El gobierno confía en que no tardará mucho hasta que la nueva jefa de la Comisión de Agricultura de los diputados aprenda algo respecto de esa actividad sobre la que deberá regular el debate legislativo. La pregunta que se hacían ayer en Casa de Gobierno es cuánto tardará Carmen Argibay, jueza de la Corte Suprema de Justicia nominada no sin ruido y polémica por el actual gobierno. En un reportaje que dio esta semana dijo, textualmente, sobre la cantidad de miembros de ese cuerpo: «La Constitución nacional indica que deben ser nueve y que la mayoría es de cinco sobre cuatro. Entonces, tendremos que estar los nueve, porque hay problemas para trabajar».
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En ninguno de los artículos de la Carta Magna, por cuyas garantías debe resolver la Corte en demandas en las que se juegan altísimos intereses del Estado y de particulares, se dice nada acerca de la cantidad de jueces que la integren. Eso depende de lo que cada Congreso decida por ley, y así las hubo de cinco miembros bajo el peronismo, de siete con Arturo Frondizi y de nueve con Carlos Menem.
Sería una inocentada creer que esta jueza fuera a afectar a algún querellante en la Corte por este tipo de afirmaciones -que le rectificaría alguno de los abogados que la asisten como secretarios-. Pero preocupa tamaño descuido cuando intenta participar en un debate político de la altura como es la integración del tribunal.
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