el capricho por sostener a quien, unas horas más tarde, habrían de remover (Claudio Uberti): desde el gobierno, la noche anterior, se afirmó que el propio Presidente lo avalaría ayer en un acto público por una autopista. Tantos errores hacen que cueste creerle a Néstor Kirchner cuando proclama -casi comparándose con Carlos Menem en tiempos que lo anegaban las denuncias por corrupción- que a su lado no permanecerá nada ilegal.

Dolorosa la incredulidad ciudadana debido al cerrado hermetismo que desde el gobierno se le pretendió otorgar al caso y, también, los movimientos que lo acompañaron. Por ejemplo, la salida presta del personaje sorprendido con los 800 mil dólares (abandonándolos, como si fueran monedas, en la Aduana), justo antes de que se aceptara la irregularidad del caso, y bajo la forma de que sólo había cometido una infracción aduanera. Esa excusa judicial, por lo menos, genera suspicacias y supone una coartada, ya que el cuadro delictivo imaginaba desde contrabando a lavado de dinero. La Justicia, también como en los 90, aparece teñida de sombras. Además, el silencio que desde el principio rodeó al incidente en Aeroparque sólo contribuyó a presumir el posible ocultamiento de pruebas, la limpieza de la escena del crimen.

Si resultó infantil la explicación de la ministra Miceli, más burda parece la teorización inventada para cubrir al renunciado Uberti y al todavía titular de ENARSA, Exequiel Espinosa. Hombres del Derecho, al menos abogados instalados en el gobierno, no pueden invocar «torpezas» a lo que obviamente son delitos. Y tampoco rasgarse las vestiduras de que han sido sorprendidos en su buena fe: es demasiado íntima la relación con los funcionarios venezolanos para alegar inocencia o desaprensión. Es como si el imputado prófugo, Guido Antonini, empresario de fuste, dijera que desconocíala prohibición de ingresar en una valijacasi un millón de dólares en otro país, cuando también violó la ley venezolana que le impedía sacarlos. Casi un ardid de pilluelo de baja estofa, como los otros pretextos.

Por falta de idoneidad y profesionalismo, quizás por cargos morales más graves, el gobierno se ha dinamitado a sí mismo. Sin ayuda de nadie, ya que los políticos opositores se han escondido en el caso Miceli y, sólo ahora, con el postre servido, amenazan aparecer. Vergüenza republicana que no se justifica en el temor a represalias del oficialismo. Ahora, el gobierno debe suponer que la supresión de funcionarios terminará con la sospecha generalizada. Pero, no siempre desaparece la rabia con la muerte del perro. Hubo demasiada impericia en la gestión, y exceso de holgura económica. ¿Cómo puede interpretarse, sin buena voluntad, la contratación de un avión por 80 mil dólares para un viaje de mínima importancia? Y, lo que aún falta develar, si es cierto que esos viajes pagos han sido reiterados. Se advierte el ingreso de una cáfila que se permite cualquier lujo con el dinero de los contribuyentes y la crecida de un río inmoral que memora ciertas prestaciones a la Corona. Lo que no se alcanza a disipar con palabras prometedoras desde un atril de la Casa Rosada.