En el inicio de la sesión, la Cámara alta aprobó un proyecto de Declaración para rechazar la política migratoria de España.
El Senado dio media sanción a un proyecto que elimina el Registro Nacional de Armas (Renar) y modifica la legislación vigente en esa área y a otro que restringe la actividad de los desarmaderos.
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En una sesión que duró poco más de tres horas, la oposición aprobó 35 votos positivos contra 27 negativos del oficialismo el proyecto que crea una Autoridad Nacional de Control de Armas reemplazaría al Renar.
La titular de la Comisión de Justicia, Sonia Escudero, afirmó que "la autoridad de aplicación es un tema central" y afirmó que con este proyecto "se sale del simple registro, porque esta es una autoridad nacional de control".
La principal crítica de Escudero al Renar es que en él participan "comerciantes y fabricantes de armas", algo que el proyecto sancionado por la Cámara alta prohíbe.
Además, el proyecto modifica la regulación vigente al incorporar artículos que prohíben la tenencia de armas para personas que tengan antecedentes de violencia familiar, exigen certificado médico y obliga al solicitante a demostrar su "idoneidad en el manejo de armas".
El jefe del bloque oficialista, Miguel Ángel Pichetto, fundamentó la oposición de su bancada a este proyecto al señalar que "la ley vigente establece un esquema muy exigente de requisitos para el tenedor de armas, porque debe acreditar circunstancias objetivas que justifiquen la tenencia".
Además, el senador oficialista Fabio Biancalani aseguró que los controles del Renar funcionan de manera adecuada y que en los últimos años se ha reducido la cantidad de licencias otorgadas por ese organismo.
Por otra parte, el proyecto sobre desarmaderos por 61 votos a favor y uno en contra de la senador de la Coalición Cívica, María Eugenia Estenssoro.
El proyecto no prohíbe la actividad de estos negocios pero establece penas severas para quien no cuente con una autorización para esta actividad y también para quienes vendan o compren autopartes que no acrediten la legitimidad de su origen.
En este sentido, establece una pena de seis meses a dos años para el que compre o venda partes en locales no autorizados y de uno a seis años para quien no pueda justificar la procedencia legitima del stock, aunque el negocio esté autorizado.
Pichetto criticó este proyecto porque difiere de la iniciativa original presentada por él, en la que proponía la prohibición en todo el territorio nacional de la actividad de los desarmaderos, aunque de todas forma, su bloque votó a favor.
Además, la Cámara alta aprobó una declaración de repudio al "trato de ciudadanos argentinos" en los aeropuertos españoles, donde ya dos docentes fueron demoradas y enviadas de vuelta al país, mientras que una de ellas perdió un embarazo durante lo que denunció como un "maltrato" de las autoridades.
Por otra parte, el Senado aprobó por unanimidad el pliego del dirigente kirchnerista Dante Dovena como embajador ante Uruguay, tras un tratamiento relámpago en el que no hubo ninguna disidencia por parte de los bloques opositores.
El ex diputado kirchnerista reemplazará a Hernán Patiño Meyer en la representación diplomática ante el vecino país, en momentos en que la Argentina y Uruguay buscan reconstruir la relación bilateral luego del conflicto por la papelera UPM (ex Botnia).
La oposición ya había manifestado el último martes, durante la reunión de Labor Parlamentaria, su acuerdo con la designación de Dovena, pese a que previamente había trabado el pliego.
El cambio de postura se produjo luego de que el radicalismo pidiera informes acerca de la situación judicial del ex funcionario, dado que había sido sumariado cuando integraba el directorio de Papel Prensa.
"Los informes fueron agregados y forman parte del estudio que realizó la Comisión de Acuerdos", manifestó el senador y titular de esa comisión Marcelo Guinle, quien advirtió que "no se han expresado disidencias a este dictamen de mayoría".
El pliego de Dovena estuvo congelado en la Comisión de Acuerdos durante varios meses debido principalmente al rechazo de la UCR, que había adelantado en algunas ocasiones que no prestarían su acuerdo al nombramiento.
Fuentes parlamentarias explicaron que el cambio del radicalismo se debió, en primer lugar, a que el informe judicial que la UCR había pedido sobre la situación de Dovena demostró que, si bien está sumariado, no está imputado por ningún delito.
En segundo lugar, se trata de una devolución de favores a Guinle, quien acompañó a la oposición en la votación de la ley de aumento jubilatorio y ahora pidió que el pliego del futuro embajador en Uruguay sea aprobado.
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