La presentación, a la que accedió Ámbito en exclusiva, pide investigar la expansión de la alianza CALF-Huawei sobre infraestructura estratégica, Vaca Muerta y proyectos de datos, además del financiamiento del viaje a China y las comunicaciones de la Embajada de EEUU por las visas. Solicitaron 14 medidas de prueba.
La denuncia reconstruye desde el origen de CALFIBRA y los proyectos de conectividad hasta el conflicto diplomático con Estados Unidos y solicita una batería de medidas documentales, financieras, técnicas y digitales.
Una nueva denuncia penal presentada ante la Justicia Federal busca llevar el escándalo que enfrentó a la cooperativa neuquina CALF con la Embajada de Estados Unidos a un terreno mucho más amplio: el de los contratos, el financiamiento, la infraestructura tecnológica, la seguridad de los datos y las decisiones políticas y empresariales que rodearon la expansión de la relación entre CALF y la tecnológica china Huawei.
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El escrito, al que accedió Ámbito en exclusiva, pide la apertura de una investigación preliminar y pone bajo análisis a autoridades de la cooperativa, ejecutivos de Huawei, funcionarios del Gobierno de Neuquén (hasta al propio gobernador Rolando Figueroa) y de la Municipalidad capitalina. También solicita reconstruir el viaje de directivos de CALF a China, identificar quién lo financió, revisar los contratos y las decisiones del Consejo de Administración y realizar pericias sobre la arquitectura tecnológica de los proyectos.
La denuncia fue presentada por el abogado Sergio Luis Macagno ante el Juzgado Federal N°11, Secretaría N°22. Como este juzgado se encuentra vacante desde el fallecimiento de su titular, Claudio Bonadio, en febrero de 2020, el escrito cayó en manos de Ariel Lijo, quien ahora debe decidir si impulsa o no la pesquisa.
La presentación sostiene que el caso no puede analizarse como un episodio aislado entre una cooperativa y un proveedor tecnológico. El planteo judicial reconstruye una secuencia que comenzó con la participación de CALF en infraestructura pública, continuó con la creación de CALFIBRA y la alianza estratégica con Huawei y avanzó hacia una red de fibra óptica de escala provincial, un Data Center Tier III, inteligencia artificial y servicios vinculados con Vaca Muerta.
La propia denuncia sintetiza esa hipótesis investigativa con una frase especialmente significativa: “esa convergencia supera ampliamente el umbral de una mera sospecha abstracta” y, según sostiene, justifica producir prueba documental, financiera, técnica y digital.
Macagno es abogado, oriundo de Río Gallegos, Santa Cruz, pero se graduó como abogado en la Universidad de Morón en 1991 y posteriormente obtuvo una Maestría en Administración de Negocios (MBA) y una Maestría en Finanzas en la Universidad Torcuato Di Tella. También realizó estudios de doctorado en Relaciones Internacionales en la Universidad Nacional de La Plata.
Asimismo, fue director de Asuntos Legales de la Administración General de Vialidad Provincial de Santa Cruz y fue uno de los aportantes de "información clave" en la Causa Vialidad que terminó con una condena contra Cristina Fernández de Kirchner. Es también secretario de la Comisión Directiva de la Academia de Derecho y Ciencias Sociales de la Provincia de Santa Cruz.
La presentación reconstruye antecedentes que se remontan a 2021, cuando CALF comenzó a ceder infraestructura para la instalación de cámaras de videoseguridad. En 2023, Provincia, Municipio y cooperativa coordinaron la instalación de 1.305 cámaras, mientras que distintos contratos incorporaron tendidos de fibra óptica, postación eléctrica y equipamiento.
En octubre de 2024 apareció el punto de inflexión: CALF anunció la construcción de su red de fibra óptica a través de CALFIBRA y presentó a Huawei como proveedora de los equipos electrónicos. En julio de 2025, la cooperativa informó nuevas reuniones con representantes regionales de la compañía china para consolidar la denominada “alianza estratégica”.
En paralelo, la relación comenzó a adquirir una dimensión mucho mayor. El proyecto pasó a incluir conectividad provincial, almacenamiento y procesamiento de datos, Data Center Tier III, inteligencia artificial, Smart Grid, Internet de las Cosas y servicios tecnológicos destinados a sectores vinculados con la actividad hidrocarburífera.
En marzo de 2026, Sergio Fernández Novoa presentó en el encuentro NPlay Cono Sur un proyecto ejecutivo de aproximadamente 6.600 kilómetros de fibra óptica entre Neuquén y la comarca petrolera, incluyendo Añelo y Rincón de los Sauces, además de unos 3.300 kilómetros de ductos, un Data Center Tier III y desarrollos de inteligencia artificial.
