El fiscal federal Jorge Di Lello justificó este martes el envío del oficio a la Procuración General de la Nación para que revise el patrimonio del jefe del Ejército, César Milani, con el objetivo de determinar si "existe un enriquecimiento patrimonial apreciable injustificado".
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"Cuando uno tiene un dolor de estómago, va al médico. El análisis técnico de la información lo tiene que hacer alguien que sepa del tema", expresó Di Lello en diálogo con radio Vorterix. "En base a esas conclusiones se le pedirán nuevas explicaciones", agregó.
Este lunes el funcionario judicial envió un oficio a la Oficina de Investigación Económica y Análisis Financiero (OFINEC), con el objetivo de solicitar apoyo para revistar la documentación patrimonial del militar. Milani es investigado por enriquecimiento ilícito por el juez federal Daniel Rafecas.
Más allá que trascendió que hace días la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) había entregado un informe sobre la evolución patrimonial del jefe del Ejército, fuentes de esa fuerza negaron que hayan realizado esa presentación.
El 29 de noviembre pasado, el fiscal pidió colaboración a la Procuradora Alejandra Gils Carbó para evaluar documentación aportada por el propio Milani, respecto a tarjetas de crédito, cuentas bancarias y otra documentación patrimonial. A principios de diciembre, la Procuradora designó a la OFINEC y ahora el fiscal remitió un oficio insistiendo con la colaboración. "Habiendo obtenido la información de la causa, sirva efectuar un análisis a fin de evaluar si existe un enriquecimiento patrimonial apreciable injustificado del imputado", pidió Di Lello.
Al ser consultado por la raíz política de la denuncia contra Milani, el fiscal admitió que en "todas las cuestiones hay un sustrato político" y no ocultó que detrás de la causa haya un interés político. "Hay un conflicto de perspectiva entre dos poderes que son autónomos. Ese conflicto habla de que en Argentina la democracia funciona", sostuvo.
La denuncia contra Milani fue realizada por los diputados Elisa Carrió y Fernando "Pino" Solanas, a quienes luego se sumó la legisladora porteña Graciela Ocaña. La misma fue hecha luego de un informe periodístico que dio cuenta de supuestas inconsistencias y omisiones en las declaraciones juradas presentadas por Milani.
También tuvo que ver con ciertos bienes atribuidos al militar, como ser una casa de 1.150 metros cuadrados en La Horqueta, en San Isidro, y algunos vehículos.
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