Enfrían obispos polémica Baseotto

En plena polémica entre la Iglesia y el gobierno, el Presidente se hizo fotografiar ayer en Casa de Gobierno junto al obispo de Luján, Rubén Di Monte, y su auxiliar Oscar Sarlinga. Una imagen de distensión que se ampara en la enfermedad del Papa.

En lo que podría leerse como el primer gesto conciliador entre el gobierno y la Iglesia, el Presidente recibió ayer en Casa Rosada al arzobispo de Luján-Mercedes, monseñor Rubén Di Monte; y al obispo auxiliar, Oscar Sarlinga, ante quienes ratificó su compromiso de mantener los fondos que el Estado aporta para los trabajos de reparación de la basílica de Luján. Sólo para ese concepto se destinaron $ 4.905.267,41. El encuentro entre Kirchner y los religiosos se desarrolló en el marco de un nuevo convenio; esta vez para licitar las obras para la construcción de una autopista entre Luján y Mercedes.

Esa autopista -que unirá en un primer tramo las localidades de Jáuregui y Olivera- demandará una inversión de $ 82 millones.

En los últimos años, especialmente a partir del paso de Eduardo Duhalde por la presidencia, varios organismos de la Iglesia se vieron beneficiados por fondos para el mantenimiento de templos y obras pastorales.

• Punto muerto

El conflicto entre la Iglesia y el gobierno por la supresión del capellán Antonio Baseotto parecería haber ingresado desde ayer en etapa de punto muerto. De hecho, la misteriosa carta que el Vaticano envió en respuesta al decreto de Néstor Kirchner habría sido guardada bajo cuatro llaves hasta que se aquieten las aguas.

La primera explicación guarda íntima relación con la precariedad de la salud del papa Juan Pablo II, quien desde ayer comenzó a ser alimentado a través de una sonda nasogástrica. El delicado estado del sumo pontífice forzó a los miembros de la Iglesia argentina a pensar en buscar una salida diplomática al pleito, ya que actualmente no están dadas las condiciones para sostener un conflicto de esta naturaleza entre un país y el Estado Vaticano.

Una fuente de la Secretaría de Culto explicó a este diario que «el gobierno está esperando la respuesta del Vaticano al decreto que suprimió a Baseotto y se supone que es esa carta de la que tanto se habla, pero que todavía aquí oficialmente no hemos visto».

En el ámbito eclesiástico hay versiones encontradas: mientras algunos sugieren que los términos de ese texto recalentarían el conflicto al punto de forzar al gobierno a tomar una drástica decisión en torno al Obispado Castrense (eliminarlo, por caso), otros agitan la hipótesis de una Iglesia dividida que se debate entre defender a su obispo cueste lo que cueste o arribar a un cordial acuerdo entre las partes.

Hay, sin embargo, un parámetro para el fin de esta aparente neutralidad: el próximo 18 de abril, en San Miguel, los obispos del país se reunirán en Asamblea Plenaria y se descuenta que el tema Baseotto ocupará el primer lugar en las ponencias de varios prelados.

El temor a una decisión oficial en cuanto a la revisión de los subsidios que hoy recibe la Iglesia es otro nudo del conflicto. Por eso varios religiosos alineados con una postura menos conservadora argumentan que la polémica podría implicar algo más que la remoción de un obispo. Actualmente el clero recibe más de $ 13 millones que destina a sueldos de obispos, curas y becas de seminaristas. Eso gracias a un decreto firmado sobre la hora por el ex presidente de facto Reynaldo Bignone.