Fiscal avaló la denuncia del Gobierno contra La Fraternidad

El fiscal federal Federico Delgado pidió investigar la huelga impulsada por el gremio "La Fraternidad", que encabeza Omar Maturano, tras la denuncia penal presentada por el Gobierno Nacional.

Fuentes judiciales informaron que Delgado presentó un escrito ante el juez Julián Ercolini, pidiendo abrir una investigación penal para deslindar si la huelga fue en el marco de la ley o bien excedió la misma.

La denuncia fue presentada el jueves por el ministro del Interior y Transporte, Florencio Randazzo. El Gobierno acusó a Maturano por el delito de "entorpecimiento de servicios públicos", previsto en el artículo 194 del Código Penal.

En la presentación, que quedó radicada en el juzgado federal número 10, a cargo de Ercolini, el ministro solicita que se investigue y se determinen las responsabilidades por la medida de fuerza dispuesta ayer por ese sindicato, a la que se califica de "ilegítima y/o paro salvaje" y que afectó a "aproximadamente 800 mil pasajeros".

Al relatar los hechos, señala que el martes pasado, el ministerio a su cargo dio a conocer la iniciativa de instalar cámaras de video en las cabinas de conducción de los trenes, en "un marco de protección a los trabajadores y pasajeros", similar a "los controles de alcoholemia", y que "no haya ningún tipo de dudas respecto de proceder de los operadores del sistema".

Señala que la primera cámara fue instalada en la formación "Chapa 11" de la línea Sarmiento, pero que no obstante de contar con el "checklist" que la habilitaba para prestar servicios, permaneció en el taller Castelar "como medida de fuerza del Sindicato de La Fraternidad, en rechazo" a la medida.

"Al mismo tiempo, dicha entidad gremial amenazó con implementar una medida de fuerza por este mismo motivo en todas las líneas de ferrocarriles del Área Metropolitana", agrega el escrito.

Al día siguiente, 3 de julio, "el mencionado sindicato decretó una huelga con el argumento de que no se había abonado en tiempo y forma el aguinaldo", en una "acción de fuerza que no tiene fundamento alguno porque está previsto desde antaño (hace 8 años)" que ese pago se realice "el cuarto día hábil del mes", y que efectivamente "percibieron" el jueves.

Destaca que "resulta manifiesto que esta medida de fuerza ilegítima y/o paro salvaje tiene en realidad otra finalidad, que es el rechazo a la instalación de cámaras filmadoras", lo cual "refleja el desinterés de este Sindicato en que se hagan efectivas las medidas de control que apuntan a mejorar la seguridad en el servicio público".

Más adelante, el escrito indica "la gravedad de dicha acción de fuerza ilegítima adoptada por el gremio que conduce Omar Maturano, se vio reflejada también en los destrozos protagonizados por un grupo organizado de personas, que obligaron a reforzar la seguridad policial" en la zona de la estación Constitución.

Tras hacer un relato detallado de las acciones realizadas "por los violentos, algunos con caras tapadas", se concluye que "la actitud desmedida desplegada por este Sindicato, sin dudas, impidió, estorbó y entorpeció el normal funcionamiento del transporte ferroviario, quedando en consecuencia encuadrado -entre otros- en lo previsto en el artículo 194 del Código Penal de la Nación".

Este artículo prevé hasta dos años de prisión para quien "sin crear una situación de peligro común, impidiere, estorbare o entorpeciere el normal funcionamiento de los transportes por tierra, agua o aire".