El Ministerio de Seguridad Nacional confirmó que el sistema opera al 106% de su capacidad y advirtió que todavía hay más de 4.000 detenidos esperando cupo. La medida fue oficializada en el Boletín Oficial.
El Gobierno nacional extendió por otros dos años la emergencia penitenciaria federal ante la persistencia de la sobrepoblación carcelaria y la falta de plazas disponibles en el sistema. La decisión fue formalizada mediante la Resolución 439/2026 publicada este jueves en el Boletín Oficial.
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La medida, firmada por la ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva, prorroga la emergencia que había sido declarada originalmente en 2019 y renovada posteriormente en 2022 y 2024.
Según datos oficiales, el Servicio Penitenciario Federal (SPF) aloja actualmente a 12.248 personas privadas de la libertad, pese a contar con una capacidad operativa de 10.932 plazas. De esta manera, el sistema funciona al 106% de ocupación.
Desde el Gobierno señalaron que esta situación afecta tanto las tareas de custodia como los procesos de reinserción social de los internos. Además, precisaron que el 61,83% de las personas alojadas ya cuenta con condena, mientras que el 38,17% permanece detenida bajo proceso judicial.
Entre diciembre de 2023 y marzo de 2026 ingresaron al sistema federal 15.041 detenidos. Del total, 4.695 quedaron a disposición de la Justicia Federal, 9.675 de la Justicia Nacional, 418 de la Justicia Penal Contravencional porteña y 253 de tribunales provinciales.
A pesar del nivel de ocupación actual, el Ministerio de Seguridad Nacional informó que todavía hay otras 2.657 personas detenidas por causas federales y 2.416 vinculadas a la Justicia ordinaria de la Ciudad de Buenos Aires esperando ser incorporadas al sistema penitenciario.
La resolución también advierte que el SPF continúa alojando a 5.983 detenidos vinculados a causas de la Justicia porteña, lo que representa el 48,85% de toda la población penitenciaria federal.
En ese marco, el Gobierno atribuyó parte del problema a la falta de traspaso de la Justicia Penal Ordinaria al ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, situación que -según sostienen- limita la disponibilidad de plazas para detenidos federales.
Como parte de las medidas implementadas para reducir la presión sobre el sistema, las autoridades destacaron el avance del Programa de Asistencia de Personas Bajo Vigilancia Electrónica. Desde abril de 2024 se incorporaron 1.291 personas al esquema y actualmente se supervisan 1.503 arrestos domiciliarios mediante dispositivos electrónicos.
En paralelo, el Ejecutivo remarcó la inauguración de la Unidad 36 de Coronda, en Santa Fe, y la habilitación de nuevas plazas en el Complejo Penitenciario Federal V de Senillosa. Sin embargo, reconocieron que esas incorporaciones todavía resultan insuficientes frente al crecimiento de la demanda.
El Gobierno también informó que continúa la construcción del Complejo Federal de Condenados de Agote, en Mercedes, con un avance superior al 72%, y reiteró la intención de avanzar con el traslado del penal de Devoto a Marcos Paz.
Según precisaron, si finalmente se concluye la cárcel de Marcos Paz, el sistema federal sumará alrededor de 700 nuevas plazas, lo que permitiría mejorar el flujo de ingresos y egresos de detenidos.