Depósito complica a más funcionarios

El reciente allanamiento al Banco General de Negocios (BGN) en busca de la cuenta de Norberto Emanuel, para determinar la existencia de un depósito de entre $ 350 y $ 400 mil, que habría hecho el traficante de armas Diego Palleros a nombre del ex secretario de Defensa Guillermo Etchechoury, complica a toda la estructura que se manejó en el nivel inmediatamente inferior del ex ministro Oscar Camilión, quien hoy niega conocer los detalles de la operación de venta de armas a Ecuador por la que Fabricaciones Militares cobró unos $ 9 millones.

A su vez, Palleros -hoy refugiado en Sudáfrica bajo el presunto manto de la CIA-aparece en toda la línea de la investigación como el principal intermediario, junto a sus socios: el francés Bernard Lasnau; los venezolanos Edgard Tomás Millán -ex coronel del Ejército-; Alexis Pirella Avilas; y el brasileño Azevedo Mattos Neto.

La participación de Emanuel, Etchechoury y José Torzillo, como la de Mattos Neto, fue revelada por Sarlenga en su última indagatoria y pone en duda las exclamaciones de inocencia del ex ministro que reclama la indagatoria de Carlos Menem, aunque aún no se ha presentado con ese pedido, en los tribunales. Emanuel habría sido designado por Camilión como asesor, pero su función habría ido mucho más allá: según fuentes de Fabricaciones Militares, era el encargado de controlar diariamente el movimiento comercial y de caja de la empresa estatal de armamentos para reportarlo luego a sus jefes en el Ministerio de Defensa. Otros integrantes de este grupo fueron Carlos Baeza -un colaborador allegado a Camilión desde el monopolio «Clarín», al igual que su abogado defensor, Rodríguez Palma-y un funcionario de apellido Depol, quien falleció.

Decisión

Tampoco el rol de Etchechoury fue secundario. Debido a la gravitación de su cargo, decidió que Fabricaciones Militares debía pedir el certificado final (documento que acredita que las armas serán utilizadas por el país que compra para evitar posibles triangulaciones, que finalmente ocurrieron) a Venezuela. Pero según las declaraciones de Sarlenga y de Edberto González de la Vega en la causa por presunto contrabando que investigó el juez Marcelo Aguinsky -apartado luego por la Cámara al rechazar la Corte su pedido de que sea el máximo tribunal quien investigue el caso por encontrarse supuestamente involucrados dos altos personeros del gobierno croata en el exilio-, esos certificados nunca habrían llegado a la empresa estatal que debía vender las armas.

En cambio, esos certificados aparecieron después de que estalló el escándalo con la firma de Millán Zabala, que, luego, éste negó y culpó a Pirella Avila, quien curiosamente fue liberado por la Justicia de Venezuela pese a que tuvo 8 procesos en contra. Desde Caracas, Palleros trianguló con las empresas Hayton Trade y Metales Restor, las armas a Ecuador y a Croacia.