El Congreso posterga dictamen sobre Pou

La Bicameral que analiza la conducta del directorio del Banco Central frente al control del lavado de dinero y el cierre de algunos bancos podría demorar la emisión del dictamen final, donde recomendará a Fernando de la Rúa remover o no a Pedro Pou de su cargo, al menos unos 10 días más. Ayer los diputados y senadores que la integran volvieron a reunirse después de más de tres semanas de inactividad y se dedicaron a analizar la información que recién ahora les giró la Corte Suprema sobre las causas abiertas contra miembros del directorio del Central. Además recibieron un nuevo informe de Pou en 3 carpetas y un anexo donde se compila toda la presentación que el jefe del Banco Central hizo ante la comisión hace más de un mes.

Ayer Mario Losada confirmó que la semana próxima podría conocerse el «consejo» de la Bicameral al Presidente. Pero en medio de eso, los legisladores detectaron un problema. Es tan confusa la situación de las causas que envió la Justicia que podrían dejar de lado esa prueba por imposibilidad de analizarla. Además, en pocos días Losada deberá hacerse cargo de la presidencia por el viaje que De la Rúa tiene previsto a Canadá para concurrir a la reunión de la ALCA. Si no llegan a tiempo, y esto jugaría como una excelente excusa, la decisión final deberá esperar a la vuelta del Presidente, cuando Losada pueda abocarse nuevamente al trabajo de la Bicameral.

En realidad, la reunión de ayer de la comisión especial no fue tal ya que concurrieron sólo Baglini y Losada, mientras que el peronista Carlos Verna y los radicales Alcides López y Víctor Peláez no volvieron de sus provincias.

Así, entre los únicos dos presentes revisaron a vuelo de pájaro las 5.500 fojas que el pasado jueves envió la Corte Suprema y llegaron a una conclusión: la forma en que la Justicia les remitió esos expedientes --incluye-ron hasta ejecuciones fiscales contra y a favor del Central por temas que no están relacionados con esta investigación-hace prácticamente imposible encontrar todos los delitos penales que se investigan en relación con los directores del Central. Este dato, más los 47 días que pasaron desde que se pidió la información desde el Congreso, hicieron que Losada y Baglini le enviaran a la Justicia una nota pidiendo que por favor no colaboraran tanto y en un tono de protesta bastante alto.