Furia entre espías por un no aumento

Nilda Garré

Los espías civiles de las Fuerzas Armadas rechazaron con presentaciones en la Justicia el aumento de haberes que ya firmó Nilda Garré. Cerca de un centenar de PCI (Personal Civil de Inteligencia) de distintos servicios castrenses se presentaron a la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal e interpusieron amparos contra el decreto de aumento de sueldo que el presidente Néstor Kirchner está a punto de firmar. El decreto elaborado por Garré y sus colaboradores se encuentra en revisión en la Secretaría Legal y Técnica de la presidencia.

La controversia radica en que el proyecto de Defensa no contempla un aumento del haber sino un reajuste que se dará por suplementos no remunerativos. Ya estaban caldeados los ánimos de esos agentes porque Kirchner resolvió por Decreto Nº 1.386/06 otorgar un aumento a los PCI de la Secretaría de Inteligencia (SI) de la presidencia que alcanzó al haber básico y no había incluido al personal de Defensa ni de las Fuerzas Armadas. Las protestas tienen asidero: todos los espías del Estado son empleados públicos y están regidos bajo el mismo régimen laboral: el Estatuto de Personal Civil de Inteligencia. El estatuto se modificó y aprobó durante la presidencia de Eduardo Duhalde, cuando Miguel Angel Toma ejercía las funciones de « Señor Cinco», como se conoce al secretario de Inteligencia de la presidencia, y justamente una de las modificaciones fue eliminar la separación que había entre agentes de la SIDE (ahora, SI) y de los organismos militares.

Carlos Aguilar, titular de la Dirección de Inteligencia Estratégica Militar (DNIEM) que reporta a la ministra, es la máxima autoridad del aparato de inteligencia castrense y a él apuntan los dardos de los espías. «No puede desconocer -fue PCI de la Fuerza Aérea- que se ha violado la ley por cuanto la normativa no contempla dos regímenes distintos para cada personal sino que todos somos agentes con iguales derechos y obligaciones», protestó desde el anonimato uno de ellos.

El atajo de recomponer sueldos por la vía de sumas no remunerativas y no bonificables comenzó con los uniformados para evitar que el beneficio alcanzase a los retirados. Y disparó una catarata de juicios contra el Estado -ya hay sentencias de primera instancia a favor del reclamo- y planteos que por apelación llegarona la Corte Suprema. Las estimaciones hablan de más de 2.000 millones. Como la Ley de Solidaridad Previsional de 1995 fijó que todos los años el Presupuesto determinará qué se paga y cómo, con el tiempo se fue acumulando una bola de nieve. Así son más las nuevas sentencias que benefician a los reclamantes que las cancelaciones que se efectivizan a través del Presupuesto. Por eso el decreto promovido por Garré agrega más nieve a la pesada carga que tarde o temprano caerá sobre el bolsillo del contribuyente, eterno financista de las malas decisionesde los funcionarios públicos.

Una acción de este tipo, de todos modos, tomaría tiempo: otros gobiernos tendrán la carga de pagar la deuda. Ya le tocó a Eduardo Duhalde afrontar vía bonos públicos los juicios que plantearon los uniformados por el recorte de 13 por ciento que había implementado Domingo Cavallo.

Discriminados

La evaluación de los espías castrenses es que ellos fueron discriminados por « colateralidad» con el castigo de Kirchner a las Fuerzas Armadas. La paradoja es que la propia ministra utiliza a los PCI en inteligencia interior, actividad fuera de la ley, ¿o no hubo colección de indicios dentro de cuarteles del Ejército -Campo de Mayo y Arana- para establecer el paradero del primer desaparecido en democracia, Jorge Julio López? Si hasta el director Aguilar se movilizó en vehículos afectados a las estructuras de inteligencia castrenses y confeccionó un dossier con fotos del rastrillaje que había efectuado en las instalaciones del Regimiento de Infantería Mecanizada Nº 7 en Arana, Buenos Aires.

Pero hay otra versión macro de las angustias salariales que sufren los PCI castrenses y es la lucha por espacios en el ambiente de la inteligencia estatal. El hervidero por la recomposición vía sumas fijas llegó también a los agentes de la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal (DNIC) del Ministerio de Interior, en donde acaba de desembarcar Verónica Fernández Zagari. ¿Habrá metido la cola en el entuerto de los haberes la conducción de la SI? Con agentes mal pagos y sin caja no hay estructura que funcione. Ya se publicó en el Boletín Oficial el aumento por suplementos no remunerativos tanto al plantel de la DNIC como al de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) que comanda Marcelo Saín.