La presidenta de la comisión de Asuntos Constitucionales y Justicia de la Cámara de Diputados bonaerense, Susana González, denunció penalmente al Procurador General provincial, Julio Conte Grand, acusándolo de "encubrir" a funcionarios del gobierno de Juntos por el Cambio de la provincia de Buenos Aires que habrían cometido actos de corrupción.
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En la presentación judicial, la legisladora también pidió que se investigue a otras seis personas por la posible comisión de los delitos de "malversación de fondos y fraude en perjuicio de la administración pública por u$s 95 millones destinados a cuatro embarcaciones que no fueron construidas".
Entre los denunciados figuran el extitular del Astillero Río Santiago, Daniel Capdevila; el fiscal Juan Cruz Condomí Alcorta, los funcionarios de la Procuración Miguel de Lezica, Max Perkins y Francisco Pont Vergés y Ricardo René López, excoordinador de Seguridad y jefe de Recursos Humanos del Astillero Río Santiago y integrante de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI).
"La denuncia apunta al entramado para la persecución judicial y armado de causas de opositores contra trabajadores del Astillero y representantes gremiales, en complicidad con agentes orgánicos, inorgánicos y propios funcionarios de Poder Ejecutivo nacional y provincial durante el gobierno de María Eugenia Vidal", afirmó González, en el escrito al que tuvo acceso Télam.
También los acusó de "exacciones ilegales, negociaciones incompatibles con la función pública, peculado, soborno trasnacional, tráfico de influencias y asociación ilícita".
En su denuncia, González dijo que esos hechos "se realizaron en connivencia entre quienes eran funcionarios del Poder Ejecutivo, funcionarios de la Procuración General, Agentes Fiscales", lo que, afirmó, evidencia "la participación principal del Procurador General de la Provincia de Buenos Aires, junto a integrantes del Ministerio Público y Procuración General".
La denuncia fue radicada en el juzgado federal 1 de La Plata a cargo de Alejo Ramos Padilla. González indicó que "la denuncia apunta al entramado para la persecución judicial y armado de causas de opositores en complicidad con agentes orgánicos, inorgánicos y propios funcionarios de Poder Ejecutivo nacional y provincial durante el gobierno de María Eugenia Vidal".
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