19 de enero 2007 - 00:00

Felipe Solá decretó estado de emergencia vial en la provincia

El gobernador Solá durante la presentación del nuevo Código de Tránsito.
El gobernador Solá durante la presentación del nuevo Código de Tránsito.
El decreto, que la Legislatura debatirá "en extraordinarias en febrero", será acompañado de una "campaña de prevención agresiva" y 500 oficiales especializados en seguridad vial.

La emergencia vial en la provincia de Buenos Aires fue decretada por el gobernador Felipe Solá, que modificó el Código de Tránsito bonaerense y creó una Justicia de faltas provincial que centralizará las infracciones de todos los municipios.

La medida, que funcionará hasta que la Legislatura apruebe el proyecto de ley respectivo, fortalece el Registro Unico de Infracciones de Tránsito (RUIT) e implementa los radares para controlar la velocidad en rutas y aplicar sanciones.

Durante una conferencia de prensa realizada en Capital Federal, Solá explicó la presentación del Mensaje 1602 a la Legislatura, que impulsa un nuevo Código de Tránsito para reemplazar la Ley 11.430 y generar un "cambio cultural".

El mandatario, acompañado por los ministros bonaerenses de Seguridad, León Arslanián, y de Infraestructura, Antonio Sícaro, destacó "la conmoción" que genera la cantidad de siniestros viales en la provincia y en todo el país.

Sobre los accidentes viales, Solá dijo que "es la cuestión que más muertes genera" en el país y aseguró que "las cifras argentinas son escandalosas".

La "problemática de accidentes viales, claramente agravada en estos meses de veraneo" no está circunscripta a la costa bonaerense, pero en el verano aumenta y hace que "nadie pueda escapar de la conmoción por la cantidad de accidentes viales".

Los siniestros de la primera quincena de enero en el país causaron 160 muertes y unos 300 heridos, en tanto que en una sola semana, del 2 al 9 de este mes, hubo 36 accidentes en rutas de la costa, casi los 38 producidos durante todo enero de 2006.

"La clave (del decreto) es la creación de la Justicia de faltas administrativa y provincial", aseguró Solá, pues hoy existe una justicia de faltas municipal que descentraliza el juzgamiento de infracciones -carencia de licencia, exceso de velocidad, estado del automóvil, alocoholemia, etcétera.

Las decisiones del nuevo órgano, que dependerá del Poder Ejecutivo provincial, serán inapelables y deberán estar listas en 48 horas tras la defensa realizada por el infractor, que por su parte tendrá 10 días tras cometida la falta para justificarse.

La Justicia provincial tendrá un "rango de acción más amplio. Va a tratar de no superponerse con la justicia municipal de faltas, pero va a tomar cualquier tramo de las rutas, sea un tramo urbano o un tramo rural", sostuvo el gobernador.

Esto se combina directamente con el intento de reforzar el RUIT, que aparecía debilitado porque muchos jueces municipales no le brindaban información suficiente sobre las multas labradas o entorpecían el control de infractores "reciclados", que cuando se les retira la licencia en un municipio sacan uno nuevo en otro.

"Buscamos fortalecer el RUIT. Teóricamente ese registro debe recibir información de los jueces municipales. En la práctica no siempre recibe esa información. Tenemos individuos que pueden tener objetado su registro en un municipio y pueden sacar la licencia en otro", señaló Solá.

También regresarán los radares, automáticos o semiautomáticos, y cámaras, que serán implementados desde este fin de semana, pero sólo generaran multas a partir de la instalación del nuevo tribunal de faltas provincial, que se espera que comience a funcionar al menos provisoriamente en dos semanas.

La medida empezará a aplicarse en las rutas de acceso a la Costa Atlántica (2, 63, 56, 74, 11 y 226 en un tramo cercano a Mar del Plata), pero "la idea es que se aplique a todas", inclusive a "los corredores viales que acercan a la gente a la Capital Federal", explicó el mandatario.

El decreto, que la Legislatura debatirá "en extraordinarias en febrero", será acompañado de una "campaña de prevención agresiva" y 500 oficiales especializados en seguridad vial.

"La idea es que se cree una cultura diferente, en la cual la gente sepa que si comete una falta, y esa falta es tomada, en 10 días está en problemas. Tiene que hacer un descargo o pagar una multa o inclusive puede perder la licencia. Esto último se decidirá legislativamente", sostuvo Solá.

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