En el Congreso, la preocupación por la ola de violencia y la pasividad del gobierno de Néstor Kirchner ya adoptó el formato de proyectos varios. A las iniciativas del Interbloque Federal de partidos provinciales -pedido de juicio político a Gustavo Béliz y de interpelación a Alberto Fernández más las protestas que radicales, aristas y hasta algunos socialistas vienen haciendo desde hace un mes por el manejo del gobierno en materia de seguridad-se sumó ayer una propuesta del diputado conservador Federico Pinedo, aliado de Mauricio Macri en la Capital Federal, destinada a crear una comisión parlamentaria que investigue el copamiento de la Comisaría 24ª del barrio de La Boca y el ataque a la Legislatura porteña del viernes pasado.
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El blanco no parece ser otro que el ministro de Justicia, aunque con una embestida en dosis homeopáticas y menos directa que la carga de los provinciales. En definitiva, la inquietud de Pinedo podría servir para recopilar «pruebas» contra Béliz. Si bien en el fondo se le pega al ministro para cargar sobre Kirchner, que sostiene a Béliz a pesar de su ineficacia porque hace lo que el Presidente le ordena.
La dependencia que va a formarse debería recabar información acerca del comportamiento de los funcionarios del gobierno nacional que intervinieron tanto en uno cuanto en otro acontecimiento, un aspecto que preocupa tanto o más que la ira piquetera.
La toma de la comisaría -conducida por un piquetero amigo de Kirchner, Luis D'Elía-dejó como saldo, además de la destrucción, las dudas sobre la actitud que les cupo a colaboradores de confianza de Béliz, incluido su cuñado -que se desempeña en el Ministerio de Justicia-, Francisco «Pancho» Meritello. Una jueza y el responsable de la 24ª denunciaron que desde el Poder Ejecutivo se les impidió actuar y hacer desalojar la comisaría.
En tanto, el intento de destrucción del palacio del ex Concejo Deliberante, donde iban a sesionar los legisladores metropolitanos para tratar en particular el nuevo Código de Convivencia de la Ciudad de Buenos Aires generó una áspera polémica entre Aníbal Ibarra y el gobierno nacional sobre responsabilidades.
«La Cámara de Diputados es el único órgano institucional que puede acusar a los ministros del Poder Ejecutivo Nacional o impulsar votos de censura con relación al señor jefe de Gabinete (arts. 53 y 101 de la Constitución nacional). Para cumplir con tan delicada función, es prudente que agote todas las instancias razonables tendientes a la obtención de la información adecuada, que le permita formar su propio juicio sobre bases sólidas y ecuánimes», abundó el hombre del Partido Demócrata que integra el bloque Compromiso para el Cambio.
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