El prefecto Franco Leandro Pini, quien espió y accedió de manera ilegal a los movimientos migratorios del presidente de la Corte Suprema Carlos Rosenkrantz y de la vicegobernadora Verónica Magario, entre otros, quedó procesado y embargado en la causa por espionaje que se lleva adelante en Dolores.
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También espió al entonces socio de Rosenkrantz, Gabriel Bouzat, al Secretario Ejecutivo de la Asociación del Fútbol Argentino, Pablo Ariel Toviggino, al intendente de Merlo Gustavo Menéndez y al ex titular de Aduana Juan José Gomez Centurión, entre otros.
Se trata de una parte de la causa que investiga el juez Alejo Ramos Padilla en la que está preso el falso abogado Marcelo D´Alessio y en la que están procesados el fiscal Carlos Stornelli y el periodista Daniel Santoro.
Pini ingresaba de manera ilegal a los datos de la Dirección Nacional de Migraciones y los hechos imputados “sirvieron de insumo para la producción de inteligencia ilegal sobre algunas de las víctimas de la asociación ilícita, a partir de los cuales se confeccionaron informes, y se planificaron y desarrollaron planes más amplios de inteligencia y espionaje ilegal”, sostuvo el juez.
Concretamente, se verificó que Pini, “abusando de su calidad de funcionario público y de las atribuciones legales que en base a ello le fueron conferidas, obtuvo de manera ilegal información reservada que fue entregada a la organización criminal, y utilizada por ésta para distintas maniobras”.
Según consta en la causa, desde el 11 de enero de 2016 hasta el 01 de febrero de 2018, prestó servicios en el Departamento de Investigaciones, con el cargo de Jefe de Inteligencia Criminal. En dicho período Pini accedió indebidamente a los movimientos migratorios del ex titular de la Dirección Nacional de Aduanas, Juan José Gómez Centurión (el 10/02/2016); del Presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Carlos Fernando Rosenkrantz (el 25/07/2016) y de su antiguo socio previo a ser nombrado como Ministro del Máximo Tribunal del país, Gabriel Bouzat (el 25/07/2016); de la ex Intendenta del partido bonaerense de La Matanza y actual vicegobernadora de la misma provincia, Verónica Magario (el 13/08/2016); de los despachantes de aduana Juan Pablo Di Pierro (el 05/11/2016 y el 14/11/2016) y Gabriel Traficante (el 05/11/2016 y el 14/11/2016); y del Secretario Ejecutivo de la Asociación del Fútbol Argentino, Pablo Ariel Toviggino (el 18/04/2017).
Luego de ello, desde el 01/02/2018 al 28/01/2019, pasó a cumplir destino en la Delegación Zona Mar Argentino Norte, con el mismo cargo (Jefe de Delegación de Inteligencia Criminal). En dicho período accedió indebidamente a los registros migratorios del Intendente del partido bonaerense de Merlo, Gustavo Adolfo Menéndez.
Entre los documentos secuestrados en el registro de la vivienda de D´Alessio, se encontró un registro de movimientos migratorios correspondiente Gabriel Bouzat , ex socio del actual presidente de la C.S.J.N., en el que se encontraban resaltados en color rojo los viajes a Panamá y en amarillo aquellos con destino a Paraguay.
En el caso se encontraron pruebas que corroboraron que D´Alessio había realizado referencias puntuales acerca de estar investigando los viajes al exterior de los ministros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti.
Los registros migratorios habrían sido requeridos por el prefecto Pini en distintas oportunidades.
La maniobra de inteligencia ilegal al magistrado, la fecha en que se llevaron a cabo esas tareas fue cercana a la de su efectivo nombramiento en la Corte Suprema, ocurrido el 22 de agosto de 2016.
Por otra parte, Franco Pini obtuvo indebidamente a los datos de acceso restringido de la actual vicegobernadora de la provincia de Buenos Aires, Verónica Magario y del actual intendente del Partido de Merlo, Provincia Buenos Aires, Gustavo Adolfo Menéndez.
“Las investigaciones realizadas por el imputado sobre estos dos funcionarios públicos, nuevamente, no contaban con ningún tipo de autorización y fue realizada de forma paralela a cualquier actuación formal en el marco de sus funciones específicas, por lo que no cabe más que concluir que esas acciones formaron parte de actividades de inteligencia prohibidas”, indicó el juez.
Para el juez, a diferencia de todas las personas procesadas por el delito de asociación ilícita, no se detectó que Franco Leandro Pini tuviera una relación directa con alguno de los miembros de la organización.
“No se demostró que Pini tuviera vínculo directo o intercambios de mensajes con Marcelo D’Alessio ni ninguno de los otros miembros. Esta es una diferencia central, por ejemplo, respecto de los casos de Daniel Santoro, Carlos Stornelli u otros imputados que mantenían una relación estrecha, directa e intensa con solo algunos de los miembros, y sólo tenían una relación indirecta con los restantes”, comparó el juez.
Por eso lo procesó por acciones de inteligencia ilegal y abuso de autoridad de funcionario público, y lo embargó en un millón de pesos.