La senadora Cristina Fernández de Kicherner en el recinto.
La senadora Cristina Fernández de Kirchner, al defender hoy el proyecto de Ley que reglamenta el uso de los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU), afirmó que "pone en marcha algo a lo que todos (los gobiernos) le tenían miedo".
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"No tengan miedo, vamos a discutir todas las cosas que quieran en este Senado", indicó la senadora, al asumir la defensa del proyecto oficial en la sesión especial para reglamentar el uso de los DNU..
La Cámara de Senadores se encamina a votar esta noche el proyecto oficial.
La sesión la abrió la senadora Cristina Fernández y luego hizo uso de la palabra el legislador radical Rodolfo Terragno, en tono crítico.
De esta manera, el Senado dará un paso sustancial para cumplir con la sanción de una de las leyes derivadas de la reforma de la Constitución Nacional de 1994, que junto con la modificación de la ley de Coparticipación, son las más importantes que aún debe aprobar el parlamento.
Fernández de Kirchner, quien conduce la comisión de asuntos constitucionales, consideró que la no reglamentación del régimen legal de los DNU obedeció durante muchos años a que "ningún gobierno quería constituir" la Comisión Bicameral que debe controlarlos.
"La situación institucional de contralor siempre va a ser mejor para cualquier gobierno de turno, si la Comisión no estaba formada. Eso no es casualidad", sostuvo la titular de la Comisión de Asuntos Constitucionales.
El dictamen de la comisión de Asuntos Constitucionales que se debate en el recinto de sesiones fue diseñado en base a los proyectos de los jefes de las bancadas oficialista, Miguel Angel Pichetto, y de la UCR, Ernesto Sanz.
Para aprobarlo, el Frente para la Victoria contará con sus propios legisladores, pero también recibirá el apoyo del radicalismo que ya adelantó su consideración en favor de la norma que reglamenta la creación de la Comisión Bicameral Permanente que debe analizar los DNU antes de enviarlos al recinto.
Los Decretos de Necesidad y Urgencia son instrumentos que utiliza el Poder Ejecutivo Nacional "cuando circunstancias excepcionales hicieran imposible seguir los trámites ordinarios previstos por la Constitución para la sanción de las Leyes", siempre y cuando no se trate de normas que regulen "materia penal, tributaria, electoral o del régimen de los partidos políticos".
La norma regula la intervención del Congreso en los DNU, los de delegación legislativa y los de promulgación parcial de Leyes, dictados por el Ejecutivo.
El eje central del proyecto radica en que la Comisión Bicameral Permanente creada mediante esta Ley debe expedirse acerca de la validez o invalidez de los decretos y elevar el dictamen al plenario de cada Cámara para su tratamiento.
El Poder Ejecutivo, dentro de los diez días de dictado un decreto, lo someterá al tratamiento del Congreso.
En caso de que ello no ocurra, la Comisión se abocará de oficio a su tratamiento con un plazo de diez días hábiles para dictaminar y elevar la norma al plenario de ambas Cámaras.
El proyecto de la mayoría establece que, vencido el plazo sin que la Comisión Bicameral haya completado el trámite, las Cámaras se abocarán al "expreso e inmediato tratamiento" del decreto.
En el caso de que la Comisión sí haya dictaminado, el plenario está facultado para discutirlo en sesión.
En disidencia, el radicalismo propone establecer plazos inmediatos para la obligatoria discusión de los proyectos que serán incluidos "en el plan de labor parlamentaria de la sesión inmediata posterior" hayan tenido o no dictamen de la Bicameral.
El rechazo por ambas cámaras del Congreso del decreto de que se trate implica su derogación, quedando a salvo los derechos adquiridos durante su vigencia.
Con respecto a la Comisión Bicameral que tendrá a los decretos para su estudio, se establece que estará integrada por ocho Diputados y ocho Senadores "respetando la proporción de las representaciones políticas".
La presidencia es alternativa y corresponde un año a cada Cámara.
El proyecto unificado salda las diferencias entre los proyectos presentados por Pichetto y por Sanz.
El primero establecía que los DNU que no fuera tratado por el Congreso en un tiempo determinado quedaban habilitados.
Sanz, en cambio, en una postura similar a la mantenida por Fernández de Kirchner en un proyecto suyo del año 2000, rechazaba la sanción ficta.
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