18 de enero 2007 - 00:00

Entre Ríos incomoda al país en La Haya

El vicegobernador de Entre Ríos, Pedro Guastavino, llegó ayer hasta la Casa Rosada dondecompartió un acto con Néstor Kirchner y Daniel Scioli. Luego se refirió al fallo de La Haya:«No vamos a desalojar la ruta por la fuerza», dijo.
El vicegobernador de Entre Ríos, Pedro Guastavino, llegó ayer hasta la Casa Rosada donde compartió un acto con Néstor Kirchner y Daniel Scioli. Luego se refirió al fallo de La Haya: «No vamos a desalojar la ruta por la fuerza», dijo.
A menos de una semana de que se conozca el fallo de La Haya sobre los cortes de ruta, el gobierno de Entre Ríos advirtió que no desalojará por la fuerza a los ambientalistas de Gualeguaychú y Colón ante una eventual resolución adversa para la Argentina. En ese sentido, el vicegobernador Pedro Guastavino recordó ayer que Néstor Kirchner en su momento manifestó que «no va a levantar su mano en contra de otro hermano argentino, en este caso el pueblo entrerriano».

«De ninguna manera vamos a desalojar la ruta a través de la fuerza, por más que salga el fallo», aseguró Guastavino tras participar de un acto junto a Kirchner en Casa de Gobierno, en representación de Jorge Busti, actualmente de vacaciones.

El vicegobernador, quien tiene una histórica afinidad con el primer mandatario y es oriundo de Gualeguaychú, afirmó sin embargo que «el fallo no es de cumplimiento obligatorio porque en realidad la Corte no tiene poder de hacerlo cumplir».

Sus declaraciones se contraponen a lo expresado por la jefa de la misión argentina ante el Tribunal de La Haya, Susana Ruiz Cerutti, quien dijo que lo que disponga la Corte habrá que «hacerlo cumplir» debido a que Uruguay puede llevar su queja al Consejo de Seguridad de la ONU. Además, desacatar la resolución de ese Tribunal pondría a la Argentina en una incómoda situación política internacional, sentando un precedente para nada alentador.

De todos modos hay dos aclaraciones que surgieron desde el propio gobierno entrerriano: no hay nada que indique que el fallo necesariamente aceptará el planteo de Uruguay para que se obligue a la Argentina a desalojar la ruta y por otra parte consideran que la misión del desalojo recaería en el gobierno nacional, ya que la ruta cortada es la 136, que lleva al paso binacional General San Martín, por lo que deberían intervenir la Justicia Federal y la Gendarmería, que está en su órbita.

Pero en las últimas horas fuentes oficiales federales dejaron trascender que un eventual desalojo de los asambleístas entrerrianos correspondería a la Policía provincial.

Más allá de eso, lo cierto es que no hay voluntad política ni del gobierno nacional ni del provincial de desalojar por la fuerza la ruta, en medio del cultivo político que hay en Entre Ríos de cara a las elecciones provinciales del 18 de marzo.

«La hoja de ruta es la profundización de la disuasión», sostuvo una fuente, que también apuntó que hay confianza en Paraná y en Balcarce 50 de que los asambleístas decidirán abandonar la medida más allá de las declamaciones habituales.

Las autoridades entrerrianas esperan que las organizaciones intermedias de Gualeguaychú, que hasta el momento respaldan el bloqueo presionen para cambiar la traza de la protesta ante un fallo contrario de La Haya.

De todas maneras los integrantes de la Asamblea Ciudadana de Gualeguaychú ratificaron ayer que no acatarán un fallo adverso y que no se retirarán de la zona del puente «por las buenas».

Sobre la Corte de La Haya y la validez de sus pronunciamientos, Guastavino afirmó: «Vivimos en un estado de derecho, en democracia, respetamos las instituciones y el Estado argentino acatará lo que diga la Corte».

No obstante, expresó su optimismo en que ese Tribunal «se declare incompetente» en el tema de los cortes de ruta, ya que ése «no es un tema que deba tratar».

Explicó que La Haya debe pronunciarse solamente en lo que respecta a «la violación al estatuto del río Uruguay» en que habría incurrido el país vecino.

Dijo luego que si bien la Cancillería «ha dicho que se acatará el fallo de la Corte», sostuvo que «la postura del gobierno nacional y de la provincia es clara: no se va a utilizar la fuerza para desalojar a los vecinos de Gualeguaychú».

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