Demasiado preocupado por echar policías, gobierno no defiende

No hay ideas para enfrentar la inseguridad y el público se alarma. No es justo comparar el inmenso Gran Buenos Aires con la Capital Federal. Debe volver el recompensar por denunciar delincuentes. Hay que intranquilizar a los secuestradores, que hoy actúan fácil.

Se comienza a notar inexperiencia de los santacruceños que gobernaron 200.000 habitantes y han pasado a hacerlo sobre 36 millones. En el tema seguridad es evidente, aunque no el único. Néstor Kirchner tiene el sueño -casi adolescente- de buscar que «todos» lo quieran. Los de derecha, los de izquierda, los de centro y hasta los del costado. A eso llaman «transversalidad», no depender de un sector, de un partido.

Por eso los impresionantes «cacerolazos» y bocinazos del viernes pasado por la inseguridad enardecieron al Presidente, en busca constante de consensos totales. Debió meditar más sobre el grado de concientización de los argentinos contra el azote de los secuestros.

El público se alarma más todavía porque se escuchan insensateces desde el gobierno. Desde ya es previsible la zoncera en ministros como Gustavo Béliz (por caso su última afirmación de «narcodemocracia» en los '90 cuando es el único problema que el país no tiene en grado grave). Pero no en el jefe de Gabinete, Alberto Fernández, quien dijo que «la mayor parte de los secuestros ocurrió en el conurbano». Es obvio, porque en la Capital Federal viven 2.700.000 personas y en el Gran Buenos Aires 8.400.000. Además, la Ciudad de Buenos Aires tiene un lado menos de frontera para huidas, el río, y los otros tres, al cruzar, con el riesgo para el delincuente de enfrentar a la Policía Bonaerense.

• Motivo

Si los que gobiernan no entienden de seguridad, es motivo de desesperanza para los ciudadanos. Por empezar, debe saberse que el ciudadano común -rico o pobre- no prioriza la lucha contra la corrupción por sobre la lucha contra los delincuentes, porque la consecuencia inmediata de tales actos es diferente y porque con absoluta mayoría los argentinos son transgresores de normas. Por cada uno que recibe coima debe haber 20 dispuestos a ofrecerla. Si -como advirtió el diario «La Nación», citando fuentes judiciales- las actuales purgas policiales por corrupción afectan y distraen a los investigadores de delitos como el secuestro el gobierno ganará imagen pero la sociedad perderá. Es hipócrita no decir esta realidad.

Esa gente común tiene la idea de que las coimas policiales son por no hacer actas de infracción o por hacer la vista gorda con la prostitución y el juego clandestino. Será el grueso -y pedir la pizza es así-, pero hay tolerancias graves por coimas, por caso en los desarmaderos de autos, porque la sustracción de vehículos provoca muertes. También es grave extender la vista gorda a la droga.

Pero no olvidemos que, en Occidente al menos, la prioridad del ser humano es la vida, la salud y no la educación o la lucha contra la corrupción. El policía con cargo y actos de corrupción generalmente aporta a la comunidad más seguridad en su zona que el simple comisario, impecable en su moral y ética pero poco eficaz porque no puede «salpicar» al personal subalterno.

Llegamos así al nudo central de la inseguridad, que es la falta de aliciente en los ingresos salariales del policía. Un comisario que tiene más de 50 años de edad y 25 de carrera gana 2.400 pesos mensuales y un policía simple de 600 pesos -ambos con tremendo riesgo, además, de perder la vida en su tarea en cualquier momento- no pueden asegurar la tranquilidad a los vecinos que custodian. No tienen ni la cabeza despejada, por los apremios económicos, para meditar en aceptar o no una coima. El drama que no entienden nuestros políticos es que el riesgo de perder el puesto de policía, por los magros haberes que cobran, no es comparable al beneficio inmediato de participar en repartos.

• Riesgo

Llenar la calle de policías -algunos oficinistas- debe hacerse, pero no es solución de fondo. No olvidemos, además, que la izquierda en la Argentina, desde su minoría, siempre bregó por destruir toda fuerza uniformada, dolida por la derrota de la subversión en los años '70. Es un suicidio ciudadano pero es así.

La izquierda local cree que se asalta o se secuestra a la derecha, a la burguesía. Una vez en la 9 de Julio Jorge Lanata encerró a un motociclista que bajó y le dio una trompada. Se lo tomó como un «atentado político».

