“Queremos proteger trabajadores informales y particularmente jóvenes y también a las empresas, particularmente a las pymes que son las que más demandan mano de obra”. Así lo señalaron altas fuentes del Gobierno a Ámbito al referirse al sentido del proyecto de modernización de la legislación laboral que este jueves envió el Poder Ejecutivo al Congreso.
El Gobierno defiende la reforma laboral: "Beneficia principalmente a los jóvenes y a las pymes"
El presidente Javier Milei tiene como objetivo que sea aprobada antes de fin de año. La CGT se opone, pero en el oficialismo hay optimismo y afirman que beneficiará a los trabajadores.
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Precisaron que más de la mitad de la masa de trabajadores tienen menos de 35 años y no están formalizados, en lo que constituye “una deuda del Estado argentino de brindarles un sistema jurídico que incentive empleo”.
De acuerdo con la evaluación oficial, el actual régimen “es imprevisible y por lo tanto excesivamente litigioso y judicializado”. Se considera además que está formado por reglas que tienen muchos años – en algunos casos tantos como 50 – que fueron necesarias en su momento para proteger a los trabajadores pero que “hoy les terminan jugando en contra porque constituyen un sistema rígido y desactualizado que desincentiva el empleo”.
Incentivos
“Queremos marcar la cancha, que los empleadores se sientan tranquilos para salir a contratar gente. Queremos reducir la industria del juicio y establecer reglas claras para fomentar la formalización y otorgar incentivos para las inversiones en el marco de un sistema laboral acorde a nuestros tiempos”, señaló a este medio uno de los funcionarios que participó en la redacción del proyecto.
Tras recordar que hace diez años que no se crea empleo formal en el país, las fuentes señalan que el presidente Javier Milei “nos ha pedido una reforma laboral que resuelva este problema” y precisan que es necesaria como paso previo a la “resolución del problema previsional que sólo se va a poder abordar cuando solucionemos la informalidad laboral”.
Explicaron que la reforma consiste en cuatro capítulos referidos a cómo crear más empleo, con mejores salarios, con menos litigios – un costo que terminan pagando tanto el trabajador como el empleador- y con una baja de impuestos a la producción.
En lo concerniente a la generación de empleo, se destaca la caída de la ultraactividad. Al respecto, se aclara que, si las partes están de acuerdo, pueden seguir los convenios, pero como muchos están desactualizados se considera necesario “que haya una instancia de negociación que permita modernizarlos”.
También se destaca la prelación de los acuerdos inferiores sobre los superiores. Desde este punto de vista, se apunta a combatir la “centralización de la negociación salarial en Buenos Aires imponiendo condiciones al interior”. Se considera que de esta forma se federaliza el trabajo y se abren nuevas posibilidades de empleo en las provincias, razón por la cual – aseguran- la iniciativa fue bien recibida por los gobernadores.
El proyecto también facilita la conformación de sindicatos de empresas, “que es una forma de acercar la representación a los trabajadores”.
Se complementa con un régimen de incentivo a la formación laboral consistente en que, cuando las empresas incrementen la nómina salarial, “recibirán una baja impositiva en la contratación muy significativa que, junto con la posibilidad de blanquear, significará un aumento en la cantidad de trabajadores”.
“El Estado tomó la decisión deliberada de bajar la carga fiscal sobre el salario, en momentos en que el trabajador cobra poco y el empleador paga mucho. Al respecto, se reducen tres puntos las cargas para constituir el Fondo de Asistencia Laboral para litigios”, según señalan las autoridades. Se trata de un fondo que se utilizará para atender indemnizaciones, beneficiando particularmente a las pymes que son las más vulnerables ante posibles fallos judiciales adversos. Los montos se depositarán en fondos privados regulados por la Comisión Nacional de Valores.
Las fuentes señalan que con esta iniciativa se atiende especialmente una demanda de los jóvenes que “quieren producir, ya sea como empleadores o como trabajadores relación de dependencia o autónomos”.
Además de señalar que todas las opiniones fueron escuchadas al momento de redactar el proyecto, en el Gobierno remarcan que “las sociedades que más progresan son las que generan más empleo privado por sobre el público”.
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