No innovó el kirchnerismo del Congreso ayer en técnicas para negar escándalos. Tanto Miguel Pichetto en el Senado como Agustín Rossi en Diputados siguieron al pie de la letra el manual oficial que indica que ningún hecho de supuesta corrupción merece siquiera una mención en los recintos mientras el implicado siga en funciones dentro del gobierno. Fue lo que se vio en el debut parlamentario del nuevo escándalo que golpea al gobierno: la valija con u$s 800 mil que llegó desde Venezuela en manos de un ciudadano de ese país en un avión ejecutivo alquilado por ENARSA que aterrizó el sábado pasado en Aeroparque.
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Pocos eran los datos que el radicalismo y el ARI conocían sobre ese escándalo a la hora de comenzar ayer las sesiones en ambas Cámaras. Desde la noche anterior, la UCR tenía preparados dos pedidos de informes para debatir dónde se solicitaba al Poder Ejecutivo que explicara quiénes viajaban en el Cessna 750 Citation X en el que llegó el venezolano Guido Alejandro Antonini Wilson con el ya famoso maletín con los dólares.
Con el correr de las horas se supo que ese avión había sido alquilado por ENARSA y que, entre otros, en él viajaba también Ezequiel Espinoza, presidente de esa empresa.
El debate en el Senado comenzó cuando el radical Ernesto Sanz presentó el pedido de informes en el recinto donde se requería la información a la Dirección Nacional de Migraciones.
«Se trata de un gran escándalo político, porque entre los participantes del viaje hay un altísimo funcionario del gobierno, Claudio Uberti, encargado del ente regulador de las autopistas, y muy vinculado al ministro de Planificación Federal», dijo Sanz en el recinto.
El pedido fue rechazado inmediatamente por el kirchnerismo, pero fue respaldado por Adolfo Rodríguez Saá, quien no sólo consideró como «muy grave» el episodio, sino que también aprovechó para protestar contra las felicitaciones anticipadas de Hugo Chávez a un supuesto triunfo de Cristina Kirchner en las elecciones de octubre: «Se mete en las cuestiones argentinas como si fuera un ciudadano argentino más», dijo Rodríguez Saá, abriendo el camino para que Sanz tomara también ese punto: «En los dos días que estuvo acá, Chávez no se privó de meterse en las cuestiones locales», le agregó el radical.
Ese día, curiosamente, Cristina Kirchner había llegado temprano al Senado. Hacía tiempo que la senadora no concurría, atareada por el trajín de la campaña. La luz en el panel indicador de presencia de los legisladores confirmó hacia las 16 que ella estaba en su despacho. Pero cuando llegó el momento del escándalo, no apareció en el recinto. Quedaron como testigos de su frustrada presencia la carpeta personal de proyectos sobre la banca y la clásica botella de agua mineral Nestlé que sus secretarias siempre le acercan.
Por eso, como siempre, Pichetto puso la cara por el oficialismo para explicar lo inexplicable: se opuso al tratamiento sobre tablas de ese pedido de informes argumentando que «es un tema puramente de carácter policial y judicial, las autoridades aduaneras actuaron conforme a derecho y a la ley, y se ha puesto en marcha una investigación judicial».
Casi infantilmente insistió: «Si en ese vuelo estuvo presente un funcionario del gobierno nacional, tendrá que hacer una aclaración». No sabía Pichetto que para ese momento la empresa ENARSA ya estaba emitiendo un comunicado no sólo reconociendo oficialmente lo que Ambito Financiero adelantó ayer, es decir la presencia de Claudio Uberti, interventor del Organo de Control de Concesiones Viales, sino que el propio presidente de la empresa estaba a bordo y que el vuelo había sido contratado por él mismo.
El proyecto quedó entonces «reservado en mesa», es decir, para tratar al final de la sesión, aunque con más pronóstico de tratamiento.
Cuando sólo quedaba ese tema por tratar, Juan Estrada comenzó a leer el proyecto. Un guiño de Pichetto bastó para que todos los senadores oficialistas comenzaran a salir del recinto haciendo caer el quórum. Nervioso por intentar impedir que ni siquiera se leyese la letra del pedido de informes, José Pampuro le insistía: «Estamos sin quórum, estamos sin quórum», pero Estrada no escuchó y terminó de leer. Segundos después no quedaba nadie en el recinto.
En Diputados, mientras tanto, el radical Miguel Giubergia intentó aprobar un proyecto similar. «El gobierno deberá responder con el nombre y apellido del ciudadano venezolano que intentó introducir 800.000 dólares de contrabando a la República Argentina; nombre y apellido de los restantes miembros que componían el pasaje del avión privado en el que arribó a nuestro país el ciudadano venezolano», decía ese pedido.
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