Silvia Majdalani y Gustavo Arribas, los dos jefes de la AFI involucrada en las maniobras de espionaje ilegal durante el Gobierno de Mauricio Macri.
En un comunicado titulado "Nunca más espionaje ilegal", el Frente de Todos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires manifestó "su profunda preocupación" y repudio a "la utilización de organismos de inteligencia del Estado, con participación de la Policía de la Ciudad, para la persecución ilegal de dirigentes políticos, periodistas, funcionarios y organizaciones sociales y de Derechos Humanos".
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"En 2012 Mauricio Macri, por entonces Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, fue imputado por asociación ilícita, abuso de autoridad y falsificación de documentos públicos, junto con las máximas autoridades de la Policía Metropolitana. La justicia entendió que el entonces Jefe de Gobierno, sirviéndose de la estructura de la Policía Metropolitana y de recursos del Estado había conformado una asociación ilícita que “pinchaba” teléfonos de dirigentes políticos de la oposición, sindicalistas, referentes sociales, dirigentes empresariales e incluso a miembros de la propia familia Macri, entre otros", cita el documento.
Luego explica: "En noviembre de 2016, en la Legislatura porteña se aprobó la ley 5.688 de “Sistema Integral de Seguridad Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, que dio origen a la estructura de la actual Policía de la Ciudad. Una nueva policía con perspectiva en Derechos Humanos", pero sostiene: "Hoy queda en evidencia que ese ideal de una policía diferente, se diluyó en las manos de quienes tenían -y aún tienen- la responsabilidad política-institucional de su conducción. Que en lugar de fortalecer el espíritu y sostener los principios con los que fue creada, la hicieron partícipe de una estructura ilegal, estatal y paraestatal, montada a través de la Agencia Federal de Inteligencia".
"Según las pruebas documentadas a instancias judiciales, la estructura delictiva se conformaba por miembros de la Policía de la Ciudad, narcotraficantes, barrabravas y servicios de inteligencia. Ellos recolectaban información que posteriormente clasificaban y entregaban a Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, responsables de la AFI, así como también a otros funcionarios de la máxima confianza de Mauricio Macri, con el objetivo de presionar y perseguir", describe.
También, el texto habla de la " gravedad política e institucional de los hechos que se investigan" al referirse al grado de sincronización entre los miembros y sus habituales visitas a Casa Rosada.
"Exigimos la mayor diligencia judicial, para que los responsables de estos hechos rindan cuentas; como también exigimos la interpelación al Jefe de Ministros, Felipe Miguel, y de todos aquellos funcionarios con responsabilidades ineludibles por su rol de gestión, quienes hasta el momento no han dado explicaciones, haciendo caso omiso a las diferentes citaciones y pedidos de informe solicitados desde este espacio político en la Legislatura porteña", sostiene.
Y finaliza: "Debemos decir “NUNCA MÁS” a estas viejas prácticas mafiosas, que a través de la utilización inescrupulosa del Estado, violenta el ejercicio democrático, poniendo en riesgo la vida y calidad institucional del país y la Ciudad".
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