La reforma laboral que impulsa el Gobierno elimina una normativa clave sobre el teletrabajo

La medida ingresó al Congreso para debatirla en las sesiones extraordinarias. El oficialismo pretende aprobarla antes de que termine el año.

La reforma laboral suprime una normativa sobre el teletrabajo.

El gobierno de Javier Milei incluyó dentro de su proyecto de reforma laboral una medida que modifica de raíz el esquema legal del trabajo remoto. El texto enviado al Congreso estableció la derogación total de la Ley 27.555, es decir, la normativa que reguló el teletrabajo desde su sanción durante la pandemia.

El Título XXVI del proyecto dispuso que la ley que fijó criterios para el home office quedara sin efecto, junto con todas sus modificaciones posteriores.

La propuesta oficial planteó que, en adelante, las tareas desarrolladas fuera de los establecimientos físicos se rijan por la nueva Ley de Contrato de Trabajo surgida de esta reforma y por acuerdos directos entre empleadores y trabajadores.

Qué artículos perderán vigencia

La decisión del Gobierno implicó que desaparezcan las figuras específicas que hasta ahora regían para quienes desempeñaban tareas remotas. Entre los puntos que dejarán de existir se encuentran el derecho a la desconexión digital, la reversibilidad para volver al esquema presencial y las reglas sobre provisión de equipamiento o compensación por el uso de herramientas propias.

La normativa derogada se había aprobado en un contexto excepcional, cuando la pandemia obligó a miles de empresas a reorganizar sus equipos y trasladar gran parte de sus operaciones al trabajo a distancia. En ese escenario, el Congreso definió un marco regulatorio con el objetivo declarado de preservar derechos laborales durante un cambio abrupto en la modalidad productiva.

La reforma laboral se debatirá durante las sesiones extraordinarias.

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La eliminación del régimen vigente dejó expuesto un contraste con las declaraciones públicas del ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, quien aseguró días atrás que la reforma “no quitaría derechos”.

El proyecto difundido por el Ejecutivo incluyó, sin embargo, la supresión de beneficios que regían exclusivamente para la modalidad remota, lo que abrió un nuevo foco de tensión con el sindicalismo y sectores de la oposición.

Según confirmaron fuentes oficiales, la intención del Gobierno es reemplazar la actual estructura normativa por un modelo “flexible”, basado en convenios celebrados entre empleadores y trabajadores, y sin exigencias predeterminadas para quienes desempeñen tareas desde sus hogares.

Las claves de la reforma laboral que busca implementar Javier Milei

El proyecto busca, entre otros objetivos, flexibilizar las condiciones para contratar y despedir personal a la par de limitar el ejercicio del derecho a huelga. Entre las claves de la reforma que busca llevar adelante el Gobierno, se pueden enumerar las siguientes:

• Reducción de aportes patronales. El proyecto baja contribuciones que pagan los empleadores al sistema de seguridad social y obras sociales para incentivar la generación de empleo.
• Nuevo sistema para indemnizaciones. Se crea el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), financiado por un 3% de aportes del salario del empleado para pagar indemnizaciones por despido, separándolo de los aportes tradicionales.
• Se prevé una reducción del cálculo indemnizatorio excluyendo aguinaldo, vacaciones y premios del conteo final, tomando un promedio salarial en lugar del salario más alto, y habilitando el pago en cuotas.

• Cambio en el cálculo de indemnizaciones. Ya no se incluirían conceptos como vacaciones, aguinaldo, propinas o premios al calcular indemnizaciones, lo que tiende a reducir su monto.

• Período de prueba. El texto señala que el contrato de trabajo por tiempo indeterminado se entenderá celebrado a prueba durante los primeros seis meses de vigencia.

A su vez, sostiene que cualquiera de las partes podrá extinguir la relación durante ese lapso sin derecho a indemnización. Así, el empleador no podrá contratar a un mismo empleado más de una vez utilizando el período de prueba.

• Flexibilización de las vacaciones. Se permitiría fraccionar las vacaciones en partes más cortas (mínimo de 7 días).

• Modificaciones a la jornada laboral. El proyecto habilita ampliar hasta 12 horas diarias de trabajo con descansos mínimos y crea mecanismos como bancos de horas para compensar horas extra con tiempo libre.

• Salarios y “salario dinámico”. Se define qué se considera salario y se habilitan pagos por productividad o mérito, que podrían negociarse por empresa o colectivo. Los sueldos se podrán pagar en pesos o moneda extranjera, pero también en alimentos, especie o viviendas. Actualmente solo se puede abonar en pesos y se habilita hasta un 20% en especie. Se permiten negociaciones "dinámicas" que podrían condicionar las paritarias.

• Sindicato y retención de cuotas. Las empresas dejarían de retener automáticamente cuotas sindicales; esto solo podría ocurrir con autorización del trabajador.

• Convenios colectivos. Se elimina la ultraactividad (renovación automática de convenios) y se da prioridad a los convenios por empresa por sobre los de mayor ámbito.

• Limitaciones a huelgas y ampliación de servicios esenciales. Más actividades serían consideradas esenciales, con restricciones a asambleas y protestas, y sanciones por bloqueos o tomas en el lugar de trabajo.

• Beneficios fiscales a empresas. Incluye reducciones en impuestos (como Ganancias) y eliminación de algunos tributos para fomentar la inversión y contratación.