Denuncian la desaparición de otro testigo clave en causa por delitos de lesa humanidad

Víctor Oscar Martínez.

La abogada Gabriela Scopel denunció la desaparición de un testigo clave de la causa que investiga la muerte del obispo Carlos Ponce de León durante la última dictadura militar. Esta tarde, el ministro de Justicia, Julio Alak, solicitó información sobre su paradero y aclaró que no estaba incluido en el programa de protección de testigos. Según relató Scopel a Télam, Víctor Oscar Martínez, de 52 años, salió de su casa del barrio porteño de Palermo el lunes a las 14 para concurrir a una escribanía a la que no llegó y desde entonces sus familiares desconocen su paradero.

La abogada presentó un recurso de habeas corpus que la justicia de instrucción porteña ya rechazó, aunque ordenó investigar su desaparición, denunciada por la familia. La decisión la tomó la Cámara Nacional en lo Criminal y Correccional confirmó de ese modo un fallo de la jueza María Rita Acosta, que a última hora del martes había rechazado el habeas corpus presentado en favor del desaparecido.

Martínez fue testigo en la causa que investiga la muerte del obispo de San Nicolás, Carlos Horacio Ponce de León, ocurrida en un misterioso accidente automovilístico el 11 de julio de 1977, en el kilómetro 212 de la Ruta 9, cuando el Renault 4S que manejaba el obispo chocó frontalmente con una Ford F100, en proximidades de la ciudad de Ramallo. La causa judicial en la que participa como testigo tramita en la justicia federal de San Nicolás, en el juzgado a cargo de Carlos Villafuerte Ruzo y la fiscalía a cargo de Juan Patricio Murray.

"Esa causa fue armada en base a copias de notas que tiene publicadas en Internet sobre religiones comparadas, que es su materia de estudio", señaló la abogada que definió al juez Ruzo de "arbitrario" y de "poner reparos a los pedidos del fiscal Juan Patricio Murray".

Scopel advirtió también que Martínez fue amenazado de muerte en 2009, siendo golpeado mientras caminaba con un amigo bajo la advertencia "no molestes más con San Nicolás porque vos y tu familia van a morir".

La abogada aseguró que tras un nuevo testimonio de Martínez al reabrirse la causa luego de la anulación de las leyes de impunidad, "recordó cosas que tenía sepultadas por más de 30 años". Como consecuencia, el testigo se encuentra desde 2007 bajo tratamiento psicológico, aunque -aclaró- "no sufre problemas psíquicos".

Ante esta situación, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Julio Alak, convocó a la ciudadanía a aportar "información útil" sobre el paradero. En caso de hacerlo, el funcionario explicó que hay que dirigirse a la dependencia policial más cercana o bien llamar a la línea gratuita del Ministerio de Seguridad de la Nación 0800-555-5065.

Alak señaló que "todas las áreas competentes del Estado nacional se encuentran trabajando y a plena disposición de la justicia para resolver de la manera más inmediata la situación". El ministro también aclaró que Martínez no estaba incluido en el programa de protección de testigos. "No estaba incorporado a medidas de asistencia o seguridad de este Ministerio dado que no hubo requerimiento judicial alguno al respecto".

Según comentó en conferencia de prensa, la protección "se brinda ante el requerimiento de la autoridad judicial, lo que no existió en este caso, como así tampoco solicitud por parte del testigo". Asimismo, solicitó "a los jueces de todo el país que extremen los recaudos que brinda la ley, tanto por el artículo 79 del Código Procesal Penal como a través de los programas de asistencia para garantizar la seguridad de víctimas y testigos, en especial en causas en las que se investigan crímenes de lesa humanidad".

En la investigación por la muerte de Ponce de León, el principal imputado es el ex teniente coronel Manuel Fernando Saint Amant, jefe de la represión en la zona, quien está en libertad a pesar de estar procesado en varias causas de desaparición forzada de personas.

En el rechazo al habeas corpus los camaristas Mario Filozof, Julio Lucini y Carlos Williams, confirmaron lo expuesto por la jueza, en el sentido de que no existía orden restrictiva de su libertad contra Martínez, ni está detenido en dependencias de la Policía Federal o la Prefectura Naval Argentina.

La información fue requerida por el juzgado ante el sistema informático de la Corte Suprema de Justicia, en tanto el Centro de Orientación de Personas de la Policía Federal hizo saber que no existían constancias de detención o internación de Martínez.

También la División Actuaciones de la Policía Federal y la Prefectura Naval confirmaron ante el pedido de paradero que no se encontraba detenido, pero que registraba un pedido anterior, el 7 de septiembre del 2009, y que en noviembre de ese año fue procesado por el delito de falso testimonio.

La Cámara del Crimen porteña confirmó el rechazo in límine del pedido de habeas corpus, pero ordenó que se sortee juzgado de instrucción para la investigación de la presunta desaparición denunciada, y giró copias al juzgado Federal 2 de San Nicolás.