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El actual es uno de los momentos más conflictivos en la relación entre el Ejecutivo -que necesita del máximo tribunal para convalidar medidas-y el Congreso. Hace casi 2 semanas que el gobierno de Eduardo Duhalde viene sufriendo con la renuencia de los legisladores a sancionar leyes clave (voltearon el plan BONEX y dilatan ahora modificaciones a Quiebras y la derogación de Subversión Económica).
En gran medida porque el gobierno carece de operadores eficientes y no exhibe demasiada convicción a la hora de las decisiones, los bloques se levantan continuamente contra las iniciativas oficiales. Este panorama de indisciplina generalizada permite vaticinar finales abiertos para cualquier votación, incluso la del enjuiciamiento a la Corte, si bajara en las semanas siguientes al recinto. Un dato indispensable para entender el efecto de las palabras de Acevedo, en la víspera.
El titular de Juicio Político venía demorando un pronunciamiento de la comisión, con la excusa de que no se había terminado de discutir en la bancada peronista. Es cierto. Hubo un atisbo de polémica hace 2 meses que quedó abortado, con la promesa de rehabilitar el debate más adelante (menemistas y varios diputados no alineados se sublevaron contra el trámite iniciado por Acevedo, y fueron sumando adhesiones). Sin embargo, Humberto Roggero y compañía se hicieron los distraídos, a la espera de que actuara Eduardo Camaño o el jefe de la SIDE, Carlos Soria, partidarios de frenar el camino al cadalso del noneto de ministros. Tampoco surgieron novedades en este terreno.
Acevedo no tuvo en cuenta que el cavallista -hoy PJ- Guillermo Johnson pidió producir nuevas medidas de prueba para establecer la responsabilidad de Carlos Fayt en el caso del rebalanceo telefónico. Johnson estima que, aunque dilate el proceso en Diputados, este paso permitiría demostrar si el juez incurrió o no en la comisión de un delito en ejercicio de la función tribunalicia. Hasta ahora sólo se le imputaría mal desempeño. El socialista Héctor Polino mantiene una disputa con su colega peronista. No hay que olvidar los orígenes socialistas de Fayt.
También existen discrepancias sobre si corresponde o no incluir en el enjuiciamiento a Gustavo Bossert, Enrique Petracchi y Augusto Belluscio, quienes no firmaron la declaración de inconstitucionalidad del «corralito», una de las causas investigadas por parlamentarios. No obstante, Acevedo ya definió que irá por todos.
Con tanto apuro, Acevedo ni siquiera esperó a que Roggero y sus amigos designaran a los reemplazantes de Norma Godoy y Graciela Camaño (la primera dejó la comisión -y la Cámara después de una escandalosa renuncia y la esposa de Luis Barrionuevo, por su reciente designación en el Ministerio de Trabajo).
Aún cuando el conciliábulo del bloque PJ sigue sin producirse -y no hay miras de que se vaya a realizar antes de que salga el dictamen acusatorio, a pesar de que hubo ayer un testimonial pedido del jefe de Juicio Político-, Acevedo avanzó con su propósito, a sabiendas de que, por lo pronto, cuenta con el aval de Falú, Carrió, Garré, María América González, Araceli Méndez de Ferreyra y Polino. Y de que pueden sumársele otros legisladores de la UCR o el mismo PJ.
En principio, esas firmas alcanzarían para un dictamen de mayoría, si los demás mantienen diferencias que derivan en varios despachos más (en parte, por disidencias sobre las actuaciones de los magistrados).
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