La denuncia pone el foco particularmente en el Data Center proyectado en el Polo Científico Tecnológico de Neuquén y plantea que la Justicia determine quiénes serían sus proveedores, integradores, administradores y responsables de los mecanismos de acceso remoto, respaldo y seguridad.
La preocupación expresada en el escrito está vinculada con la posibilidad de que una infraestructura inicialmente local termine concentrando conectividad, procesamiento y almacenamiento de información relacionada con sectores estratégicos. Sin embargo, en el escrito al que accedió este medio también se menciona la Estación del Espacio Lejano (conocida formalmente como CLTC-CONAE-NEUQUÉN).
La presentación aclara que no afirma un vínculo entre Huawei y la estación CLTC-CONAE-Neuquén ni atribuye a esa instalación una finalidad militar: la menciona sólo como contexto tecnológico provincial y sostiene que cualquier conexión deberá surgir de evidencia objetiva.
"Dentro de la Provincia del Neuquén se encuentra emplazada la Estación CLTC-CONAE-NEUQUÉN, cuya existencia, ubicación y finalidad declarada surgen de información oficial de la Comisión Nacional de Actividades Espaciales. Las fuentes oficiales nacionales consultadas describen al Programa Chino para Exploración de la Luna y al organismo a cargo de la estación como de carácter civil. Por tal razón, la presente denuncia no afirma, sobre la base del relevamiento público efectuado, una vinculación orgánica, contractual o tecnológica entre HUAWEI y CLTC ni atribuye a dicha estación una finalidad militar. Que la referencia precedente se incorpora únicamente como dato del contexto tecnológico existente en la Provincia y para delimitar con precisión el alcance de esta presentación".
En ese sentido, uno de los pasajes más fuertes de la presentación afirma que se investiga “el modo en que una cooperativa de servicios públicos, por su posición territorial e infraestructura preexistente, avanzó junto con un proveedor tecnológico extranjero sobre redes, sistemas, datos y servicios con proyección hacia Vaca Muerta y organismos públicos”.
Otro capítulo central es el viaje realizado por autoridades y funcionarios de CALF a China durante abril de 2026. La delegación permaneció aproximadamente dos semanas y visitó, entre otros lugares, la sede central de Huawei en Shenzhen.
La denuncia identifica entre los participantes a Marcelo Severini, Yenny Fonfach, Florencia Quiroga Panelli, Alejandra Aversano y Sergio Fernández Novoa. CALF informó institucionalmente que la misión había sido financiada por “proveedores internacionales y organismos de cooperación global”.
El escrito pide determinar quiénes fueron concretamente esos aportantes, qué gastos afrontaron, qué documentación existe, cómo fueron contabilizados y qué decisiones internas autorizaron la misión. También busca establecer si alguno de quienes financiaron el viaje tenía intereses económicos directos o indirectos en contratos, suministros, intermediaciones, financiamiento o decisiones relacionadas con la expansión tecnológica de CALF y Huawei.
Para el denunciante, ese punto adquiere relevancia porque el viaje se produjo mientras la alianza con Huawei ampliaba su alcance y pocos meses antes del episodio que involucró a la Embajada estadounidense. CALF informó que la misión fue financiada por “proveedores internacionales y organismos de cooperación global”.
El 12 de julio de 2026 aparece otro de los puntos centrales de la investigación. Según el escrito, un gerente de CALF recibió un mensaje de WhatsApp atribuido a Andrew Dilts, funcionario del área de Asuntos Económicos de la Embajada de Estados Unidos, en el que se vinculaba la continuidad de la alianza con Huawei con eventuales consecuencias sobre las visas estadounidenses. Ese episodio terminó convirtiéndose en un conflicto diplomático y político.
Los directivos de CALF denunciaron que la Embajada les había pedido que desistieran de avanzar con Huawei y que incluso se había mencionado la posibilidad de retirar las visas de ingreso a Estados Unidos de integrantes de la conducción.
Sergio Fernández Novoa relató públicamente que fue él quien recibió los mensajes y cuestionó la intervención estadounidense. “No está bien que una embajada extranjera se contacte con una cooperativa y le diga lo que debe hacer”, sostuvo ante diputados.
Yenny Fonfach, secretaria general de CALF, planteó ante la Comisión de Asuntos Cooperativos de Diputados que la cooperativa no había acudido al Congreso para defender a una empresa china ni para atacar a una embajada, sino para denunciar lo que consideraba una afectación de la autonomía de la entidad.
Del otro lado, el embajador estadounidense Peter Lamelas defendió la posición de Washington y vinculó en el AmCham Forum Energy el uso de tecnología china con riesgos para la seguridad de los datos y la seguridad nacional. En sus declaraciones sostuvo que las empresas sujetas a las leyes de inteligencia y seguridad de China podrían entregar información al Estado chino y señaló que Vaca Muerta constituye un activo estratégico.
