Estudian cerrar oficina ética y controles pasarían a los fiscales

El gobierno aceleró anoche los borradores de un proyecto de reforma a la ley de ministerios que elimina la Oficina Anticorrupción del Ministerio de Justicia y devuelve las funciones de contralor de la ética de los funcionarios a la hoy adormecida Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas.

Esa será la primera medida que propondrá el nuevo ministro de área (que sumará las tareas de Seguridad Interior), Juan José Alvarez, quien esta mañana jura en reemplazo del radical Jorge Vanossi en el Salón Blanco de la Casa de Gobierno. Durante el acto, que será a las 11, también ensayará un compromiso similar Miguel Angel Toma, quien asumirá en la SIDE en lugar de Carlos Soria. Todo un desafío: pretender que Toma jure algo (y lo cumpla, se entiende), y más en un cargo donde no debería tomársele la palabra a nadie.

Alvarez reemplazará a Vanossi para emprender las dos tareas que entiende Eduardo Duhalde más comprometen el último tramo de su gestión: el orden público y sus relaciones con la Justicia.

• La primera misión de Alvarez es cerrar la pelea del gobierno con la Suprema Corte, que ha redundado en un agravamiento de la crisis económica, al declarar ese tribunal la inconstitucionalidad del «corralito». Eso ha permitido un drenaje de los depósitos que ha impedido toda medida de recuperación económica.

• Ayer, Duhalde agasajó por vez primera a los miembros del tribunal en la residencia de Olivos, en un gesto que implica un giro novedoso en la gestión. No estuvo Alvarez porque aún no es ministro. Tampoco estuvo Vanossi, el hombre menos querido en la Corte, casi menos que Soria. A éste le atribuyen la organización del caceroleo que empeoró la imagen del máximo tribunal ante el público. Pero al radical lo creían propia tropa y nunca imaginaron que se convertiría en ariete del carrio-duhaldismo. El presidente designado ve, además, que se acortan los tiempos para su salida y que irse del poder peleado con la Justicia no es el mejor vaticinio de un retiro tranquilo como el que dice esperar Duhalde. Por eso, la cuestión Corte es algo personal que Alvarez debe solucionarle cuanto antes.

• En cuanto al orden público, el ascenso de Alvarez implica poner la seguridad en el nivel ministerial (algo que requerirá también una ley). Una forma de confrontar desde la administración nacional con el estilo garantista que le ha impuesto Felipe Solá a la gestión con el nombramiento de Juan Pablo Cafiero. Los muertos en el puente de Avellaneda y el tamaño de las protestas piqueteras del último mes endurecieron el gesto del propio Alvarez al aparecerle un competidor, en vereda paralela, en su rol de negociador con los activistas.

• Este punto es dramático para «Juanjo», que debe asegurar que la tranquilidad de protestas como la de ayer dure mucho. Con esa crueldad conurbana que suele caracterizar al duhaldismo, imaginó el nombramiento como secretario de Seguridad de un cafierista con casi iguales títulos que el hijo de Antonio. No logró, sin embargo, que Hernán Patiño Mayer cediese la embajada en Montevideo para confrontar con «Juampi» en un tema tan espinoso como la seguridad. El diplomático estuvo anoche en el despacho de Alvarez hasta última hora pero ningún argumento pudo convencerlo de aceptar el cargo.

• Con el rechazo de Patiño Meyer subieron de nuevo las acciones para ese cargo del diputado por Santa Fe Angel Baltuzzi, quien fue tanteado por Alvarez, pero hasta anoche seguía en lista de espera hasta que Patiño se quebrase. Tan poca suerte tiene el nuevo ministro con la designación del secretario de Justicia. El PJ del Senado presiona para que siga en el cargo el sanjuanino Guillermo De Santis, un hombre que tiene el aval de José Luis Gioja y sus satélites, algunos emparentados con el manzanismo que opera en los arrabales del gobierno.

• A esta complicación Alvarez agrega que asume un ministerio virtualmente quebrado. Las finanzas de Justicia se alimentaron siempre con los fondos de los llamados «entes cooperadores», entes semipúblicos que ayudan al Estado en el manejo de los registros de la propiedad inmueble y de auto-motores. Con parte de las gabelas cobradas por los entes se pagaban sueldos de funcionarios, pero ahora -con la caída de las ventas de autos y de casas-están en rojo. Eso pone la cartera en default y a Alvarez le es más difícil reclutar gente que lo acompañe.

• En la pelea por la eliminación de la Oficina Anticorrupción, Alvarez tendrá algo más de ayuda. Lo criticarán los opositores que van a acusarlo de quitarle transparencia al control de la ética ajena. Lo van a defender los peronistas del Congreso, que accedieron a esa creación por pe-dido del gobierno de Fernando de la Rúa pero mantuvieron la existencia de la Fiscalía con el argumento de que figura en la Constitución y que es más eficaz porque es un extrapoder sin dependencia del Ejecutivo, como ocurre con la OA. El peronismo hace hoy un balance negativo de la gestión de José Mazzoni al frente de esa oficina; creen que sirvió más que nada para dictaminar que hombres del anterior gobierno, como Enoch Aguiar, Nicolás Gallo o Jorge Kogan, podían ser funcionarios sin incurrir en las incompatibilidades de la Ley de Etica Pública. Carlos Menem llegó a bautizarla como «oficina antiperonista» y la comparó con las comisiones de persecución al PJ montadas en el '55 por la denominada Revolución Libertadora.

• Lo más importante es que, con la reapertura de la Fiscalía que hicieron famosa un Conrado Sadi Masue o un Ricardo Molinas, se abre la oportunidad de otro nombramiento. La Fiscalía permanece vacante desde la muerte de Jorge Pinzón y muchos hacen ya cola para disputarla.