Diputados modifica el “Compre Argentino” (vigilia en el Senado)

La iniciativa apunta a mejorar los márgenes de preferencia para empresas locales en las licitaciones públicas, aunque hay desconfianza en algunos sectores de la oposición sobre los potenciales beneficios. El cristinismo sigue con una agenda paralela en ambas Cámaras.

Matías Kulfas

Un plenario de las comisiones de Industria; y de Presupuesto y Hacienda de Diputados intentará avanzar, desde el mediodía de hoy, con la modificación del “Compre Argentino”. La iniciativa, que apunta a mejorar los márgenes de preferencia para empresas locales en las licitaciones públicas, es mirada con desconfianza desde algunos sectores de la oposición a la hora de analizar los potenciales beneficios.

El régimen actual contempla márgenes, para bienes de origen nacional, de 15% a favor de MiPyMEs y 8% en grandes empresas. En competencia con bienes no nacionales, para bienes con menor grado de integración, hay desde un 1% hasta un máximo de 8%.

Con el texto en cuestión se intentará que las MiPyMEs pasen de 15% a 20%, mientras que para el resto se subirá de 8% a 15%. Para el caso de competencia con bienes no nacionales, se eleva el margen de preferencia de 1,5% hasta un máximo de 12%.

Por otra parte, la iniciativa del Ejecutivo establece un margen adicional de 3% para empresas con composición mayoritaria de mujeres u otras identidades no binarias (en capital social y puestos jerárquicos y en el plantel general de la misma), según un informe que fue enviado a los diputados del oficialismo.

Un tema importante es que se pretende incluir al PAMI como sujeto explícito de la ley por tres motivos: “cumple un ‘rol clave’ para promover la industria farmacéutica nacional y de equipamiento médico (sectores estratégicos y de alto contenido tecnológico)”; “su patrimonio se encuentra conformado, entre otros aportes, por fondos del Tesoro Nacional”; y “es la obra social más grande del país y nuclea una población altamente sensible como lo son los beneficiarios del régimen nacional de previsión”.

Otras finalidades del proyecto hablan de “garantizar el acceso a la información para fortalecer el cumplimiento del régimen y planificar la promoción de la provisión local”, “mejorar las condiciones financieras para favorecer el acceso de la industria local a las compras públicas”, “promover la articulación entre oferentes locales y organismos contratantes”, “fortalecer el plan de desarrollo de proveedores nacionales”, y “crear incentivos a la contratación de bienes y servicios para el desarrollo de productos innovadores”.

La ley es empujada por el alicaído ministro de Desarrollo Productivo, el kirchnerista Matías Kulfas. Mientras tanto, el cristinismo sigue con críticas a su propio Gobierno y avanza con una agenda paralela. En las próximas horas, un puñado de diputados presentará un proyecto para establecer un Salario Básico Universal (SBU) y así “dar una respuesta a la nueva realidad laboral argentina en la pospandemia”.

El texto, que será explicado por los legisladores Itaí Hagman, Natalia Zaracho y Federico Fagioli -responden al piquetero papal Juan Grabois-, entiende al SBU “como una prestación monetaria mensual no contributiva y de alcance nacional destinada a trabajadores y trabajadoras de bajos ingresos”.

De acuerdo a la iniciativa, el SBU “será otorgado a las personas que se encuentren desocupadas; se desempeñen en la economía informal; se encuentren inscriptas en la categoría ‘A’ del Régimen Simplificado de Pequeños Contribuyentes o se encuentren inscriptas en el Régimen de Inclusión Social y Promoción del Trabajo Independiente”.

Más comisiones

La Cámara baja intenta retomar su normalidad y seguirá con el debate de temas relegados. Por caso, en las próximas horas se cumplirá con el emplazamiento votado en el recinto la semana pasada para que se conformen las comisiones que discutirán la Boleta Única de Papel. Si bien se espera un dictamen para el 31 de mayo, esta cuestión quedaría bloqueada en el Senado por el cristinismo y la aliada misionera Magdalena Solari Quintana.

En tanto, mañana se tendrían que despachar los cambios a la discutida ley de alquileres, aunque la lupa está puesta sobre las intenciones reales de avanzar de la presidenta de la comisión de Legislación General, Cecilia Moreau.

Senado

Mientras se espera la convocatoria a la sesión de pasado mañana para votar el proyecto que activa un blanqueo para pagarle al Fondo Monetario Internacional (FMI) con dinero “fugado” al exterior, la comisión de Energía analizará mañana un texto empujado por Oscar Parrilli -mano derecha de Cristina de Kirchner en la Cámara alta- para que la denominación social de la empresa Integración Energética Argentina Sociedad Anónima (IEASA) pase a llamarse Energía Argentina Sociedad Anónima, es decir, la vieja ENARSA.

“Por medio del decreto 882/17 se resolvió fusionar a ENARSA con EBISA (Emprendimientos Energéticos Binacionales S.A), sustraerla de todos sus activos estratégicos mediante su privatización y venta espuria, así como modificar la denominación social. Estas acciones expresaban un nuevo ciclo de desindustrialización, extranjerización de la economía y la vuelta a la utilización de la energía como herramienta de negocios, de ajuste y de empobrecimiento ciudadano”, argumenta Parrilli.

El legislador también manifiesta que “el nuevo gobierno que asumió en 2019 ha decidido elevar la política energética como instrumento de desarrollo social y económico, para lo cual es imprescindible retomar la línea programática original de ENARSA, y adecuarla a las necesidades actuales y futuras del sector energético”. Y agrega: “Por ello en primer lugar, resulta de gran importancia la recuperación simbólica del nombre original de ENARSA, ya que traduce la esencia y finalidad de la compañía, continuando y profundizando el camino iniciado por Néstor Carlos Kirchner en 2004”.