Fusilan a dos "cajeros" sindicales en dos meses
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Hugo Moyano cargó ayer en Venado Tuerto el cajón del asesinado tesorero de la Federación de Camioneros, Abel Bieroz.
A Beroiz lo acribillaron de dos balazos y dos puntazos en Rosario. A Orellana lo fusilaron de un disparo en la sien. Su cadáver apareció en Merlo dentro de una camioneta.
Y, a pesar de la negación de sus compañeros y familiares, para la Justicia en los dos sucesos se explora la hipótesis de que los crímenes tengan vinculación con la «interna» de los gremios a los que pertenecían. De manera recurrente, desde sus sindicatos niegan esas teorías.
Un elemento que detectaron los fiscales Horacio Vázquez y Mario Ferrario, de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 3 de Morón que llevan el caso Orellana fue que a la víctima no le habían quitado las pertenencias, ni siquiera la billetera o el celular.
Lo mismo ocurrió con Beroiz, a quien la habrían tratado de quitar el portafolios, pero no se llevaron ni billetera ni otros elementos. Para los investigadores rosarinos, ese modus operandi «aparece típicamente en la actividad de un asesino por encargo».
La hermana de Beroiz, Blanca Rosa, abonó la misma sospecha: «Estaba todo preparado para quitarle la vida», dijo, y negó que se hubiese tratado de un robo.
Trascendió, primero, una versión que daba cuenta de que el tesorero estaba en Rosario para concretar la compra de un sanatorio. Pero en las últimas horas surgió otra versión según la cual habría un faltante en las cuentas del gremio y Beroiz estaría tratando de determinar esa fuga.
Además de su condición de histórico -la víctima fue uno de los fundadores del Sindicato de Camioneros en Rosario-, el apellido Beroiz se extiende al gobierno: Abel Beroiz hijo es abogado y coordina el área de Asesoría Jurídica de la Administración de Programas Especiales (APE).
La APE, que comanda Juan Rinaldi, antiguo abogado de Moyano, es la oficina que distribuye compensatorios oficiales entre las obras sociales sindicales en situación financiera crítica. Beroiz hijo es quien debe fiscalizar, en el aspecto jurídico, esos procedimientos.



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