El gobierno ahora buscará acortar mandato de auditores

Oscar Lamberto

Sin estridencias y casi en silencio, la Cámara de Diputados se dispone hoy a iniciar un cambio profundo en la Auditoría General de la Nación, que va desde el acortamiento de mandatos para los auditores a la fijación de nuevos plazos para la presentación de sus informes al Congreso, del que depende. Pero por encima de esos cambios el proyecto que debatirá hoy la Comisión de Presupuesto y Hacienda de Diputados aumenta el control del Parlamento sobre la AGN y los informes que ésta emite. La Auditoría es hoy, a pesar de sus falencias, el único órgano de control externo del Estado, aunque sus análisis tengan lugar después de que se hizo el gasto con fondos públicos. La Sindicatura General de la Nación -otro organismo, que analiza el gasto antes de que se realice-se encuentra cuestionada en su transparencia, inclusive desde el exterior, después del nombramiento allí de Alessandra Miniceli, esposa de Julio De Vido.

La AGN, que en ocasiones provoca dolores de cabeza al poder de turno (cada vez más esporádicos, es cierto), está conformada por siete auditores y con mayoría de la oposición, que designa al presidente. Esos miembros duran hasta ahora ocho años en el cargo y desde esta ley pasarán a cuatro.

En esa categoría quedarían alcanzados por ahora tres auditores: César Arias, Mario Fadel y Horacio Pernasetti, todos tienen mandatos que vencen en diciembre y por lo tanto deben ser reemplazados. En abril de 2008 se les sumará Alfredo Fólica, que al igual que Pernasetti representa al radicalismo. En todos los casos los nuevos auditores comenzarán mandatos de cuatro años y podrán ser reelegidos.

En dos de esos puestos a renovar en diciembre la velocidad de la realidad política argentina pudo más que los partidos a los que representan.Por ejemplo, Fadel ingresó a la Auditoría por el Frepaso, partido que hoy no existe y está fusionado en parte con el kirchnerismo y en otra con el ARI. El caso de Arias es similar: ingresó representando al menemismo y, por lo tanto, hoy está con representatividad cuestionada.

Proyecto

Esos casos fueron suficientes para que el oficialismo avanzara en una reforma de la Ley de Administración Financiera del Estado y los Organos de Control, que rige a la Auditoría. Con la firma de Oscar Lamberto, Alberto Balestrini, Agustín Rossi y Patricia Vaca Narvaja -imposible pedir más apoyo oficial para un proyecto-se avanza así sobre la estructura de la AGN cuando, además, no pasa por su mejor momento en cuanto a la actividad de control.

La explicación que se dio para la necesidad de acortar mandatos fue la de adecuar esos puestos a lo que establece la Constitución. «La duración de mandatos era de ocho años cuando el Presidente tenía seis años y los senadores nueve; ahora no tiene sentido mantenerlo así. Esto es una mera adecuación a la Constitución», decía ayer Lamberto.

La estructura de la Auditoría exige que tengan representación allí mayoría y minoría en partes iguales con un presidente designado por la oposición -el cargo lo ocupa ahora Leandro Despouy por el radicalismo-, que garantice que el gobierno de turno no tenga mayoría a la hora de tomar decisiones.

El reglamento de la Auditoría General y el nombramiento de sus miembros nunca fue un tema pacífico. Por eso es que la principal crítica que aparece en escena es precisamente ésa: no es sano que se haga coincidir el mandato del presidente de la Nación con el de quienes deben controlar las cuentas del Estado, cuando en realidad deben ser poderes absolutamente independientes.

El proyecto también le fija parámetros a la Auditoría sobre las técnicas para aplicar en las investigaciones a llevar adelante. Por ejemplo, se incorpora el «control de gestión de resultados»: «Está siendo un tipo de auditoría muy necesario para que el Congreso de la Nación pueda tener información no sólo sobre el correcto cumplimiento de las normas sino especialmente sobre los efectos de la aplicación de los fondos públicos para el mejoramiento del bienestar de la población y la consolidación de las instituciones de la República-», dicen los considerandosdel proyecto.

Por eso es que se justifica el cambio en que «se hace necesario que el Congreso de la Nación, usuario primordial de los informes, establezca lineamientos generales ... el volumen de información contenida en los informes de auditoría es de tal magnitud que es necesario establecer criterios de exposición de las mismas», dice el proyecto.

Curiosamente, se introduce un cambio que, aunque se cumpla hoy, no estaba incorporado a la Ley de Administración Financiera: el presidente de la Auditoría «será designado a propuesta del partido político de oposición con mayor número de legisladores en el Congreso a través de una resolución conjunta de los presidentes de las Cámaras de Senadores y de Diputados». La actual redacción del artículo no contemplaba el rol de elector de la oposición.

Entre los cambios también se insistió en modificar los plazos. La Comisión Mixta Revisora de Cuentas del Congreso, de la que depende la Auditoría, deberá girarle al organismo en un plazo no mayor de tres días la Cuenta de Inversión de cada año que envíe el Poder Ejecutivo y a su vez no demorar más de ese tiempo en remitir el posterior informe de la AGN a la Secretaría de Hacienda para que presente cualquier aclaración. Además, antes del 1 de mayo de cada año el Congreso deberá aprobar la Cuenta de Inversión del penúltimo año y caso contrario explicar por qué no puede hacerlo. La historia argentina es rica en fracasos en ese punto: en algunos momentos existieron demoras de más de 10 años en aprobar esa rendición de cuentas que debe presentar el gobierno.