Espionaje penitenciario: ordenan revisar el teléfono del ex director del Servicio Penitenciario Federal

Política

En una resolución, el juez de Lomas de Zamora, Juan Pablo Augé dispuso que se deberá realizar una extracción global de datos de su teléfono.

Emiliano Blanco, ex director del Servicio Penitenciario Federal (SPF) está en la mira por el espionaje ilegal que se habría cometido en las cárceles, el denominado “capítulo penitenciario”. La justicia ordenó ahora una extracción global de datos de su teléfono.

En una resolución, el juez de Lomas de Zamora, Juan Pablo Augé dispuso que se deberá realizar de nuevo “una extracción global y copiado de datos (UFED) respecto del teléfono celular de Emiliano Blanco”, toda vez que “ya fue posible cargar la batería del referido aparato”.

La medida se llevará a cabo el 1° de octubre, y fue encomendada a un experto de Gendarmería Nacional, según surge de la resolución.

El oficio dirigido al director del departamento de Forensía Digital de Gendarmería Nacional dispuso que se deberán obtener imágenes, “mediante la técnica que los expertos consideren pertinente, para realizar la correcta extracción de archivos de usuario (ofímática, multimedia, archivos comprimidos, etc.)”.

La extracción deberá realizarse “en consonancia con las reglas de buenas prácticas y tomando todos los recaudas necesarios para preservar la integridad de los medios de almacenamiento analizados”, pidió el juez Augé.

El juez activa el tramo de la causa relacionado con la vigilancia clandestina sobre exfuncionarios y empresarios que estuvieron detenidos en penales que fueron cableados.

En agosto el juez allanó el domicilio de Emiliano Blanco, entre otras medidas realizadas en ese tramo del expediente que había iniciado el anterior magistrado del caso Federico Villena.

Entre las víctimas del espionaje penitenciario se encuentran el ex ministro Julio De Vido, ex funcionarios como Roberto Baratta y Rafael Llornes, los empresarios Lázaro Báez, Gerardo Ferreyra, Cristóbal López y Fabián De Sousa, para citar a algunos que habrían sido espiados.

Según surge de las órdenes de allanamiento “funcionarios de las máximas jerarquías del Servicio Penitenciario Federal habrían llevado a cabo un plan para controlar y vigilar todos los movimientos, conexiones y actividades que desarrollaron las personas privadas de la libertad incorporadas por ellos al Programa IRIC (Intervención para la reducción de índices de corruptibilidad), que principalmente incluyó a ex funcionarios públicos imputados de haber cometido actos de corrupción. Tal mecanismo habría desviado su finalidad legal y se habría convertido en una fuente de información que luego era utilizada para distintos fines, y compartida presumiblemente a la Agencia Federal de Inteligencia”.

Además de Blanco, está en la mira Cristian Suriano, que era el jefe del Area 50 de Inteligencia, Miguel Angel Perrotta, ex jefe de Asuntos Internos, entre otros.

La semana pasada, el entonces asesor de Blanco, Fernando Carra pidió su sobreseimiento en la causa al desmentir los dichos de un testigo de identidad reservada que lo había apuntado como quien intentaba realizar las operaciones de “ablande” a detenidos del kirchnerismo para que se arrepintieran.

Para pedir su sobreseimiento, Carra citó la declaración testimonial de varios ex funcionarios que estuvieron presos y que ahora son querellantes en el caso.

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