Enormidad para un sindicalista

José Pedraza

El gobierno seguirá adelante con su idea de expropiar el inmueble de la zona de Retiro, donde alguna vez funcionó el policlínico ferroviario, a un sindicato, a pesar de las denuncias de la oposición en el Senado que insiste en que ese edificio ya es propiedad estatal. Esa expropiación, dicen, encubriría una operación de $ 12 millones que el secretario general de los ferroviarios, José Pedraza, recibiría en pago por la expropiación y que lo salvaría de la quiebra.

Ese proyecto fue presentado al Senado, y después de dudas y protestas del radicalismo, despachado en la Comisión de Asuntos Constitucionales. En los próximos días debería llegar al recinto. Pero la historia comenzó hace un año cuando un decreto presidencial libró a Pedraza de tener que cumplir con el cargo de la donación original de 1944 de mantener en el predio un policlínico para ese gremio. De no hacerlo debía devolverlo al Estado.

Al cruce de ese intento oficial salió el radical Gerardo Morales el 21 de noviembre pasado con un proyecto totalmente opuesto: «Yo he planteado que el procurador del Tesoro inicie las acciones para recuperar el inmueble por incumplimiento del cargo de la donación. Lo que quieren hacer es pagarle $ 12 millones a Pedraza para que solucione los problemas que tiene con la quiebra. Ya hay denuncias del secretario general del sindicato del personal directivo sobre manejo irregular de fondos. Estamos hablando de un impresionante inmueble en lo que era Puerto Nuevo. Lo que quiere hacer el gobierno es darle esos $ 12 millones para que arregle sus problemas y el Estado puede recuperarlo gratuitamente», le dijo Morales a este diario.

Disposiciones

Ese proyecto, que ya fue girado a la Comisión de Asuntos Administrativos y Municipales dispone: dejar sin efecto la donación que hizo el Estado a los ferroviarios para la construcción del policlínico, instruir al procurador del Tesoro para que inicie acciones judiciales por incumplimiento del cargo de esa donación -por haber pasado ya 10 años desde que se dio de alta al último paciente en ese instituto y no haber devuelto entonces el predio al Estado- y que ese patrimonio vuelva al dominio público y, finalmente, que el inmueble sea transferido a la Corte Suprema para que decida el destino que quiera darle, aunque se sabe que es la construcción de la nueva morgue judicial.

El radicalismo está esperando que ese proyecto ingrese en la orden del día para preparar el debate -y las denuncias- que presentará en el recinto, al mismo tiempo que se trate la expropiación.

La historia del predio comenzó en 1936 cuando un senador jujeño, Benjamín Villafañe, presentó un proyecto para crear un hospital para los ferroviarios. Se otorgaron fondos y subsidios para construirlo en un predio del barrio de Belgrano. El hospital fue hipotecado por los sindicalistas de La Fraternidad y la Unión Ferroviaria y al caer en mora fue ejecutado.

Donaciones

En abril de 1944 el Jockey Club de Buenos Aires, «abuenándose» con los sindicalistas, lo que no evitó el incendio de su sede en abril de 1953, dona un terreno y fondos para construir el Policlínico Ferroviario Central. Al mismo tiempo el gobierno dona terrenos en la zona de Puerto Nuevo con el cargo de que allí funcione el sanatorio. Ese edificio se inauguró en 1954 y dejó de funcionar en los 90.

Pero el problema legal arrancó el 3 de junio de 1944 con un decreto que transfirió el inmueble a la Unión Ferroviaria y la Fraternidad. Otro decreto del 24 de enero de 1946 cancela esa transferencia dispuesta en 1944.
El laberinto jurídico del edificio sigue con una ley que hace votar Juan Domingo Perón en 1949 que ratifica todos los decretos anteriores menos el que dejó sin efecto la donación. Es en ese momento cuando el predio se le entrega a los ferroviarios.

La historia legal salta, entonces, al 9 de diciembre de 2005 donde un decreto de Néstor Kirchner decide levantar la obligación a los sindicalistas ferroviarios de cumplir con el cargo de la donación, es decir, utilizar el predio de Retiro para el policlínico, algo que no se cumple desde hace 10 años.

La primera objeción que hace la oposición de ese decreto ahora conocido es que no se puede liberar la disposición del inmueble a Pedraza por un decreto sino que es necesaria una ley, como la que ratificó en su momento la donación.

Bajo el justificativo de «en atención al tiempo transcurrido», se abrió entonces el camino para que el sindicalista pudiera disponer la venta del inmueble -como ya hizo ese sindicato con decenas de sus clínicas en todo el país atendiendo a dificultades económicas- en lugar de devolverlo al Estado por no cumplir con los requisitos de la donación.

Nadie sabía en ese momento, como explica Morales en el proyecto, que un año después iba a aparecer el propio Estado argentino como candidato a comprárselo mediante el sistema de expropiación para dedicarlo a la morgue judicial.

«Ese bien inmueble es «en potencia» un bien del Estado nacional, lo único que debe hacerse para que la potencia se convierta en acto, es ejercer el legítimo derecho de revocatoria que tiene el donante ante la falta de cumplimiento del cargo, si se quiere incumplimiento parcial», explicó Morales.

La denuncia en el Senado, que apunta a integrantes del gobierno, pone el énfasis en que la operación de compra forzada a Pedraza no tiene otro sentido que encubrir un subsidio para salvar a la Obra Social Ferroviaria «que se encuentra concursada y cuyo principal acreedor quirografario es el Ministerio de Salud de la Nación». Y para eso se declara el predio de Retiro de utilidad pública y sujeto a expropiación, de 7.837.37 m² y superficie cubierta de 26.508.10 m². Esa mole de nueve pisos estaría valuada en $ 12 millones, de acuerdo con su estado actual, que los sindicalistas recibirían en efectivo del Estado.