La ley 27.272 es resistida por la mayoría de los magistrados, que la consideran impracticable.
El Gobierno promulgó este jueves la ley de flagrancia, con el objetivo de que se juzgue con mayor celeridad a delincuentes aprehendidos en el momento de cometer el delito, lo que comúnmente se denomina "in fraganti".
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En paralelo, la Asociación de Magistrados emitió un duro comunicado en el que destacaron que "se evidenciaron múltiples inconvenientes derivados de la falta de previsión logística" y volvieron a reclamar una revisión de recursos antes de llevarla a la práctica.
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