El psicólogo de izquierda y activista Enrique Stolla, que mentaliza a los 2 menores únicos que aún mantienen acusado al sacerdote Julio Grassi, sufrió un robo en su oficina. Por eso lo atribuyeron al religioso; a la izquierda los ladrones la respetan por ser denuncia-policías.

Si el ciudadano prioriza -y es lógico- la vida a la educación, no pueden los gobiernos, demagógicamente, poner «incentivos docentes» y no «incentivos policiales». No sólo el sueldo de un policía debe ser incrementado si queremos más seguridad sino que, además, debe tener descuentos comerciales, prerrogativas de vacaciones, asegurado un buen retiro a edad temprana y con un porcentual alto de haber jubilatorio en relación con el policía en actividad. Frente a la tentación de la coima debe tener riesgo de lo que perdería en caso de ser dado de baja.

Confiar en el instinto forjado en el policía para reaccionar ante la delincuencia sin pensar en su magro haber o en perder la vida es una especulación miserable de cualquier político gobernante.

Aparte de no adecuar los presupuestos a la realidad del momento, donde la prioridad argentina es hoy la seguridad, hay otras ignorancias en los elencos gobernantes. Es evidente que en el kirchnerismo faltan ideas.

La violencia en el fútbol es un grave problema, es cierto, pero la solución no está en confiar el tema a un ministro como Gustavo Béliz, que nunca concurrió a estadios y deriva el problema a tremendistas como el juez Mariano Bergés o el ex árbitro Javier Castrilli. La solución de las barras bravas, de acuerdo con ideas modernas, es favorecer la elección democrática en las tribunas populares para tener conductores electos y responsables que no ganen la conducción a fierrazos, bravuconadas o reparto de droga. A los electos se les puede dar entradas a los partidos para repartir, favorecerlos en los traslados, permitirles guardar sus banderas en el club y todo lo demás que constituye la prioridad de las hinchadas.

Lo mejor que decía Raúl Alfonsín es que la democracia educa, sana, alimenta y resguarda la vida. Además de elegir jefaturas responsables en todas las «barras bravas», ¿no se encaminaría mejor el accionar piquetero si democráticamente debieran elegir una conducción y no caer en la interminable -e incontrolable- atomización actual tras múltiples caudillos?

Un gobernante también debería saber que el grado de delincuencia es tal hoy en el país, agravado el panorama por la crisis socioeconómica y el elevado desempleo, que requiere otro tipo de soluciones para sumar a las investigaciones judiciales o policiales.

• Incentivo

Por ejemplo, se impone ya la recompensa a quien denuncie a secuestradores y delincuentes en general. Es cierto que Estados Unidos ofrece 25 millones de dólares por Bin Laden y no logra capturarlo. Pero los argentinos comunes no son fundamentalistas fanatizados y responden al incentivo del dinero. Al delincuente hay que intranquilizarlo, ir a buscarlo a su madriguera, hacerle sentir que si cobró mucho dinero bruscamente está expuesto al riesgo de la delación por alguien que siempre envidiará su botín o se horrorizará por su maldad a cambio de una recompensa. Eduardo Duhalde aplicó esto en el caso Cabezas.

¿Cuántos ciudadanos hoy preocupados dejarían de aportar un dinero extra, al margen de impuestos y contribuciones estatales obligatorias, si es para premiar al que facilite la captura de delincuentes y en especial secuestradores? Por supuesto exigirá controles privados o directamente recaudación y conducción no oficial, porque existe el riesgo que el fiscal o el policía que investiga, si tienen datos ciertos, los filtren vía quienes entregan la recompensa. Pero también podría corresponderles una parte si hay activa gestión privada con el dinero. Una campaña así de fondos tendría prensa que adhiera, sin duda.

Entidades como la Fundación Grupo Sophia, Asociación Conciencia, Grupo Refundar y otros privados similares podrían encarar esta tarea de recolección de fondos y premiar las denuncias que se efectivicen.

Quedarse quietos esperando que la ley de la casualidad no nos haga víctimas de un secuestro, o a un familiar, no es solución en esta encrucijada. Tengamos presente lo expresado: el gobierno se preocupa más de los golpes de efecto político. Además, es un conjunto muy cerrado de funcionarios nacionales hoy con poder de decisión y poca experiencia en manejo de millones de ciudadanos.