“China exige a sus empresas que le den a su Estado acceso a cualquier dato que pasa por su tecnología y sus redes de IA. Cualquier dato que pasa por sus redes es controlado por el Partido Comunista chino. Esto no vale. Y tampoco va a ayudar a atraer inversores extranjeros a Vaca Muerta”, señaló.
Lamelas también planteó que empresas como Nokia, Ericsson o Cisco ofrecían “redes de confianza” y, en el marco de sus argumentos sobre las visas, sostuvo que “una visa es un privilegio, no un derecho”.
En el foro de AmCham, además, afirmó que la protección de los datos y la seguridad energética estaban vinculadas con la seguridad nacional de ambos países. Tampoco el diplomático estadounidense se presentó ante la Comisión de Asuntos Cooperativos de la Cámara de Diputados, donde había sido convocado.
La embajada china respondió cuestionando la intervención estadounidense y denunció una utilización de la supuesta “amenaza china” para bloquear la cooperación tecnológica con Huawei.
El comunicado chino sostuvo que esas acciones "reflejan plenamente la arrogancia y los prejuicios de Estados Unidos", y las define como "una grave falta de respeto hacia la soberanía de otros países y un grave menoscabo de los principios del libre mercado", postura frente a la cual China afirmó que "se opone firmemente".
Los directivos de la cooperativa dieron una explicación diferente sobre el alcance del vínculo. Fernández Novoa sostuvo que CALF trabaja con proveedores de Estados Unidos, Europa, Asia y América Latina y que no existe exclusividad con Huawei. Según explicó, la infraestructura de CALFIBRA combina servidores HPE, equipos APC y Eaton, sistemas UPS de ABB, routers MikroTik y electrónica de red Huawei.
También afirmó que existen organismos y empresas argentinas que utilizan tecnología Huawei, y mencionó entre otros ejemplos a YPF, EPEC, el Banco Central, ARCA, Trenes Argentinos y Senasa.
Desde la perspectiva de CALF, el criterio comercial consiste en elegir la tecnología y el financiamiento más convenientes. Fernández Novoa también defendió el proyecto de una red troncal de conectividad en la zona petrolera y la instalación de Data Centers alimentados con energía proveniente de parques solares.
Su argumento es que la discusión no debería limitarse a qué empresa extranjera provee tecnología, sino a dónde se almacenan los datos argentinos y qué capacidad tiene el país para procesarlos dentro de su territorio.
La denuncia dedica un capítulo específico a Carlos Quintriqueo, vicepresidente segundo de CALF y dirigente gremial de ATE, quien asumió un papel central en la respuesta pública de la cooperativa durante el conflicto.
El escrito señala que Quintriqueo ingresó al Consejo de Administración en enero de 2026, cuando la relación con Huawei ya llevaba más de un año de exposición pública. Por eso solicita determinar qué conocimiento tenía sobre los antecedentes contractuales, técnicos y financieros y por qué fue elegido para explicar públicamente el vínculo.
La presentación también plantea una diferencia que considera relevante: mientras Quintriqueo describió las tratativas como una cuestión fundamentalmente comercial vinculada con precio y calidad, las publicaciones anteriores de CALF habían presentado la relación como una alianza estratégica mucho más amplia, asociada con fibra provincial, Data Center, inteligencia artificial, Smart Grid, videovigilancia e Internet de las Cosas.
Por eso, entre las pruebas solicitadas aparecen específicamente las comunicaciones internas producidas entre el 12 de julio y el 5 de agosto, las decisiones sobre la respuesta institucional y la documentación técnica, comercial y jurídica que recibió Quintriqueo antes de realizar sus declaraciones públicas.
La presentación individualiza a un grupo amplio de personas de CALF para determinar su participación concreta en los hechos:
Aldo Marcelo Bernard Severini, presidente.
Yenny Fonfach, secretaria general.
Leonardo Gonzalo Ferreira, autoridad de CALF.
Sergio Fernández Novoa, gerente de TIC y responsable de CALFIBRA.
Florencia Quiroga Panelli, gerenta financiera y de Renovables.
Alejandra Aversano, autoridad de CALF.
Juan Darquier, integrante de los equipos técnicos de CALFIBRA.
Camila Figueroa Vinassa, asesora y representante legal (hija del gobernador).
Carlos Quintriqueo, vicepresidente segundo.
Mario Chiappe, síndico titular.
Daniela Verónica Panelli, tesorera.
Ana Sandoval, prosecretaria.
Manuel Ángel Cuesta, protesorero.
Jorgelina Novoa, secretaria de actas.
Agustina Barahona, primera vocal titular.
