Fuertes críticas a Macri por el veto al aborto

Mauricio Macri.

Organizaciones sociales y dirigentes políticos alzaron su voz contra el veto del jefe de Gobierno de la Ciudad, Mauricio Macri, a la ley de regulación de abortos no punibles, aprobada por la Legislatura porteña, y denunciaron que "se vuelven a vulnerar los derechos de las mujeres" y "se desconoce el ámbito democrático legislativo".

"El veto es desconocer el ámbito democrático legislativo donde se respetó el fallo de la Corte Suprema de la Nación, que dice que en caso de violación o cuando hay riesgos para la salud, la mujer puede acceder a un aborto no punible", dijo a Télam Dora Martínez, secretaria gremial de CTA Capital e integrante del equipo de género de la organización a nivel nacional.

La dirigente precisó que con el veto "Macri desconoce autoritariamente ese derecho de las mujeres" y veta la ley "respondiendo a una lógica de pensamiento muy asociada a las presiones de la Iglesia Católica".

Asimismo, denunció que con ese desconocimiento "Macri favorece el negocio del capital privado de la salud porque los abortos, aunque Macri los quiera desconocer, se hacen y de a miles, y un aborto sin riesgo cuesta en consultorios privados por arriba de 5 mil pesos".

En contraste con esos abortos que se realizan a costos elevados y a los que acceden las mujeres que pueden pagarlo, "está el mayor impacto de este veto que es sobre las mujeres de menos recursos y las más jovencitas" que, o se lo hacen en condiciones de alto riesgo a valores más bajos, o no se lo hacen y cargan con otro tipo de riesgos y traumas, aseguró Martínez.

Por su parte, Alex Freire, titular de la Fundación Buenos Aires Sida y Co-director del Instituto de Hombres contra el Machismo, consideró que "nuevamente Macri mostró la hilacha de cómo es como gobernante".

"Es el mismo que lo que ocurrió con mi casamiento, porque logró la interrupción de nuestro derecho", sostuvo en relación a su matrimonio igualitario, el primero en la Argentina que no pudo realizarse en la Ciudad de Buenos Aires y se concretó en Ushuaia.

Precisó que con la misma metodología "nos hizo una demanda penal por habernos casado, y le pidió a la justicia de Ushuaia que anule el casamiento y como no lo logró hizo una demanda en Buenos Aires por el delito de desobediencia, que por supuesto perdió".

En este sentido, dijo que "vulnera de nuevo los derechos de los ciudadanos que, en este caso es un derecho de las mujeres consagrado en el Código Penal, y lo vulnera respondiendo a sus socios y cómplices, aquellos a los que les contó recientemente que una joven violada iba a hacerse un aborto en un hospital porteño".

De este modo, aludió a "la iglesia, que de nuevo aparece obstaculizando los derechos".

"Es una persecución histórica de la iglesia; es otra forma más de quemar mujeres, de mandarlas a la hoguera, de desampararlas, de desconocerlas, esta vez bajo la forma del veto de un derecho", enfatizó tras caracterizar la mediada de Macri como "una vergüenza".

No obstante, Freire vaticinó que "por suerte ese tipo de actitudes tiene los días contados, es un derecho que se va a conquistar, tanto la legalización del aborto como la despenalización de las drogas para uso personal; son derechos que vamos a conquistar muy pronto".

Por su parte, la diputada porteña María José Lubertino sostuvo que Macri tiene "doble discurso y doble moral" ya que "habla de República y decreta el veto N°107 (de su gestión)".

"(Macri) pretende dejar vigente la reglamentación restrictiva del ex Ministro de Salud, (Jorge) Lemus, que establece la intervención de un comité de ética cuando en realidad la Corte rechazó todo procedimiento judicial en el ámbito de la salud que pueda servir de obstáculo para violentar la voluntad de las mujeres, sólo exige el consentimiento informado", explicó la legisladora.

Por otra parte, Lubertino señala que Macri "vuelve a mentir cuando dice que la ley sancionada se excede al autorizar a una adolescente de 14 años con riesgo de vida o violada a decidir no continuar con el embarazo, cuando la propia Corte no exigió autorización alguna del padre".

Asimismo, rechazó el argumento que señala a la ley vetada por no marcar un plazo a la interrupción voluntaria del embarazo: "En ningún lugar el código penal establece plazo alguno en caso de riesgo para la vida de la mujer o violación", agregó.

Por último, Lubertino definió como "cínico decir que una niña es adulta para obligarla a ser madre pero sin embargo no es adulta para que pueda decidir interrumpir ese embarazo".

Asimismo, el legislador porteño Alejandro Bodart (MST-Proyecto Sur) dijo que Macri "terminó cediendo a las presiones de la cúpula de la Iglesia Católica y al sector más conservador de su partido".

En diálogo telefónico con Télam, Bodart señaló que "en un principio, Macri había querido quedar bien con Dios y con el diablo anunciando la realización del primer aborto no punible, pero terminó cediendo a las presiones de la Iglesia y de dirigentes como Gabriela Michetti o Sergio Bergman".

Además, el legislador de MST-Proyecto Sur anunció que esta tarde presentará una acción judicial, ya que para revertir el veto por vía legislativa se necesitan 40 votos, que según Bodart son "imposibles de conseguir por la negativa del PRO".

"Es importante que se expida el Congreso Nacional, porque lo que hace Macri acá, lo están haciendo en muchas provincias", advirtió.

Finalmente, pidió "cercar el accionar de los grupos reaccionarios y no dejar este tipo de decisión en manos de los gobiernos locales".

La legisladora porteña María Elena Naddeo (Frente Progresista Popular) sostuvo que el veto puede llevar a los diputados a presentar un recurso de inconstitucionalidad, dado que esa medida "está tergiversando muchos de los párrafos textuales de la Corte Suprema de Justicia".

"Podríamos hacer una presentación judicial. Ya hay una (presentación) hecha acerca del protocolo (que regula actualmente los abortos en la Ciudad), y vamos a ver si hacemos otra similar con respecto al veto o unificamos la personería y hacemos una presentación en conjunto", afirmó Naddeo a la TV Pública.

Respecto del protocolo dispuesto durante la gestión del ex ministro de Salud de la Ciudad, Jorge Lemus, la legisladora explicó que ese documento "tiene aspectos restrictivos, que van a generar que una y otra vez se judicialicen los casos".

"Una de las limitaciones que tiene el protocolo es que además del equipo médico, que es lo que pide el fallo de la Corte Suprema, el Ministerio de Salud porteño agrega un comité interdisciplinario más la autorización del director del hospital, con lo cual se está burocratizando la cuestión" para poder abordar, señaló.

Para Naddeo, el gobierno porteño "debería haber pensado en proteger los derechos de esas personas que han sufrido una situación tan traumática como es una violación y, por lo tanto, hay que facilitar el acceso a este derecho, esta interrupción del embarazo, de la manera más ágil y sencilla posible".