El Poder Ejecutivo Nacional envió al Congreso de la Nación cuatro proyectos de ley de Seguridad para abordar de manera integral la lucha contra la criminalidad organizada en la Argentina.
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Para un abordaje integral del crimen organizado, las normativas de una nueva Ley Antimafias y la creación de un Registro Nacional de Datos Genéticos.
Nuevas leyes contra las organizaciones criminales.
El Poder Ejecutivo Nacional envió al Congreso de la Nación cuatro proyectos de ley de Seguridad para abordar de manera integral la lucha contra la criminalidad organizada en la Argentina.
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El conjunto de herramientas normativas incluye: una nueva Ley Antimafias, la creación de un Registro Nacional de Datos Genéticos, la incorporación del concepto de reiterancia y modificaciones a la unificación de condenas, concurso de delitos, legítima defensa y cumplimiento del deber.
Estas medidas, que el Gobierno Nacional considera fundamentales para terminar con el crimen en todas sus formas llevan la firma del presidente Javier Milei, el jefe de gabinete de ministros, Nicolás Posse y de los ministros de Seguridad y Justicia, Patricia Bullrich y Mariano Cúneo Libarona respectivamente.
La nueva Ley Antimafias apunta contra las organizaciones criminales y se diseñó para aplicarla a varios delitos.
“La ley contra las organizaciones criminales, cambia de cuajo el modelo que hoy significa que vayamos agarrando hormiguita por hormiguita. Ahora vamos por el hormiguero”, graficó Bullrich cuando presentó en marzo de 2024, el proyecto en Casa Rosada.
Este instrumento, a grandes rasgos, contempla cuatro aspectos claves:
Se propone ampliar el alcance del actual Registro Nacional de Datos Genéticos vinculados a Delitos contra la Integridad Sexual, que funciona en la órbita del Ministerio de Justicia, con la creación del “Registro Nacional de Datos Genéticos vinculados con la investigación criminal”, en el ámbito del Ministerio de Seguridad de la Nación. Así, se extiende el registro a todos los delitos y no únicamente a los cometidos por ofensores sexuales.
Se prevé poder comparar las huellas genéticas que se obtengan en la escena del hecho con el perfil genético de los imputados y condenados, agilizando así todos los procesos para alcanzar Justicia.
Considerando que en muchas oportunidades, los efectivos de las fuerzas de seguridad se han visto inhibidos de actuar ante la posibilidad de resultar imputados, el proyecto del ley apunta a la actualización del Código Penal en varios aspectos: pone la mirada en la víctima de los delitos y en su derecho a repeler los ataques y en el resguardo legal dentro del cual las fuerzas del orden puedan actuar en cumplimiento de su deber sin comprometer su carrera.
“Desde esta mirada, la legítima defensa es un derecho de las personas que proviene de su derecho a la vida y a la integridad, ante una situación que las pone en riesgo”, señalan los fundamentos del proyecto.
Además se amplía el marco legal vigente para resguardar al que se defiende de quien escala el muro de su hogar, situación que exigía que esto se hubiera producido solo durante la noche, ahora se extendería a cualquier hora del día y no solo en el hogar, sino también en el trabajo, como podría ser una oficina, comercio o establecimiento.
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