La denuncia busca establecer, según el caso, quiénes participaron en las negociaciones, en las decisiones del Consejo de Administración, en cuestiones financieras, contrataciones, controles y aspectos técnicos, así como en el viaje a China y en la estrategia de comunicación adoptada por la cooperativa después de que estallara el conflicto.
En relación con Huawei, la presentación pide investigar la intervención de Xiao Binbing, Li Houchuan, Juan Bonora y Jing Zhenghui Hui, este último identificado como Account Manager de la compañía. La investigación apunta a determinar qué participación tuvo cada uno en las reuniones, negociaciones y proyectos vinculados con CALF y cuál fue su intervención en el desarrollo de la denominada alianza estratégica.
Respecto del Gobierno de Neuquén, la denuncia individualiza al gobernador Rolando Figueroa; al ministro de Planificación, Rubén Etcheverry; al exjefe de Gabinete Juan Luis Ousset; y a Leticia Esteves, Juan Manuel Morales y Víctor Figueroa, este último vinculado a la OPTIC. En estos casos, la presentación solicita determinar qué conocimiento tuvieron sobre la incorporación de Huawei a los proyectos de CALF y qué evaluaciones se realizaron en materia de seguridad, interoperabilidad, protección de datos y dependencia tecnológica, además de establecer qué convenios, autorizaciones o mecanismos de control fueron implementados.
En cuanto a la Municipalidad de Neuquén, aparecen mencionados el intendente Mariano Gaido, el secretario de Gobierno y Coordinación, Juan Martín Hurtado, y la jefa de Gabinete, María Pasqualini. En particular, la denuncia solicita reconstruir la reunión del 3 de julio de 2026, de la que participaron autoridades de CALF, funcionarios municipales y un representante de Huawei, y establecer qué temas se trataron y qué decisiones pudieron haberse adoptado en relación con los proyectos tecnológicos investigados. También busca determinar el papel que tuvo cada funcionario municipal en el proyecto del Data Center y en las iniciativas vinculadas con el Polo Científico Tecnológico de Neuquén.
La denuncia solicita 14 medidas de prueba, varias de ellas con carácter urgente. Entre las principales figuran:
contratos, convenios, memorandos, órdenes de compra, licencias, acuerdos de confidencialidad y documentación de soporte, mantenimiento y administración remota entre CALF y Huawei;
actas del Consejo de Administración, Mesa Directiva, Asamblea, Sindicatura y Auditoría Externa;
balances, memorias, informes de auditoría y registraciones contables;
poderes, mandatos y resoluciones que determinaron quiénes representaron a CALF;
documentación completa del viaje a China: participantes, pasajes, hoteles, viáticos, invitaciones, agenda, reuniones y financiamiento;
expedientes de la Municipalidad sobre el Polo Tecnológico y el Data Center;
documentación del Gobierno provincial y OPTIC sobre conectividad e integración digital;
información del Banco Provincia del Neuquén sobre créditos, financiamientos o asistencias otorgadas a CALF;
preservación y eventual pericia sobre correos electrónicos, registros de tráfico, logs, topologías de red, credenciales, copias de respaldo, configuraciones y accesos remotos;
autenticación del mensaje atribuido a Andrew Dilts;
documentación de la reunión del 3 de julio;
arquitectura prevista para el Data Center, proveedores, software, licencias, accesos remotos, respaldos, ubicación del almacenamiento y categorías de datos;
comunicaciones internas de CALF producidas entre el 12 de julio y el 5 de agosto;
preservación de las publicaciones digitales utilizadas como fuente de la denuncia.
La denuncia propone investigar posibles conductas relacionadas con la seguridad de la Nación, la protección de infraestructura estratégica, el manejo de información sensible, la administración de intereses públicos y eventuales incumplimientos de deberes de control, además de cualquier otra figura penal que pueda surgir de la prueba.
El objetivo central es reconstruir una cadena de responsabilidades: quién decidió, quién autorizó, quién contrató, quién financió, quién ejecutó, quién obtuvo o administró accesos, quién fiscalizó y quién pudo haber omitido actuar estando obligado a hacerlo.
En definitiva, la presentación intenta transformar el conflicto político y diplomático que comenzó con Huawei, CALF y las advertencias sobre las visas estadounidenses en una investigación judicial mucho más amplia: determinar cómo se construyó la alianza, cuánto involucró a organismos públicos, cómo se financió su expansión, qué infraestructura tecnológica estaba comprometida, qué controles existieron y qué ocurrió internamente en CALF desde el mensaje atribuido a Dilts hasta la explosión pública del caso.
Y allí aparece el eje que probablemente concentrará buena parte de la investigación: si detrás de una controversia comercial entre proveedores tecnológicos existió también un entramado de decisiones, intereses, controles y responsabilidades capaz de comprometer infraestructura, datos y activos estratégicos vinculados con Neuquén y Vaca Muerta.