La Justicia exhortó ayer a los funcionarios públicos a brindar a los ciudadanos libre acceso a la información en todo lo vinculado a sus actos y decisiones, por entender que lo contrario «es negar el acceso a la democracia».
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La decisión fue adoptada por el juez federal Ariel Lijo en una causa en la que se investigó a dos funcionarios del Organo de Control de Concesiones Viales ( OCCOVI) por el presunto delito de «omisión de deberes».
Los funcionarios fueron denunciados a fines del año pasado porque se negaron a brindar información que había sido requerida por una particular que se presentó en la mesa de entradas para tener acceso a las resoluciones del OCCOVI que no habían sido publicadas en el Boletín Oficial.
Según se informó, entre esos datos estaba el listado de personal -incluidos los directores y jerárquicos- y las remuneracionesque éstos perciben.El organismo rechazó la solicitud aduciendo que el particular no explicó para qué usaría los datos y justificó que al publicitar resoluciones no publicadas podrían vulnerarse derechos de terceros.
El hecho llegó a conocimiento del titular de la Fiscalía de Investigaciones Administrativa, Manuel Garrido, quien denunció ante la Justicia al director ejecutivo del organismo, Claudio Uberti, y a la encargada de Asuntos Legales, Paulina Segovia. El fiscal justificó su demanda en que el Reglamento de Acceso a la Información Pública del Poder Ejecutivo Nacional establece que «no puede exigirse al ciudadano requirente que consigne el motivo de la solicitud efectuada», como condición para la entrega de la información.
Lijo analizó el cuadro legal en el que se encuentra la Argentina y señaló que no existe actualmente «una normativa a nivel nacional que contemple la reglamentación del derecho de acceso a la información pública, más allá del dictado del Decreto 1.172/2003 para el Poder Ejecutivo Nacional».
Pieza clave
No obstante, estimó que «el acceso a la información es una pieza clave para el buen funcionamiento de la democracia, negar el acceso a la información pública es negar el acceso a la democracia».
Pese a sus conclusiones, el magistrado decidió sobreseer a los funcionarios por entender que no actuaron con mala intención al negar la información, sino que fueron mal asesorados.
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