Diputados aprobó inicio de juicio político a Nazareno

Los diputados de la Comisión de Juicio Político cumplieron ayer con el mandato de Néstor Kirchner y dieron el primer paso hacia la decapitación de Julio Nazareno: peronistas, radicales, aristas de Elisa Carrió y frepasistas declararon admisible el proceso contra el presidente de la Corte por presunto «mal desempeño» en el cargo.

Salvo que renuncie el magistrado, semejante consenso -apurado por la convicción del gobierno de Kirchner- permite adelantar que habrá dictamen acusatorio de la comisión dentro de 15 o 20 días y que no será difícil reunir 2/3 de votos afirmativos en el recinto. El paso siguiente: sentar a Nazareno en el banquillo del Senado, donde deben absolver o ajusticiar al funcionario sometido a enjuiciamiento (ver nota aparte).

En la víspera, la dependencia parlamentaria que encabeza el diputado Ricardo Falú (PJ-Tucumán) le reprochó a Nazareno haber sancionado al juez Magariños, cuando esta facultad disciplinaria le corresponde al Consejo de la Magistratura. La embestida contra el ministro más identificado con el menemismo -por ser riojano y haber sido promovido durante la gestión de Carlos Menem- fue aprobada por unanimidad y forma parte de la escalada contra la denominada «mayoría automática» identificada con el PJ de Anillaco que reclamó Kirchner en un mensaje por cadena de radio y TV anteanoche.

La causa en marcha se inició gracias a un proyecto de Carlos Iparraguirre (UCR-Santa Fe), aunque a Carrió puede adjudicársele la autoría intelectual de la carga contra Nazareno. La jefa espiritual del ARI propuso la semana pasada reflotar las acusaciones contra el titular de la Corte que ya habían sido rechazadas en el recinto de la Cámara baja el año pasado. En esa circunstancia, faltaron 11 votos para concitar la mayoría especial reglamentaria y pasar el expediente de Nazareno a la instancia de sentencia en el Senado.

• Desafío

Carrió, que planteó un virtual trueque de Nazareno por Carlos Fayt (sobre quien pesa una endeble denuncia por no haberse abstenido de pronunciarse en casos del «corralito», no obstante que contaba con un plazo fijo pesificado en el Banco Nación), desafió a los justicialistas a desempolvar aquellas causas perdidas.

La idea de Lilita resulta cuestionable, pues -según un principio jurídico («non bis in idem»)- no podrían rehabilitarse querellas perdidas. Ella opina lo contrario y dice que eso podría aplicarse sólo en el supuesto de que hubiesen sido rechazadas en la Cámara alta, que hace las veces de juez en este trámite, y no en Diputados, que actúa como fiscal.

La semana que viene habrá una ronda de constitucionalistas en Juicio Político para determinar si resulta o no factible hacer lo que auspicia Carrió. Los bloques quedaron en acercar sugerencias de invitados hasta la oficina de Falú. Ayer mismo, el socialista Héctor Polino pidió la presencia de Emilio Ibarlucea.

La líder arista consiguió una victoria política. Además de abrir un debate que puede sumar más elementos contra Nazareno (y el resto de la llamada «mayoría automática»), logró que Kirchner terminara alentando el enjuiciamiento contra el ministro y, al mismo tiempo, que el expediente de Fayt entrara en el congelador por falta de avales suficientes.

• Advertencia

Los peronistas, que deben seguir los dictados del Ejecutivo, tendrán que solucionar algunos detalles para no soportar grietas domésticas. En la víspera, los cordobeses Eduardo Di Cola y Guillermo Johnson advirtieron que, por el caso Magariños, no correspondía acusar sólo al titular del máximo tribunal, ya que otros colegas suscribieron la sanción objetada. Hasta el santafesino Julio Gutiérrez, uno de los caciques del kirchnerista «grupo Talcahuano», compartió el criterio de los mediterráneos. Anoche, el grueso de la comisión recibió las fotocopias de la carpeta «Magariños».

Por si las moscas, Polino adelantó que está elaborando una carga a estrenar contra Nazareno, la cual podría extenderse a los otros jueces, pero de antigua data. El socialista estima que, entre las causales por supuesto mal desempeño, puede achacársele a la Corte un presunto uso irregular del per saltum, durante la privatización de Aerolíneas Argentinas.